El Gobierno elige a la responsable de la unidad especializada en Delitos de Desaparición de la Fiscalía General para afrontar la crisis de más de 133.000 desaparecidos.
Política12 de septiembre de 2025 Redacción
El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha elegido a la abogada veracruzana Martha Lidia Pérez Gumercindo como la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). La funcionaria, que estaba a la cabeza de la unidad especializada en Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República (FGR), deberá afrontar una crisis que acumula ya más de 133.000 desaparecidos en México. Su llegada al cargo se da tras la salida de Teresa Guadalupe Reyes, cuya gestión fue muy criticada por las asociaciones de búsqueda y los organismos de derechos humanos.
Gumercindo fue uno de los cinco perfiles, junto a Hermilo de Jesús Lares (ministerio público de la Fiscalía de Jalisco), Javier Ignacio Díaz (perito y extitular de la Comisión de Búsqueda de Sonora), María Mercedes Pascual (psicóloga y trabajadora de la Fiscalía de Jalisco) y Marisol Berenice Salgado (extitular de la Comisión de Busqueda del Estado de México), que la Secretaría de Gobernación seleccionó tras una serie de entrevistas y envió a la presidenta para que ella eligiera.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, ha afirmado este jueves que el perfil de Gumercindo cuenta con “sensibilidad, empatía, amplio conocimiento jurídico y de operatividad”. La funcionaria también ha señalado que esta designación responde a la instrucción de Sheinbaum de atender como una prioridad la crisis de desapariciones en el país.
La nueva titular de la CNB ya estuvo al frente de la unidad de atención de personas desaparecidas de la Fiscalía de Veracruz. De ahí tuvo que salir en 2020 por sus confrontaciones con organizaciones y colectivos de búsqueda del Estado. Sin embargo, este jueves la buscadora Cecilia Flores, de Sonora, ha remarcado el trabajo de la funcionaria: “No solo tiene la empatía que necesita el cargo, también es una mujer brillante que lleva años documentando el fenómeno de las desapariciones en todo el país y por fin se logrará lo que tanto pedimos: juntar la investigación con la búsqueda”.
Desde la renuncia de Karla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda, en 2023, la institución arrastra su propia crisis de legitimidad. La llegada de Reyes, que no contaba con los requisitos técnicos de experiencia en el campo, abrió una nueva brecha entre el Gobierno y las familias, que siguen buscando sin apoyo de las autoridades.
El lastre de la crisis de desaparecidos golpea al Gobierno cada tanto. La última vez, este año, fue con la localización del rancho de Teuchitlán, donde el hallazgo de miles de prendas y objetos personales reveló la profunda angustia de decenas de miles de familias en el país, que no reciben pistas ni avances sobre sus desaparecidos. La noticia creció tanto que obligó a Sheinbaum a poner durante unos días las desapariciones en la primera línea política. La presidenta anunció una nueva legislación, acercamiento a los colectivos de buscadoras y reactivación de dependencias del Gobierno que fueron degradadas por su predecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador.
En este nuevo marco narrativo, la presidenta también decidió abrir la convocatoria para elegir al próximo titular de la CNB. Los colectivos de búsqueda pedían que, esta vez, por primera vez, fueran una madre o un padre buscador quien encabezara la institución, ya que era ellos quienes tenían la experiencia en campo y compartían el dolor.
Rosa Icela Rodríguez ha dicho este jueves que recibieron solicitud de más de 1.000 aspirantes, de los cuales 25 llegaron a reunirse en la Secretaría de Gobernación y cinco fueron finalmente propuestos a Sheinbaum. Durante las entrevistas en la Segob, los candidatos explicaron sus planes para implementar protocolos homologados y medidas para fortalecer la coordinación con fiscalías especializadas en desaparición, entre otras acciones, ha detallado Rodríguez.
En México hay reconocidas por el Gobierno 133.000 personas sin localizar, más de 5.600 fosas clandestinas, una crisis forense que llega a 72.000 cuerpos sin identificar y una impunidad para el delito de desaparición del 99%. Todos estos datos llevaron en abril al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU a activar por primera vez en su historia un mecanismo —recogido en el artículo 24— para poder llevar el tema con carácter urgente hasta la Asamblea General de Naciones Unidas. Este comité lleva 10 años pidiendo de forma constante al Estado mexicano que tome acciones contra las desapariciones. De momento, todo sin éxito.
Los ministros rompieron sus propias reglas: ignoraron el reglamento de sesiones aprobado la semana anterior al discutir acciones de inconstitucionalidad en vez de temas administrativos y laborales, y rebasaron una y otra vez el tiempo límite fijado para cada intervención.
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