Rinden protesta personas elegidas al cargo de consejeros del Consejo Consultivo PRODHEG y titular del Órgano Control de la Fiscalía General estatal

Este jueves, rindieron protesta Carmen María López Santillana y Juan Francisco Rocha Ruenes, al cargo de consejera y consejero del Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; así como Adriana de Santiago Álvarez, como titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Como parte del orden del día, se hizo la declaratoria de la Minuta Proyecto de Decreto aprobada por la LXV Legislatura, el 11 de abril del año en curso, en materia de derecho alimentario.

Además, se aprobaron ocho dictámenes relativos a las iniciativas formuladas por el gobernador del estado, a efecto de autorizar, previa desafectación del dominio público del Estado, la enajenación mediante la figura de donación de diversos bienes inmuebles.

De seis bienes inmuebles en favor del municipio de Irapuato para destinarlos al funcionamiento de oficinas de direcciones municipales; a la obra pública denominada «Urbanización de la calle Camino a la Virgen, tramo: Boulevard Téllez Cruces-Acceso a la UCOPI»; a la «Escuela de Enfermería DIF Irapuato»; al funcionamiento y operación del pozo 119, utilizado por la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de dicho municipio; a la ejecución de la obra denominada «Proyecto Geométrico del Boulevard Villas, en el tramo del acceso a la Comunidad del Nido a la intersección del Camino a Cuchicuato con la vialidad Paseo del Altiplanicie del Fraccionamiento Villas de Irapuato, ambos cuerpos»; y a la ejecución de la obra denominada «Puente vehicular sobre la carretera federal 45-D, en el acceso al INFORUM».

De igual manera, de dos bienes inmuebles en favor del municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional para destinarlos a la construcción y desarrollo del proyecto de una plaza pública y a vialidades del municipio.

También, se avalaron los dictámenes de tres propuestas legales en los cuales se ordena su archivo definitivo. Se trata de dos iniciativas de reforma a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato que buscaban fortalecer el proceso de adquisiciones, a fin de asegurar que los procesos de compra favorezcan las mejores condiciones de contratación para el sector público; y fortificar los mecanismos para otorgar idoneidad y transparencia a los procedimientos de contrataciones públicas en la entidad; así como un punto de acuerdo que pretendía exhortar a la titular de la Tesorería Municipal, al titular de la Dirección de Ingresos y al titular de Catastro, todos del municipio de Guanajuato, para que se apegaran a derecho los procedimientos jurídico-administrativos del cobro del predial a la ciudadanía guanajuatense.

El diputado Cuauhtémoc Becerra González y la diputada Yulma Rocha Aguilar hablaron en contra del archivo del primer dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Contrataciones Públicas, presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Becerra González expresó que la propuesta fomentaría la competitividad en los procesos de competiciones, condiciones más favorables de contratación, además de aportar elementos importantes para hacer valer los principios de transparencia y la lucha contra la corrupción.

Agregó que la iniciativa que se buscaba archivar por supuestas inconsistencias y por los costos presupuestarios que implicaría la creación de un sistema de evaluación, puede ser atendida y mejorada, tomando en cuenta que la corrupción y la ineficiencia en el uso de los recursos públicos resultan más costosos que cualquier gasto que se pudiera tener la creación de dicho sistema de evaluación.

En su intervención, la legisladora Yulma Rocha Aguilar indicó que lo que se busca desechar es una iniciativa para generar un sistema de evaluación de proveedores para calificar su desempeño, conocer sus finanzas, saber la experiencia de las empresas o proveedores, mismo que favorece los principios de la constante búsqueda de la transparencia en los procesos de decisión gubernamental, junto a ir contribuyendo a la erradicación de la corrupción y encaminar el uso correcto de los recursos públicos.

Comentó que toda iniciativa es perfectible y más si tiene su origen en inquietudes de la ciudadanía, lo que genera una observancia a la resistencia que tiene el gobierno actual de transparentar e impulsar herramientas y mecanismos anticorrupción y, con ello, evaluar el desempeño de los proveedores para tener mejores medidas en la adquisición de servicios o proveedores.

Por su parte, el congresista Alejandro Arias Ávila se pronunció en contra del segundo dictamen relativo a la misma norma jurídica sobre la iniciativa propuesta por su grupo parlamentario. Al respecto manifestó que en el país, las adquisiciones gubernamentales siempre han sido de interés para la opinión pública por ser en estas áreas de gobierno donde se debe tener especial cuidado en cumplir con los principios constitucionales referentes a la administración de los recursos públicos.

Resaltó que a pesar de que en los instrumentos normativos se establecen mecanismos de control, para garantizar la transparencia, la competencia y la libre concurrencia, dentro de cada proceso, los mismos no son infalibles y deben estar en constante evolución para ir cerrando la brecha que facilite el incumplimiento de los preceptos constitucionales sobre el uso de los recursos públicos.

Finalmente, comentó que la propuesta buscaba impedir que se contraten empresas cuya actividad u objeto social no se relacione con la naturaleza de la adquisición y que dentro de las adquisiciones no se soliciten requisitos o características exclusivos, que puedan descartar injustificadamente ciertas propuestas.

Otras aprobaciones

Se aprobó la designación de Edna Jessica Muñoz Escoto y Luis Gabriel Borja Rodríguez como magistrada y magistrado propietarios, respectivamente, en materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, quienes ocuparán su cargo por el término de siete años a partir del momento en que rindan protesta.

Se avaló la modificación de la integración de las siguientes comisiones legislativas:

Gobernación y Puntos Constitucionales

Vocalía: Dip. Gerardo Fernández González.

Seguridad Pública y Comunicaciones

Vocalía: Dip. Gerardo Fernández González.

Fomento Agropecuario

Secretaría: Dip. Martha Lourdes Ortega Roque

Comisión Especial para dar Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030

Vocalía: Dip. Martha Lourdes Ortega Roque

Turnos

A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se turnaron los expedientes que contienen propuestas para la renovación del Consejo Estatal Ciudadano en materia de búsqueda de personas del Estado de Guanajuato.

Mientras que a la Comisión de Justicia se remitieron tanto la propuesta en terna formulada por el gobernador del estado, relativa a la designación de un consejero del Poder Judicial del Estado de Guanajuato e integrada por Eduardo López Mares, Fernando Martínez Saldívar y Raúl Núñez Durán; como las propuestas relativas a los nombramientos de magistrado y magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa estatal cuyos nombres son Vicente de Jesús Esqueda Méndez, Diana Arce Romero y Elvia Oralia del Pilar Durán Isaís.

Asuntos generales

Al hacer uso de la voz, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillos indicó que no ha existido una comparecencia del fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, cuando se ha exigido por parte de varias fuerzas políticas que rinda cuentas al Congreso del Estado. En una segunda intervención habló sobre el uso de la fuerza indebida por parte de elementos de seguridad estatal a los integrantes de la comunidad de Lo de Juárez.

En su participación, la congresista Rafaela Fuentes Rivas se refirió al impacto de los tratamientos estéticos en la autoestima de las personas, al incremento en la solicitud por parte de la sociedad y el crecimiento en la oferta de servicios; así como en la importancia de supervisar a quienes brindan dicha atención.

Por su parte, la legisladora Dessire Angel Rocha se refirió a que la estrategia de alerta de género en la entidad se le asignaron aproximadamente dos millones de pesos. Habló sobre las situaciones de violencia que sufren las mujeres y diversas estadísticas en la materia, e instó a las personas servidoras públicas a reflexionar sobre el tema, subrayando que se trata más que un tema de discursos, presupuestal.

Finalmente, el congresista Gerardo Fernández González calificó de manera negativa la propuesta de Eduardo López Mares como parte de la terna para la designación del consejero del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.