Héctor Andrade Chacón
La anunciada salida de Guadalupe Taddei Zavala de la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) no puede interpretarse simplemente como la conclusión anticipada de una responsabilidad pública. Es el desenlace de una gestión que terminó bajo graves sospechas de tráfico de influencias, conflictos de interés y posibles actos de corrupción, con un costo institucional que difícilmente desaparecerá con su renuncia.
Vaya, hasta la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien la semana pasada abrió las puertas para que la Auditoría Superior de la Federación se metiera hasta la cocina para poner en la plancha a Guadalupe Taddei, este lunes en su conferencia de prensa matutina dijo que "había tomado una buena decisión", en referencia a su renuncia al cargo y luego añadió que “tiene que hacerse la investigación, tiene que haber una auditoría para poder revisar las sospechas o los señalamientos que ha habido con relación a abusos o privilegios dentro del INE (...) No puede haber señalamientos, sombras de corrupción en la institución electoral. Ella toma la decisión de separarse y tiene que hacerse la auditoría para revisar esta situación”.
No hubo sombra ni red protectora desde Palacio Nacional, al menos no en el discurso.
Las investigaciones periodísticas que exhibieron su cercanía y la de sus familiares con José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con contratos por al menos 245 millones de pesos con autoridades electorales, alcanzaron su momento más comprometedor con la difusión de videos de uno de sus hijos acompañando al proveedor en un lujoso hotel de París. La Auditoría Superior de la Federación investiga ahora posibles irregularidades en contrataciones públicas. Las responsabilidades deberán acreditarse conforme a derecho, pero el deterioro de la confianza pública ya es inocultable.
No es menor que otro de sus hijos ocupe la secretaría particular del gobernador sonorense Alfonso Durazo Montaño, uno de los personajes de Morena cercanos a Taddei. Las relaciones políticas y familiares no constituyen por sí mismas delitos, pero adquieren otra dimensión cuando se acumulan con los señalamientos sobre el ejercicio del poder dentro del árbitro electoral.
Y aquí hay una responsabilidad que rebasa a la propia Taddei.
Corresponde también a quienes desde Morena impulsaron y respaldaron su llegada al INE y, posteriormente, promovieron modificaciones legales que fortalecieron sus facultades para adoptar decisiones administrativas y realizar nombramientos sin pasar por el Consejo General. Una nueva raya al tigre en el persistente debilitamiento de los contrapesos institucionales de la democracia liberal mexicana.
Sería ingenuo suponer que el relevo devolverá automáticamente la independencia al organismo. Morena y sus aliados conservan una posición determinante en la Cámara de Diputados, donde se decidirá la sucesión. Habrá que ver si, por lo menos, prevalece un mínimo de decencia política para designar a alguien con independencia de criterio y si los propios consejeros recuperan el sentido de responsabilidad colegiada que la institución necesita.
Porque el INE no pertenece al gobierno ni a los partidos. Es patrimonio democrático de los mexicanos.
Y queda una enseñanza adicional: fue el periodismo libre, mediante sus investigaciones y revelaciones, el que colocó los hechos ante la opinión pública y precipitó las exigencias de rendición de cuentas.
En tiempos en que ciertos personajes parecen sentirse dueños del país, de sus instituciones y de sus recursos, la prensa independiente vuelve a demostrar por qué resulta indispensable para contener los excesos del poder.
La visita de Alejandro Moreno Cárdenas a Guanajuato, el pasado sábado, dejó bastante más que una toma de protesta de consejeros políticos y la renovación de la Fundación Colosio. El dirigente nacional del PRI vino a dar nuevos ímpetus a un priismo guanajuatense que, contra muchos pronósticos, conserva estructuras, operadores políticos y capacidad de interlocución.
Alito reconoció el trabajo del binomio que integran Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, dirigente estatal, y Alejandro Arias Ávila, coordinador de la bancada tricolor en el Congreso del Estado. Ambos han contribuido a preservar espacios de representación y a sostener al PRI como una fuerza política relevante, la tercera en la entidad, pese a sus derrotas y a las dificultades de los últimos años.
El reconocimiento, sin duda, deja claro que ambos personajes están en la órbita del CEN tricolor y tendrán su recompensa el próximo año. No lo veremos fuera de candidaturas clave, eso apúestelo.
Pero el mensaje más significativo no estuvo precisamente en esos reconocimientos.
Estuvo en el lugar privilegiado que concedió a Mauricio Trejo Pureco, presidente municipal de San Miguel de Allende, a quien mantuvo cerca, elogió abiertamente y presentó como ejemplo de los resultados que pueden ofrecer los gobiernos priistas. Seguridad, turismo, desarrollo económico y capacidad administrativa fueron algunas de las virtudes que destacó de su gestión.
En política, forma es fondo.
El trato dispensado a Trejo reforzó las versiones sobre su posible llegada, en un futuro no muy lejano, a la conducción estatal del PRI, una vez concluido el periodo de Tiscareño. Y acaso la apuesta vaya más lejos: convertirlo en una de las cartas fuertes del tricolor para disputar la gubernatura en 2030. No hay definiciones formales, pero sí señales que sería absurdo ignorar.
Otro movimiento interesante fue la recuperación de Gerardo Zavala Procell, exdiputado local y político irapuatense que en 2015 estuvo cerca de arrebatarle la alcaldía al panista Ricardo Ortiz Gutiérrez. Su llegada a la Fundación Colosio devuelve a la actividad partidista a un personaje con experiencia, relaciones y conocimiento de las estructuras electorales.
Pian pianito, el PRI mueve sus piezas.
Y quienes conocen las relaciones políticas, empresariales y sociales de varios de los personajes reunidos este fin de semana en Guanajuato Capital saben que el tricolor no está necesariamente condenado a repetir sus resultados de 2024.
Incluso podría llegar a 2027 fortalecido y convertirse en un aliado indispensable para la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y el PAN, empeñados en impedir que Morena y sus aliados conquisten la mayoría del Congreso estatal.
Porque para el morenismo ganar el Legislativo en 2027 significaría establecer una cabeza de playa desde la cual preparar la ofensiva por la gubernatura en 2030.
Alito parece haber entendido el valor de esa circunstancia. Por eso su disposición a negociar coaliciones con Acción Nacional, pero también su insistencia en que los votos del PRI tienen un precio político.
El tricolor todavía puede ser un jugador importante. Falta ver si sabe capitalizarlo.
El segundo informe de actividades de los diputados federales panistas de Guanajuato, celebrado el viernes en el Poliforum de León, tuvo un momento que difícilmente pasó inadvertido para quienes siguen el proceso de definición de las candidaturas del PAN para 2027.
Ante la crema y nata del panismo guanajuatense, el coordinador de los diputados federales del blanquiazul, Elías Lixa Abimerhi, hizo un pronunciamiento que fue bastante más allá del reconocimiento protocolario a un compañero de partido.
“Que lo sepa todo León y todo Guanajuato: el PAN nacional va a respaldar con todo ese trabajo de defensa que encabeza nuestro amigo Jorge Espadas”, expresó en referencia al coordinador de los diputados locales, Jorge Arturo Espadas Galván, designado recientemente defensor de la Patria, la Familia y la Libertad en León.
Y remató señalando que ese respaldo provenía también del Grupo Parlamentario federal y del presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera.
La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, presente en el acto, acompañó con un fuerte aplauso el reconocimiento.
Los mensajes políticos tienen destinatarios, y éste tuvo varios.
El primero fue el propio Espadas, quien recibió una ratificación pública de su peso político y del respaldo que ha conseguido tanto en la estructura nacional del partido como entre las principales figuras del panismo guanajuatense.
Pero el segundo fue igualmente importante: aquellos grupos internos que, desde que se dio a conocer la designación de Espadas como defensor de León, han buscado disminuir la trascendencia política de ese nombramiento, recordando que no significa automáticamente la candidatura a la Presidencia Municipal en 2027 y que habrá que esperar hasta los tiempos estatutarios y las precampañas para saber quién será finalmente el abanderado.
En términos jurídicos tienen razón. El nombramiento como defensor no equivale a una candidatura formal, ni sustituye los procedimientos de selección establecidos en la legislación electoral y en los estatutos panistas. Pero otra cosa son las realidades políticas.
Y en ellas, lo ocurrido en el Poliforum tiene una lectura bastante clara: desde la dirigencia nacional del PAN y desde Paseo de la Presa, sede del Poder Ejecutivo estatal, se enviaron señales coincidentes de respaldo a Jorge Espadas.
Es decir, el coordinador de los diputados locales queda políticamente apalancado para buscar la Presidencia Municipal de León en 2027. La dirigencia nacional, por voz de uno de sus principales coordinadores parlamentarios, hizo público su apoyo; y la gobernadora, con su presencia y sus aplausos, acompañó ese mensaje. No es cualquier cosa.
Sobre todo porque el reconocimiento se produce cuando todavía existen resistencias internas a aceptar que la designación de Espadas como defensor constituye un paso político relevante hacia la candidatura.
Entre quienes han mantenido reservas se encuentra Luis Ernesto Ayala Torres, exalcalde de León, exsecretario de Gobierno y uno de los perfiles que disputaron la designación. Ayala no ha otorgado un reconocimiento público inequívoco que suponga dar por cerrado el camino hacia la candidatura municipal.
Por el contrario, ha insistido en la distinción entre el nombramiento de defensor y la definición del candidato, reservándose así un margen de maniobra para cuando lleguen los tiempos electorales formales.
No resulta extraño. Ayala conserva relaciones dentro del panismo leonés, tiene trayectoria administrativa y mantiene vínculos con sectores políticos y empresariales que lo acompañaron durante el proceso de selección de defensores.
Pero el mensaje del viernes constituye un nuevo elemento que sus seguidores tendrán que incorporar a sus cálculos.
Una cosa es sostener que Espadas no tiene asegurada jurídicamente la candidatura, lo cual es cierto, y otra pretender que su designación como defensor carece de consecuencias políticas. Si así fuera, difícilmente el coordinador de los diputados federales se habría tomado la molestia de acudir a León para hacer un reconocimiento de semejante contundencia, invocando expresamente el respaldo de la dirigencia nacional.
Tampoco puede soslayarse que la gobernadora fue testigo y acompañó el pronunciamiento.
Al final, lo que está ocurriendo muestra la diferencia entre los tiempos formales de los partidos y los tiempos reales del ejercicio del poder.
En los primeros, el PAN todavía debe definir procedimientos, convocatorias y candidaturas. En los segundos, los principales actores ya están enviando mensajes sobre sus preferencias, respaldos y acuerdos políticos.
Y Espadas está siendo el destinatario de esas señales.
Es interesante también el contraste con Alan Sahir Márquez Becerra, otro de los aspirantes a la defensoría, quien ha mostrado disposición para reconocer el resultado del proceso interno y mantener la interlocución partidista. La actitud de Ayala ha sido distinta, sin que ello signifique que carezca de derecho a conservar sus aspiraciones.
Lo relevante ahora será observar si el PAN consigue procesar esas diferencias sin convertirlas en un conflicto que debilite su organización territorial en León. Porque lo que se disputará en 2027 no es únicamente una candidatura.
Para la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, León representa la principal plaza económica y electoral del estado y un territorio fundamental para la recomposición de su partido, luego de la salida de Alejandra Gutiérrez Campos hacia Movimiento Ciudadano.
También es una pieza estratégica para las elecciones legislativas de 2027, cuando el PAN deberá enfrentar nuevamente a Morena y sus aliados en la disputa por el control del Congreso de Guanajuato.
De ahí la importancia de que los liderazgos nacionales y estatales del blanquiazul puedan construir acuerdos en torno a una figura que encabece su reorganización política en el municipio.
Por ahora, esa responsabilidad ha sido encomendada a Jorge Espadas.
Y si alguien pensaba que el nombramiento como defensor podía quedar reducido a una distinción partidista sin mayores consecuencias, las palabras de Elías Lixa y la reacción de la gobernadora obligan a revisar esa interpretación.
Luis Ernesto Ayala y quienes mantienen viva la posibilidad de otra candidatura están en su derecho. La definición formal no ha ocurrido y sería incorrecto darla por consumada. Pero tampoco puede ignorarse que el respaldo público del viernes introduce una nueva condición en la disputa interna.
Porque en política, como se ha dicho tantas veces, forma es fondo.
Y cuando la dirigencia nacional y la titular del Ejecutivo estatal envían señales convergentes, difícilmente se trata de una simple cortesía.
Jorge Espadas recibió algo más que un aplauso: obtuvo una manifestación pública de respaldo de los principales espacios de poder de su partido, justo cuando algunos de sus adversarios internos intentaban restar importancia a la defensoría que había conseguido.
La candidatura se definirá cuando corresponda.
Pero el derecho de picaporte hacia ella, ese sí, quedó bastante más abierto para Espadas desde el viernes pasado.
