La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad contra el decreto con el que se creó el Fondo de Pensiones del Bienestar.
Dicha acción de inconstitucionalidad, presentada por legisladores del PAN, PRI y PRD en mayo pasado, busca evitar que el Ejecutivo federal se haga del control de al menos 40 mil millones de pesos de cuentas de afore inactivas. Igualmente, están contempladas las utilidades del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y del Tren Maya, además de los ingresos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
“Vistos el escrito y anexos de quienes se ostentan como Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión, mediante los cuales promueven acción de inconstitucionalidad. Se tiene por presentados a los promoventes con la personalidad que ostentan, y se admite a trámite la acción de inconstitucionalidad que hacen valer. Se habilitan días y horas que se requieran para llevar a cabo la notificación de este proveído”, se publicó este martes en la lista de notificaciones de la Suprema Corte de Justicia.
Los legisladores consideraron que el Fondo de Pensiones es un acto inconstitucional bajo los preceptos del artículo 14 de la Constitución y el 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde es mencionado que nadie podrá ser privado de sus propiedades, sino mediante un juicio.
El decreto impuganado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado martes 30 de abril por el Ejecutivo Federal, con previa aprobación en el Congreso de la Unión.
La aprobación de este Fondo de Pensiones del Bienestar fue polémica tanto en la Cámara de Diputados, así como en la Cámara de Senadores, luego del rechazo del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, quienes la tacharon de "un atraco" al ahorro de las personas de más de 70 años.
