La comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP) de Guanajuato, Mariela del Carmen Huerta Guerrero, informó que la continuidad o desaparición de dicho organismo será determinada una vez que se concrete la armonización de las nuevas leyes en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Con la reciente reforma en este ámbito, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno será la instancia encargada de asumir las funciones que hasta ahora realizaba el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Ante este cambio, Huerta Guerrero precisó que el Poder Ejecutivo y el Legislativo del estado definirán el futuro del IACIP luego de que las leyes secundarias sean implementadas.
"Una vez que se armonice, si dentro de este término o plazo legal se tendría que transitar a la nueva institución según corresponda, habrá que esperar el proceso legislativo para ello. Los derechos subsisten y están garantizados; el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales es muy claro en la reforma: estos derechos no se extinguen", subrayó.
La comisionada también destacó que la desaparición del INAI no implica la eliminación del derecho ciudadano al acceso a la información ni a la protección de datos personales. En este sentido, aseguró que el IACIP continúa trabajando de manera normal y recalcó que todos los sujetos obligados deben cumplir con sus deberes en materia de transparencia.
"Es importante señalar que el Instituto no se ha extinguido; estamos trabajando y todos los sujetos obligados deben atender sus obligaciones en materia de transparencia. Las solicitudes de información deben contestarse en un plazo de cinco días, con una prórroga extraordinaria de tres días en casos excepcionales. Nosotros seguimos trabajando y damos un seguimiento puntual a cada caso", explicó Huerta Guerrero.
Por último, enfatizó que mientras se realiza la implementación de las leyes secundarias, el IACIP continuará operando con normalidad para garantizar los derechos de acceso a la información y protección de datos de la ciudadanía. Su destino final dependerá del proceso de armonización legislativa que llevará a cabo el estado.
