El deterioro de la inseguridad en la ciudad de León, nada ajena a la descomposición generalizada en el país y el estado, no puede sólo atribuirse a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos al haberse plegado en 2021 a que el gobernador, Diego Sinhue, le impusiera la recomendación del ahora cesado en la Secretaría de Seguridad leonesa, Mario Bravo Arrona. Lo curioso es que implica la gestión de figuras políticas que ahora militan en la oposición reclamando lo que en otros tiempos sembraron y dejaron.
Opinión14 de febrero de 2024
Héctor Andrade Chacón
El deterioro de la inseguridad en la ciudad de León, nada ajena a la descomposición generalizada en el país y el estado, no puede sólo atribuirse a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos al haberse plegado en 2021 a que el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, le impusiera la recomendación del ahora cesado en la Secretaría de Seguridad leonesa, Mario Bravo Arrona. Lo curioso es que implica la gestión de figuras políticas que también un día en el pasado tuvieron en su mano las fuerzas del orden municipal y que inclusive algunos ahora militan en la oposición reclamando lo que en otros tiempos sembraron y dejaron.
Eso sí, Ale Gutiérrez cargará con el costo de la imposición y los resultados derivados.
En el trienio donde gobernó la ciudad el actual candidato al Senado de la República, Ricardo Sheffield Padilla, (2009-2012) siendo panista y parte del calderonismo rampante, la “militarización” en la corporación inició con la atracción de una figura administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la mayor María Guadalupe Anguiano Sánchez y su soporte operativo como director de la Policía, el jalisciense teniente Francisco Martínez Espinoza, este sí forjado en la operatividad, egresado del Colegio Militar, donde se ganó el mote de “El sufrir” por su afición a la música vernácula, de donde hasta grabó algún acetato.
“La mayor”, venía de la Justicia Militar, haciéndose notar desde los actos jurídico-militares ante el alzamiento en Chiapas por el EZLN. Como capitán primera auxiliar de Justicia Militar y abogada María Guadalupe Anguiano Sánchez, fue agente del Ministerio Público Auxiliar adscrita a la 12a Zona Militar investigando organizaciones de la sociedad civil que apoyaban o pedían que no hubiera represión contra los alzados; tiempos aciagos además por el reciente asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Luego tomó relevancia como fiscal en los casos castrenses contra los generales Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo por sus lazos con el crimen organizado. A luces vistas, abogada realmente, no era experta en seguridad pública, pero si recomendada en aquel sexenio donde también fue secretario de Seguridad Federal, Genaro García Luna y titular de la SEDENA, Guillermo Galván Galván.
Durante la gestión de Guadalupe Anguiano, que vino a sustituir a Álvar Cabeza de Vaca en la Secretaría de Seguridad municipal de León, ya arrastrando problemas con el narcomenudeo, eran conocidos los problemas en la corporación, el choque entre los mandos militares contratados y desavenencias con los civiles, mientras aumentaba la presencia del crimen organizado y la elevación de los índices de criminalidad. Finalmente, entre junio y julio de 2010, quedaron fuera de la corporación los mandos: Anguiano, de la secretaría de Seguridad, aunque protegida por el argumento que regresaba a la SEDENA porque allá la pidieron de vuelta, pero que en realidad se iba con la mala nota de que la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato divulgó que la funcionaria violó los derechos de cuatro personas, “a quienes exhibió públicamente como responsables de robar una casa, cuando en realidad eran inocentes”.
En junio, se había dado la baja del subsecretario de Seguridad, el capitán Javier Barros Guasso, y del director de la policía, el teniente Francisco Martínez Espinoza. Sheffield Padilla afirmó en aquel momento que la baja de los militares “había sido provocada por una falta de comunicación entre los mandos, y por una reestructura en la dependencia que incluye la desaparición de la Subsecretaría de Seguridad”.
La respuesta no llegó con la colocación de nuevos mandos con habilidades probadas en seguridad pública, sino en el orden político, pues se puso al frente de la Secretaría de Seguridad Pública a un exdiputado del PAN, grilloso, Salvador Echeveste Guerrero. El nuevo titular presumió que tenía experiencia para el cargo, por haber sido, imagínese, asesor en la Secretaría de Seguridad del estado. “Ahí tuve mucha relación con corporaciones policiacas”, dijo. Puso como su director policiaco a Juan Manuel Portillo.
No se olvida que, en ese sexenio, en Guanajuato, el gobernador era Juan Manuel Oliva y había colocado al frente de la seguridad estatal a otro cuadro político que devino en fracaso: Baltazar Vilches Hinojosa, sustituido en marzo de 2010 por un general, Miguel Pizarro Arzate, hoy fallecido, que tampoco ofreció resultados alentadores.
Los ceses en la dependencia en aquellos años ya eran cosa normal. Se afirmó en aquel momento que habían sido despedidos 18 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal por reprobar los exámenes de control de confianza a los que fueron sometidos 300 efectivos a partir de enero del 2010; de los despedidos, cuatro tenían el cargo de segundo comandante, y 13 eran policías rasos.
Con Bárbara Botello, electa en 2012 como alcaldesa y beneficiada con la burbuja y carisma de Enrique Peña Nieto, la cosa no mejoró. La sustituta de Ricardo Sheffield puso en la Secretaría de Seguridad a quien no dio los resultados esperados en el estado, el general Miguel Pizarro. Curioso que Bárbara reciclara a un funcionario de Oliva Ramírez, habiendo tantos cuadros especializados en seguridad del priismo emergente de aquel momento.
El 10 de octubre de 2012, con el inicio de la administración municipal de Botello, Pizarro llego a León. El puesto le fue transferido por Rito Padilla, quien fue el funcionario a cargo cuando Sheffield terminó su administración. El general fue cesado en febrero de 2014, tras una fuerte presión del empresariado leonés ante el alza de la delincuencia. Francisco Javier Salazar Soni, lo sustituyó por cuatro meses, para ser cesado por violar los derechos humanos de ciudadanos detenidos.
“Es una nueva estrategia para la ciudad en materia de seguridad coordinada directamente con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en donde habrá una nueva estrategia y también habrá un reacomodo en el área de seguridad”, fue la declaración peregrina de Bárbara Botello para justificar el cambio, pero a toro pasado se pudo constatar que no había tal coordinación nacional.
Después estuvo Francisco Aguilera Candelas, quien terminó el trienio junto con Botello con el crimen organizado creciendo en las calles. Los escándalos de corrupción en su administración y la ineficiencia en la inseguridad fueron algunos de los factores que hicieron que Bárbara Botello acabara entregando la Presidencia Municipal de vuelta al PAN.
Ya en el gobierno estatal del hoy candidato al Senado por Acción Nacional, Miguel Márquez Márquez (3M), con su fracasada estrategia de “Escudo” y con la dupla Álvar Cabeza de Vaca en la Secretaría de Seguridad estatal y como procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, aún a cargo de las mismas funciones con Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el gobierno del panista Héctor Germán López Santillana aceptó la recomendación estatal y puso como secretario de Seguridad municipal al irapuatense Luis Enrique Ramírez Saldaña, quien acabaría siendo despedido tras detectarse infiltrados del crimen organizado en la corporación, agentes comisionados en la protección de individuos privados (asesinado uno de ellos fuera de León, lo que permitió conocerse la praxis), llegando para sustituirlo precisamente hace casi 4 años el jefe de escoltas de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador ya de Guanajuato, y con Álvar Cabeza de Vaca como el gran decisor de la seguridad estatal, el ahora despedido secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona.
Basta ver los indicadores de criminalidad de León en tres sexenios y los miles de muertos para comprobarse que la decadencia en la seguridad y el aumento de la violencia ha sido constante y sin freno, al igual que en el estado. Lo curioso es que vemos a los mismos actores políticos disputándose el poder y hasta olvidándose de lo que les tocó hacer u omitir.
La pregunta es qué tanto puede mejorar el estado de cosas ahora que Ale Gutiérrez, en la víspera del inicio de las campañas 2024, anunció la salida de Mario Bravo Arrona de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León; Adrián Hernández Rojas, el director general de la Policía Municipal, y Juan Arturo Mercado, director operativo de la corporación.
La alcaldesa presenta a Jorge Guillén Rico, exsubsecretario, como el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, continuismo de alguna forma. Además, anunció la incorporación de Israel Navarro González como subsecretario de Seguridad y Protección, Juan Luis Rocha Vera como director general de Policía Municipal y Policía Vial, y Óscar Mario Nava Quevedo como director operativo de Policía.
Una decisión medida para el corto plazo sin duda.
Ayer se llevó a cabo en el Congreso del Estado la primera Junta de Enlace en Materia Financiera, con la finalidad de fortalecer lazos y realizar esfuerzos conjuntos entre Ayuntamientos y el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato en materia de finanzas públicas y fiscalización, además de presentar el plan de trabajo 2024 para los municipios.
El asunto, en manos de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, que preside el diputado panista Víctor Manuel Zanella Huerta, resulta este año de suma importancia debido a que deberá darse la elaboración de propuestas de leyes de ingresos municipales y presupuestos y su fiscalización, a la luz del cambio de mandos que deberá darse en octubre en cada uno de los 46 municipios tras las elecciones de junio de 2024. Habrá que atender a novatos y refrendar puntos con quienes se reelijan, pero ya con una base firme.
El momento sirvió también para que se presentara el esfuerzo conjunto de los diputados de la Comisión de Hacienda y la Junta de Gobierno y Coordinación Política, de donde sobresalen el propio Zanella Huerta, la diputada priista Ruth Tiscareño; Luis Ernesto Ayala Torres como el presidente de la Junta, el coordinador del PRI, Alejandro Arias; David Martínez Mendizábal, el coordinador morenista; José Alfonso Borja Pimentel, quien desde mañana jueves será el nuevo presidente del Congreso del Estado en sustitución de Víctor Zanella, quien además hoy preside la última sesión de la Diputación Permanente, en la que ha tenido buena y notable actividad, los cuales mostraron la iniciativa que ingresa: la nueva “Ley Hacendaria Municipal para el Estado de Guanajuato”.
El acto fue además acompañado por el secretario de Finanzas del estado, Héctor Salgado Banda, quien felicitó a los congresistas por este producto legislativo que ahora irá a análisis de todas las representaciones.
El irapuatense y presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, destacó que este ejercicio se traduce a una jornada de transformación y reflexión, donde el tema principal es la construcción de los cambios necesarios para un futuro mejor para Guanajuato desde el fortalecimiento de las finanzas en cada uno de los 46 municipios.
“Vamos a presentar una propuesta que está llamada a resonar en todo el país. Guanajuato, como uno de los primeros Estados en integrarse al federalismo hace 200 años, reconoce en el municipio la base fundamental de su división territorial y organización política”, puntualizó.
Ahora sí, Víctor Zanella ya deja las cosas prácticamente listas para irse por unas semanas, cuando arranquen las campañas para buscar la reelección como diputado local en su natal Irapuato, en casi dos meses más. Deja junto con sus compañeros en la Comisión de Hacienda, por lo pronto, legado de nuevas prácticas hacia los municipios entre los congresistas.
La aspirante a la alcaldía leonesa por Morena, Bárbara Botello, resucita a sus amigos expriistas, ya tamizados como morenistas, para que le lleven la campaña 2024. Ayer nominó a Verónica García Barrios como su coordinadora de Comunicación y Prensa; Salvador Ramírez Argote, como coordinador de Plan de Gobierno; Luis Aviña, como coordinador de Estrategia Política y Angelito Arellano como su coordinador Jurídico. Nadie de los fundacionistas del rojo marrón. Y, eso sí, nadie que esté ligado con Ricardo Sheffield, para que no le carguen muertos, se afirma en los corrillos del guinda.
Del lado de Alejandra Gutiérrez, llega a su equipo de comunicación de campaña, no a la Presidencia Municipal, María Carmen Yáñez, también una experimentada en el campo.
Ya están muy movidos en sus redes sociales los activistas de la democracia para invitar a la Gran Marcha "La Marea Rosa", en defensa de la vida democrática nacional y el INE. El empresario Pablo Escobar Marín es uno de los que está llamando en la ciudad de León a sumarse al movimiento.
La marcha se programó para las 11 de la mañana en al Arco de la Calzada de León, el 18 de febrero, integrándose a toda una movilización nacional en defensa de las instituciones democráticas, el voto libre y el "fuera manos" del gobierno de Andrés Manuel López Obrador del proceso electoral por la Presidencia de la República.
Ricardo Salinas ha desarrollado sólidas relaciones con altos funcionarios de la administración Trump, y algunos lo ven como una alternativa para la presidencia en 2030, por ser la figura pública antimorenista más potente.
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Parece ocioso hacer la consideración que la más pesada carga política que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum es Andrés Manuel López Obrador.
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Con el voto en contra de la oposición, el pleno del Senado aprobó, con algunas modificaciones, la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
León celebró a las y los arquitectos en su día por su aportación al crecimiento y desarrollo de la ciudad. La presidenta municipal, Ale Gutiérrez, destacó al gremio como pieza clave en programas como Participa León.
Se realizó una mesa de trabajo con la titular de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado (PEPNNA), María Teresa Palomino Ramos y la alcaldesa Cinthia Teniente Mendoza para fortalecer la coordinación interinstitucional para la protección y restitución de derechos de la niñez y adolescencia en el municipio.
La gobernadora lo tiene claro, San Miguel de Allende es carta sobresaliente de Guanajuato ante el mundo por su esencia de talento y servicio. Celebró el Día Mundial del Turismo al lado de su "ahijado" político, el alcalde sanmiguelense, Mauricio Trejo.
