La diputada Rocío Cervantes propuso que, para ejercer una profesión, además del Título, se cuente también con la Cédula Profesional

Para disminuir el riesgo de caer en manos de charlatanes, usurpadores de profesión o personas sin la preparación profesional adecuada, la diputada Rocío Cervantes propuso reformar la Ley de Profesiones para que, para el ejercicio de una profesión, además del Título se cuente con la Cédula Profesional. 

Dijo que, si bien la norma vigente contempla sólo el Título como obligatorio para ejercer una profesión, hoy, casi dos décadas después, eso resulta insuficiente con profesionistas sin la debida preparación y con personas que se amparan en Títulos adulterados o apócrifos.

Subrayó que, si se contempla que también se cuente con cédula, se protege al ciudadano y al profesionista.

Al ciudadano, porque implica prevención de fraudes, puesto que disminuye drásticamente el riesgo de caer en manos de charlatanes, usurpadores de profesión o personas sin la preparación profesional adecuada.

Y al profesionista, porque en caso de clientes incumplidos, por criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para reclamar sus honorarios debe contar con una cédula profesional que acredite que está autorizado a prestar el servicio del cual reclama el pago respectivo, según se detalla en las motivaciones de su iniciativa.

Su iniciativa considera a profesiones y ramas profesionales reguladas en la Ley de Profesiones a las que por ahora sólo se les exige contar con el Título profesional correspondiente para poder ejercer.  

Cervantes Barba comentó que la cédula profesional es un documento que expiden la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) o la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que certifica que un título profesional ha sido debidamente registrado y autoriza legalmente a la persona para ejercer su profesión.

En ese sentido, la congresista del GPPRI sostuvo que Título y Cédula profesionales tienen funciones complementarias y válidas, porque mientras el primero acredita la culminación y aprobación de estudios académicos, el segundo funciona como la patente de habilitación legal.