El objetivo de reformar la Ley del Notariado es evitar “circunstancias que se han estado presentando” en el ejercicio de la función notarial y que, por sus consecuencias, suelen derivar en escándalos, afirmó el diputado Alejandro Arias.
“No es un reto menor…el reto es muy grande, muy importante” y “la verdad es que la delegación de la fe pública que hace el estado hacia particulares tiene que contar con elementos que permitan evitar todo este tipo de circunstancias que se han estado presentando”, dijo.
Entrevistado al terminar una Mesa de Trabajo de la Comisión de Justicia para analizar iniciativas de reforma a la Ley del Notariado, precisó que no se puede generalizar en el sentido de que la función notarial está corrompida, pero también anotó que, “evidentemente, porque es público y notorio, hay muchas deficiencias que nos han llevado a escándalos públicos que hemos estado viendo y que ellos mismos reconocen”.
Resaltó además que cuando se comete un acto notarial fraudulento, el más afectado es el usuario, porque invariablemente “se ve afectado en su patrimonio”.
Se refirió también a acciones que no están sustentadas en la ley, como, por ejemplo, los testamentos, donde tiene que estar el notario y certificar que la persona está en condiciones de testar, pero que en ocasiones no se hace en esos términos, sino que quienes llevan al notario, sólo ponen la mano del que no está en condiciones de testar como si hubiera firmado.
Que no se den ese tipo de situaciones es el objetivo de las iniciativas de reforma a la Ley del Notariado que son analizadas, un proceso que ayer incluyó una segunda Mesa de Trabajo en la que participaron notarios en funciones de los municipios de Celaya, Santa Cruz de Juventino Rosas y San Francisco del Rincón.
Al respecto, Arias Ávila reconoció que “siempre ayuda escuchar las opiniones”, en este caso de notarios, como Colegio y como personas que ejercen la función notarial, “que nos hablen de la problemática que se les presenta a diario y que son cuestiones que debe tomar en cuenta la Comisión de Justicia para emitir su dictamen”.
Sostuvo que, “en el caso de la del GPPRI, hablaron de que no pueden ser considerados como autoridad; de las medidas de protección de los ciudadanos, en el sentido de que tiene que haber sanciones, tanto para los usuarios como para los notarios en casos en los que se presente información falsa” en un acto notarial.
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI subrayó que la decisión que se tome en torno a las iniciativas de reforma a la Ley del Notariado, “tiene que ser meramente legislativa” y anotó que, en última instancia, siempre habrá, “y aquí lo decían los notarios, la posibilidad de la inconstitucionalidad” si se sienten afectados.
