Con el objeto de disminuir la brecha tecnológica que existe en la población y de manera general en los adultos mayores, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática formularon una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato.
Política11 de octubre de 2024 Redacciòn
Con el objeto de disminuir la brecha tecnológica que existe en la población y de manera general en los adultos mayores, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática formularon una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato.
En su exposición de motivos, la diputada Ana María Esquivel Arrona se refirió a cómo la pandemia provocada por la COVID 19 evidenció quién contaba con tecnologías de la información y quién solamente tenía lo indispensable para su vida diaria. Asimismo, dijo que las personas que no nacieron en la era digital o su conocimiento era vago o nulo, se ubicaron en desventaja.
Apuntó que como resultado de la pandemia se desarrollaron exponencialmente las tecnologías de la información, el uso del internet y de los dispositivos digitales con el desarrollo de plataformas para todo tipo de actividades: trámites bancarios, pago de servicios, compra de despensa y alimentos, y hasta el acceso a las vacunas que exigían un registro vía remota; o a través del uso de internet.
En ese sentido, indicó que se genera una brecha tecnológica entre los que nacieron en la época digital, los que tienen acceso a tecnologías de la información y quienes no, y más en las personas adultas mayores, quienes podrían no haber tenido acceso a herramientas digitales.
Esquivel Arrona precisó que se estima que en México hay alrededor de 15.1 millones de personas mayores de 60 años que representan 12 por ciento de la población total, siendo el grupo de edad que menos usa internet.
“La población adulta mayor presenta desigualdades históricas múltiples; como es las personas que no saben leer ni escribir, hombres y mujeres que habitan en comunidades marginadas, trabajadoras domésticas que han requerido una pronta adaptación a cambios en el uso de servicios y demás personas que tienen la tarea de adquirir un dispositivo inteligente o una computadora con conectividad para realizar trámites digitales, lo cual podría representar desafíos”, manifestó.
La legisladora añadió que la propuesta busca poder contar con un marco jurídico que les permita impulsar los esfuerzos de la autoridad con acciones específicas con todos los adultos mayores y, con ello, abatir la brecha tecnológica con dicho grupo, por lo que se hacía necesario establecer acciones o programas para la atención de ese grupo etario y utilizar la infraestructura existente que tiene el gobierno estatal y los municipios a fin de que sean la plataforma para iniciar e instrumentar dicha acción.
La iniciativa busca establecer que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado tendrá entre sus atribuciones promover el acceso y utilización adecuadas de las tecnologías de información y comunicación, a través de la capacitación de habilidades digitales a las personas adultas mayores.
De igual manera, que las autoridades municipales en materia de derechos de las personas adultas mayores tendrán entre sus facultades coordinarse con las demás autoridades para la promoción en el acceso y utilización adecuado, de las tecnologías de información y comunicación, a través de la capacitación de habilidades digitales.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.
En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
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En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.