Estrictamente Personal. Fiscal al rescate

El fiscal Alejandro Gertz Manero llegó ayer al rescate de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su gobierno, que desde el viernes había entrado en una espiral descendente al haberles arrebatado la narrativa y la agenda un criminal, Ismael El Mayo Zambada. En respuesta al chantaje del exlíder del Cártel de Sinaloa para que intervinieran y lo repatriaran, pues de lo contrario provocaría un colapso en la relación bilateral con Estados Unidos, Gertz Manero llegó a poner orden en la mañanera: lo que está pidiendo, ya lo hizo el gobierno mexicano. Su petición era extemporánea. Así extrajo a la presidenta del dilema en que se había metido: ¿defender a un criminal? ¿Abandonar a su suerte a un ciudadano mexicano en el extranjero?

Getz Manero dio a conocer algo que no conocía Zambada, ni los mexicanos, ni aparentemente la presidenta: las cuatro ocasiones en que le pidió al gobierno del presidente Joe Biden que lo extraditara. No tuvo respuesta de Washington, pero el procedimiento constitucional sí lo cumplió. ¿Nadie le dijo a Sheinbaum lo que había hecho la Fiscalía General? O ¿no reaccionó adecuadamente para atajar la pregunta y matar mediática y políticamente el embrollo en que la había metido la carta de Zambada donde dejó clara su presión al gobierno mexicano?

La petición reiterada de extradición fue la novedad en la mañanera, que por lo demás reiteró lo que ya había explicado desde octubre, que Zambada fue secuestrado en territorio mexicano y llevado bajo coerción a Estados Unidos, donde fue entregado a las autoridades. Gertz Manero recordó que es un caso similar al del doctor Humberto Álvarez Machain, que fue secuestrado en 1990 por cazarrecompensas, que se lo entregaron a la DEA en El Paso, Texas, curiosamente en donde también pusieron a Zambada a disposición de las autoridades. En el episodio de Álvarez Machain hubo una protesta oficial y sonora del gobierno de Carlos Salinas; en esta, el silencio ha sido el puente transexenal.

Zambada, de acuerdo con la versión de Gertz Manero, fue secuestrado por su ahijado Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, que en contubernio con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lo engañó con una supuesta reunión con el exdiputado federal Héctor Melesio Cuén en un fraccionamiento en Culiacán y lo llevó a un aeródromo con pista de tierra –que se suponía estaba bajo el resguardo del Ejército–, donde lo subió a un avión y se lo llevó a Estados Unidos.

El secuestro fue el 25 de julio, que dejó atónito al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual se agravó dos semanas después con la primera carta de Zambada el 10 de agosto, donde imputaba a Rocha Moya. Dos días después, la Fiscalía General abrió una investigación acusando a los dos de posibles delitos de vuelo ilícito, uso ilícito de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y aduanera, además de homicidio y privación de la libertad. López Obrador paró todo lo que afectara a Rocha Moya y ayer Gertz Manero solo habló del delito de traición en contra de Guzmán López, sin mencionar que, como con Zambada, solicitó su extradición para ser juzgado en México por ese delito.

Pero, para efectos de primer impacto, el fiscal se llevó la mañana. Si la primera carta de Zambada noqueó a López Obrador, la segunda le quitó el piso al gobierno de Sheinbaum. Su aparición en Palacio Nacional le volvió a poner una base al régimen y frenó su caída libre. La presidenta Sheinbaum no tuvo la energía retórica el viernes pasado para responder a bote pronto la carta que entregaron los abogados de Zambada el día anterior en el consulado de México en Nueva York, donde amenazaba a su gobierno con provocar un conflicto con Estados Unidos si no tomaban su caso de repatriación.

Sus ambigüedades y falta de firmeza en las respuestas propiciaron que creciera la percepción en la opinión pública y las redes sociales de que estaba protegiendo a Zambada. No hubo ningún elemento objetivo que permitiera llegar a esa conclusión, pero la fuerza de las percepciones pasó sobre ella. Contribuyó negativamente que brotara información de que uno de los abogados de Zambada está muy vinculado a varias personalidades de Morena, y que entre las fotografías que también vieron salida pública, estuviera una de ella saludándolo durante una serie de actos oficiales en varios lados, que profundizó la crisis de comunicación política hasta la mañana del martes.

Gertz Manero la frenó, pero es efímero. Aportó soporte legal para atajar la demanda de Zambada, pero quedan abiertos otros agravios y no neutraliza futuras acciones del narcotraficante. Tampoco neutraliza al cerebro que está detrás de las comunicaciones públicas del exlíder del Cártel de Sinaloa, que ha logrado que las cartas tengan una difusión mundial. Se mantiene el desdén del gobierno de Estados Unidos con México, y hasta hoy no le ha informado cómo se ejecutó el secuestro de Zambada. Contra la versión del fiscal, la del gobierno estadounidense es que la ejecutó el FBI y la Oficina de Investigaciones, del Departamento de Seguridad Interna, que combate al terrorismo a nivel mundial.

Parte intrínseca de ese desprecio fue cuando ofrecieron al gobierno de López Obrador información de la captura. Una decena de ministerios públicos que acompañaron al director de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía, Felipe de Jesús Gallo, a El Paso, fueron retenidos en un salón por horas, mientras que a su jefe lo llevaron a recibir datos adicionales, muy pocos, sobre la operación.

El potencial de problemas futuros para Sheinbaum y su gobierno no para ahí. En algún momento vendrá la tercera respuesta de Zambada. Gertz Manero le puso un freno, pero no lo detendrá. La primera carta tuvo como propósito denunciar a Rocha Moya, y la segunda se dio en el contexto de la fotografía del gobernador con Andrés López Beltrán, secretario de Organización de Morena, entregándole su credencial de militante, respaldando abiertamente a quien considera que lo traicionó. La segunda amplió el abanico de imputaciones a funcionarios y políticos de alto nivel.

Siguiendo la lógica, la tercera elevará el costo para el gobierno y para México.