Si el Acuerdo del Órgano de Administración Judicial para evaluar al personal judicial se abrogó, fue por presión de los inconformes, afirmó la diputada Rocío Cervantes, quien propuso exhortar al OAJ a que el nuevo Acuerdo que se emita sea “objetivo, verificable, transparente y respete los derechos laborales”, y que también se evalúe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Recordó que el Acuerdo ya abrogado generó incertidumbre en la permanencia de miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación y manifestaciones y paros que dieron lugar a suspensión de actividades, con la consiguiente paralización de Juzgados y Tribunales, porque no vieron el mecanismo de evaluación como una herramienta para mejorar su desempeño, sino como un instrumento de presión.
“Quedó claro que el problema no es la evaluación, sino la forma en que se quiere imponer” y apuntó que lo que se pretende con el Punto de Acuerdo es eliminar el riesgo de que se emita una nueva regulación para ese proceso que repita los vicios que originaron el conflicto.
La idea es que una regulación futura en materia de evaluación del desempeño del personal judicial se ajuste a principios constitucionales y legales, con criterios objetivos y verificables, participación de los trabajadores y respeto a sus derechos laborales, dijo.
Pero su propuesta de Punto de Acuerdo también considera solicitar a las ministras y ministros la SCJN “que impulsen y adopten un mecanismo público de evaluación institucional y rendición de cuentas que permita conocer, mediante indicadores objetivos, periódicos y comparables, el desempeño de ese máximo Tribunal”.
“La ciudadanía tiene derecho a saber cuántos expedientes recibe, cuántos resuelve y cuál es el rezago” del máximo Tribunal del país, sostuvo la congresista del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI).
Sobre la propuesta relacionada con la situación del personal del PJF también tomó la palabra el coordinador del GPPRI, diputado Alejandro Arias, quien, en alusión a la decisión de abrogar el Acuerdo, dijo que ese es el modus operandi de la 4T, “recular para agarrar vuelo y luego irse en contra de las instituciones”.
Subrayó, además, en alusión a echar culpas a gobiernos anteriores, que “ir hacia el pasado permanentemente es la narrativa del populismo” para no responder a situaciones que han ocurrido en el transcurso de los últimos ocho años, los que llevan al frente del gobierno federal y por las que ya tendrían que responder.
