La ministra insistió en que juntos, el poder Legislativo y el Judicial pueden hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita
Política08 de septiembre de 2024 Redacción
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, puso sobre la mesa una propuesta alterna de reforma al Poder Judicial, que aseguró, permitirá lograr un sistema integral de seguridad pública y justicia en México.
“Esta propuesta parte de un ejercicio amplio de escucha y diálogo con todos los actores de los sistemas de Seguridad y Justicia federal y locales, así como con legisladores, organizaciones de la sociedad civil, academias, estudiantes y víctimas de violencia”, expresó.
La ministra puntualizó que se trata de un documento que se hará público en la página de la Suprema Corte, resultado de un amplio diagnóstico que integra las necesidades reales, tanto de quienes tienen a su cargo funciones de Seguridad y Justicia, como de quienes interactúan con ellos.
Asimismo, explicó que se hará público un segundo documento que surge desde la judicatura: “En un proceso reflexivo y autocrítico de las jueces y jueces federales, magistradas y magistrados federales, así como personal de los órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicias locales, cuyo objetivo es aportar a la discusión sobre la reforma judicial desde la experiencia directa de quienes imparten justicia”.
Detalló que ambas propuestas coinciden con las múltiples recomendaciones y decisiones que han dirigido al Estado mexicano organismos internacionales e interamericanos de los Derechos Humanos, así como organizaciones de la sociedad civil.
“Hoy todavía es posible, por eso una vez más hago de frente un llamado respetuoso pero firme a las y los legisladores y a todas las autoridades de los sistemas de Seguridad y Justicia que podemos cambiar las cosas. Debemos escucharnos entre poderes de la unión, escuchemos a las víctimas de violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos, escuchemos a los organismos de Justicia internacional, a los estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un país en paz”
Piña Hernández advirtió que la demolición del poder judicial no es la vía, como se pretende hacer mediante la reforma al Poder Judicial, por lo que insistió en que juntos, el poder Legislativo y el Judicial pueden dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita.
“Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de Seguridad y Justicia en el país son culpa de los jueces, quienes así lo crean no conocen México. Desde el Poder Judicial Federal les decimos honestamente que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente, nuestra convicción y compromiso va más allá de nosotros, es con las generaciones que vienen y fundamentalmente con el país que todos anhelamos”, concluyó.
En el mensaje, la ministra presidenta estuvo acompañada del consejero Sergio Javier Molina Martínez, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, el ministro Luis María Aguilar Morales, la consejera Lilia Mónica López Benítez y el consejero José Alfonso Montalvo Martínez.
En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
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Este viernes, en sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron los dictámenes de las iniciativas de decreto suscritas por la gobernadora del estado a efecto de que se le autorice al Poder Ejecutivo la contratación de financiamientos. El primero por 4 mil millones de pesos para financiar el proyecto denominado Acueducto Solís-León; el segundo, por la misma cantidad para financiar proyectos estatales de inversión pública productiva. El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.
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