Aseguran diputados morenistas que coincide Secretaría de Seguridad y Paz con su partido en estrategia de combate al crimen al integrar una visión de atención a las causas

Las diputadas y los diputados de Morena manifestaron la preocupación existente por la creciente violencia en el estado y denunciaron la falta de resultados efectivos en materia de seguridad, pese a las estrategias y programas mencionados en el Informe 2024-2025.
Política25 de marzo de 2025 Redacción
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El Grupo Parlamentario de Morena tras la comparecencia del secretario de Seguridad y Paz del Gobierno del Estado, Juan Mauro González Martínez, en el ejercicio de glosa del primer informe de Libia Dennise García Muñoz Ledo, aseguró que la dependencia coincide con la visión de MORENA: "pues no solamente se requieren balazos, el asunto de la seguridad se da en un contexto económico y social; de ahí la frase certera del expresidente López Obrador: Abrazos, no balazos”.

Como parte de los trabajos de análisis de la glosa del Informe del Gobierno del Estado, las diputadas y diputados de Morena participaron con diversos cuestionamientos en el eje “Guanajuato es tranquilidad” donde comparecieron las instancias de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y Paz y la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.

Las diputadas y los diputados de Morena manifestaron la preocupación existente por la creciente violencia en el estado y denunciaron la falta de resultados efectivos en materia de seguridad, pese a las estrategias y programas mencionados en el Informe 2024-2025.

A lo largo de la sesión de rondas de preguntas, quedó claro que los funcionarios comparecientes evadieron varias preguntas y limitaron sus respuestas a datos superficiales; en algunos casos, simplemente no respondieron; como ya ha sido práctica vista en anteriores ejercicios.

El diputado Antonio Chaurand Sorzano, planteó tres preguntas concretas: pidió cifras sobre funcionarios señalados por corrupción, cuestionó la reducción de apoyos en el programa “Tarjeta Rosa” y pidió explicaciones sobre la desaparición de la Secretaría del Migrante. Ninguna de estas preguntas fue respondida, dejando sin aclarar temas sensibles de gasto público y programas sociales.

La diputada Plásida Calzada Velázquez, cuestionó a los funcionarios por la realidad diaria que viven las y los guanajuatenses, señalando que la supuesta paz que presume el gobierno del estado no existe.

Preguntó por qué Guanajuato vive una violencia imparable, cuáles son las condiciones en que fueron localizadas las personas desaparecidas y qué acciones se han tomado en municipios con comunidades indígenas para evitar violaciones a derechos humanos. Las respuestas lejos de ser puntuales y reconocer las deficiencias que existen en los resultados ante la población, fueron evasivas y se centraron en justificaciones como el robo de combustible, sin atender las preguntas específicas.

La diputada Miriam Reyes Carmona, puso en la mesa la grave situación de violencia contra la infancia y cuestionó las acciones reales del gobierno estatal para garantizar la atención que se requiere desde el estado de fuerza en Guanajuato, toda vez que de acuerdo a lo informado vuelve una vez más a disminuir el número de efectivos.
Las respuestas se limitaron a cifras aisladas de atención, sin explicar cómo se evalúa la efectividad de las políticas ni si estas han reducido la violencia estructural.

El diputado Ernesto Millán Soberanes, cuestionó la asistencia de la gobernadora y del exgobernador a las mesas de seguridad, y solicitó cifras claras. No obtuvo respuesta a esta pregunta y se evitó responder con precisión. Pidió avances sobre la construcción del Instituto de Formación en Seguridad Pública, y se le informó que el avance es de apenas 10%, con una fecha estimada de operación hasta 2026, sin certeza.

El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor habló sobre el aumento de homicidios dolosos, extorsiones, robos y criticó que Guanajuato supere en violencia a entidades con mayor población.

Además, cuestionó por qué no se ha incrementado el número de policías, y por qué ya nadie quiere ser policía en el estado. Además, preguntó cómo garantizarán que el instituto de seguridad esté listo para 2026. Las respuestas fueron limitadas, sin asumir responsabilidad ni ofrecer acciones claras.

El diputado Ricardo Ferro Baeza exigió explicaciones sobre la ineficacia de la estrategia de seguridad, a pesar del incremento presupuestal. Preguntó por las causas del aumento de homicidios en San Miguel de Allende y qué acciones inmediatas se tomarán para revertir la violencia. 
No se explicó el motivo del aumento de delitos y tampoco se presentó una estrategia real y efectiva, más allá de cifras generales de operativos.

La diputada Jenny García Oliveros criticó la falta de resultados del programa “Confía” y la escasa prevención de delitos. Preguntó cuántas carpetas de investigación se han resuelto, qué acciones se han tomado ante extorsiones, qué capacitación tienen los policías y si las autoridades están satisfechas con los resultados obtenidos. No se dieron cifras de resultados, y ante la falta de claridad, la diputada solicitó respuesta por escrito.

En su oportunidad la diputada Maribel Aguilar González abordó la violencia de género y pidió datos concretos sobre las llamadas a la línea 075. Preguntó cuántas de esas llamadas derivaron en órdenes de protección o acciones efectivas. No se le respondió, y tampoco se explicó cómo se da seguimiento a las víctimas ni qué impacto ha tenido la capacitación policial.

Finalmente, el diputado David Martínez señaló la coincidencia con el gobierno al reconocer que la seguridad no se resuelve solo con balazos, y citó: “de ahí la frase certera del presidente López Obrador de Abrazos, No Balazos… si no hay desarrollo social, no hay seguridad”. También cuestionó la inequidad laboral en Guanajuato y preguntó si se han fortalecido las inspecciones para verificar el cumplimiento de los salarios mínimos.

En respuesta, el Comisionado Rochín aseguró que los recursos para la atención a víctimas están garantizados y que, en 2024, el presupuesto se amplió a 163 millones de pesos. Sobre la salud de personas buscadoras, indicó que se brinda atención inmediata, incluso en instituciones privadas.

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