Tras una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomada ayer, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se verá obligada a desembolsar 3 mil 575 millones de pesos para pagar impuesto predial al municipio de Tecpatán, Chiapas.
Dicho monto representa 8 por ciento de las participaciones federales otorgadas al estado durante 2023, las cuales ascendieron a 44 mil 449 millones de pesos.
A propuesta del ministro Luis María Aguilar, y por tres votos contra dos de las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel, la segunda sala resolvió en medio de un acalorado debate un amparo promovido por CFE Generación VI en contra de la pretensión del ayuntamiento de Tecpatán de cobrarle impuesto predial por las instalaciones de la hidroeléctrica de Malpaso, incluido el embalse.
El fondo del asunto era la intención de CFE Generación VI de que se le reconociera como tercera extraña por equiparación, lo cual le permitiría combatir legalmente la sentencia original del asunto, que en 2022 resolvió que la CFE debía cubrir el multimillonario adeudo, lo cual es a todas luces absurdo y lo está validando esta Suprema Corte, permitiendo un acto de injusticia, dado que tenemos casos que nuestra legislación vigente permite la revisión de la cosa juzgada justamente cuando es fraudulenta, como en el presente caso, expuso Batres Guadarrama durante la sesión.
En la sesión, refirió que la central hidroeléctrica está ubicada en el municipio de Mezcalapa, debido a la remunicipalización de Chiapas realizada en 2011, por lo que el municipio de Tecpatán carece de competencia para realizar cobros de impuesto predial en este caso.
El ministro Alberto Pérez Dayán argumentó que el máximo tribunal del país no está validando cobro alguno, pues sólo se determinó con fuerza de verdad legal que la CFE VI no tenía carácter para participar en el procedimiento.
En julio de 2010, las autoridades municipales pretendieron cobrar a la CFE 2 mil 223 millones 935 mil 876 pesos por los ejercicios fiscales de 2006 a 2010 y la empresa productiva del Estado inició el litigio.
El 31 de enero de 2022, el tesorero municipal de dicha localidad chiapaneca, mediante el oficio TM/CACM/029/2022, actualizó a un monto superior a 3 mil millones de pesos el crédito fiscal en perjuicio de CFE Generación VI, por lo cual se acudió ante un juzgado federal para intentar revocar el cobro.
Según registros judiciales, la CFE argumentó que el artículo 115 de la Constitución prohíbe el cobro del impuesto predial respecto de los bienes de dominio público de la Federación; sin embargo, para la mayoría de los integrantes de la segunda sala ya no puede hacerse nada por ser un asunto juzgado.
