La forma apresurada para exonerar al general Salvador Cienfuegos y la consecuencia de romper la cooperación en materia de seguridad por parte de López Obrador solo añadieron sospechas al Estado mexicano.
Opinión12 de febrero de 2025 Raymundo Riva Palacio
La mañanera del lunes pasado nos trajo un diálogo ríspido entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Dalila Escobar, una aguerrida reportera de Proceso con una conducta profesional consistente desde hace tres sexenios, en torno al general Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional que fue uno de los invitados de honor a la ceremonia de la Marcha de la Lealtad. La reportera no la dejó escabullirse al pasado, salida fácil para desviar la atención al ojo ajeno, y entraron en dimes y diretes sobre los pormenores de una mala experiencia del general, donde la Presidenta mintió.
No es cierto, como le precisó Escobar, que el general Cienfuegos fuera exonerado por el gobierno de Estados Unidos de la acusación por delitos relacionados con el narcotráfico, que provocaron su detención en Los Ángeles en octubre de 2020. Casi un mes después fue liberado, pero no eximido de culpa alguna, en el supuesto de que en México se haría una investigación. Los fiscales del Departamento de Justicia dijeron que se sostenían en la investigación que llevó a la captura de Cienfuegos, pero aceptaron el acuerdo político entre los dos gobiernos, derivado del interés, señaló el procurador William Barr, de “preservar la colaboración… en la lucha contra el narcotráfico”.
La investigación de la Fiscalía General, que lo encontró inocente de todo, duró un mes, y el expresidente Andrés Manuel López Obrador canceló la cooperación con la DEA y la colaboración en seguridad. La acusación contra el general, para quienes analizaron las imputaciones, no se sostenía. No tenía pruebas sólidas, ni evidencias y, menos aún, lógica. Se sostenía únicamente en los dichos de testigos protegidos. Cuando Sheinbaum se fue al pasado para echar candela al expresidente Felipe Calderón y a su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, Escobar la volvió a detener. “Hubo testigos o colaboradores que lo señalaron a él; (y) también señalaron al general Salvador Cienfuegos”, atajó la reportera.
A diferencia del general, donde el Estado mexicano salió en su defensa, el mismo Estado quemaba todas las semanas a García Luna, condenado a 38 años de prisión a partir de dichos de testigos colaboradores, la mayoría de ellos que fueron capturados por él, algunos que ni siquiera lo conocían y otros cuyas mentiras incluyeron un edificio que dijo haberlo conocido cuando no existía y un programa para espiar que juró que se lo ofreció dos años antes de haberse inventado. La forma como actuó López Obrador en esos casos fue antagónica, pero esa dualidad alimentada por sus objetivos políticos es hoy un riesgo para él y muchos más porque el Donald Trump del segundo periodo es un bicho totalmente diferente a aquél con quien trató en el primero.
La primera vez que Trump estuvo en la Casa Blanca, su única prioridad con México era la migración. Hoy sigue siendo un componente de sus necesidades políticas y estratégicas, pero intrínsecamente vinculado al narcotráfico, el fentanilo y a China, pero con la certeza en él y en su gabinete de que a México lo gobiernan, en amplias franjas de su territorio, los cárteles de la droga. Lo que sucedió con el general Cienfuegos y García Luna no es una anécdota o un martillo permanente contra los adversarios del obradorismo, sino el recordatorio de lo que puede venir. Los testigos protegidos nunca fueron anulados y hoy podrían ser piezas centrales para una reedición de la Casandra griega.
En expedientes e investigaciones en Estados Unidos se encuentran acusaciones de testigos protegidos y evidencias electrónicas y telefónicas de un importante número de políticos de Morena. Señalados como presuntos culpables o imputados figuran cuatro miembros del gabinete de la presidenta Sheinbaum, al menos seis gobernadores en funciones, dos exdirigentes del partido, además de López Obrador y su entorno familiar. La mayoría de ellos y ellas han sido señalados únicamente por testigos protegidos y, en al menos tres miembros del gabinete y dos gobernadores, los señalamientos son más sólidos que los que se emplearon para detener al general Cienfuegos o para condenar a García Luna.
Haber dejado vivos a los testigos como testigos por la ofuscación de López Obrador contra Calderón, sin haber separado su vendetta de otros casos, es un búmeran en riesgo de regresar. La forma apresurada para exonerar al general Cienfuegos y la consecuencia de romper la cooperación en materia de seguridad solo añadieron sospechas al Estado mexicano.
La batería de testigos que tiene a su disposición el Departamento de Justicia incluye a quienes testificaron en los juicios de García Luna y Joaquín El Chapo Guzmán, al exfiscal de Nayarit Édgar Veytia, que declaró contra el exsecretario de Seguridad y era parte de la estructura de los hermanos Beltrán Leyva, desde que uno de sus matones inculpó al general Cienfuegos, además de Ismael El Mayo Zambada, el exjefe del Cártel de Sinaloa, y de los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán, que están en negociaciones con los fiscales en Brooklyn y Chicago para afinar los términos en los que estarían dispuestos a colaborar y a declarar. En todos estos casos, ¿cuáles serían los incentivos de no hacerlo?
El intercambio que sostuvieron Sheinbaum y Escobar tuvo secuela el martes, como lo ofreció la presidenta. El fiscal general Alejandro Gertz Manero negó que el desistimiento de cargos por narcotráfico en contra del general Cienfuegos hubiera sido a petición del gobierno mexicano. Dice verdades con mentiras. El Departamento de Justicia no se desistió –de hecho, la posición oficial es la contraria–, el gobierno mexicano tampoco lo pidió, y Washington optó por el silencio público ante los resultados de su investigación. Nunca eliminaron la credibilidad de los testigos protegidos.
La negación del gobierno es monumental. El lunes fue la presidenta Sheinbaum, que ayer optó por no declarar nada, y este martes fueron Gertz Manero y Marcelo Ebrard, quien, como canciller en ese entonces, expuso a Barr las consecuencias de no entregar al general, al respaldar la versión del fiscal. Si no ven, no piensan, ni actúan y se preparan. Están a merced de Trump, de su gabinete que odia a México y de que sea la Santísima Trinidad la que los proteja.
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