En abril publiqué en este espacio que la cadena de contradicciones al explicar por qué cuatro agentes de la CIA participaban en un operativo en la Sierra Tarahumara como parte de una colaboración bilateral contra el crimen organizado había hecho al entonces fiscal César Jáuregui en un fusible natural para resolver un diferendo político entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora panista Maru Campos. Esa previsión se cumplió, pero Jáuregui no es sólo un chivo expiatorio de su desaseo, sino que exhibe cómo dos políticas, enredadas, encontraron una mala solución al condenarlo, metiéndose a chapalear en un pantano de simulaciones.
La decisión política fue efímera. Campos quedó como una traidora para muchos que la apoyaron cuando la presidenta la acusó de violar la Ley de Seguridad Nacional. Y Sheinbaum quedó como una política que negocia la justicia, que es lo que negó ayer que hace. Tantas explicaciones para decir lo contrario y contrarrestar las críticas criticando a quienes las criticaron muestran que la credibilidad no está de su parte. Campos, a quien rápidamente veían como una líder en construcción, se colapsó. Para Sheinbaum, remar a contracorriente se ha convertido en un ejercicio cotidiano.
El episodio que pretenden cerrar tuvo su origen a finales de abril, cuando dos agentes de la CIA que habían participado en un operativo encabezado por la Agencia Estatal de Investigación en la comunidad de El Pinal tuvieron un accidente en la serpenteante terracería de la Sierra Tarahumara, al viajar a toda velocidad en un convoy de cinco vehículos. El director de la Agencia de Investigaciones, un agente de la corporación y un agente de la CIA salieron expulsados del automóvil, y el cuerpo de uno más, que quedó atrapado en el vehículo, se incineró. Los cuatro murieron. En el tercer vehículo viajaba su jefe y otro agente de la compañía.
Ninguno de los cuatro agentes era extraño para Jáuregui ni para la gobernadora. La operación en la que participaron fue el desmantelamiento de un laboratorio de fentanilo que sonde los que se movieron de Sinaloa cuando estalló la guerra interna del Cártel de Sinaloa hace casi dos años. Era la tercera operación que hacía la CIA con la Agencia de Investigación de Chihuahua en este año. La primera fue en febrero, en Ojinaga, contra miembros del grupo de Los Menchaca, brazo armado del Cártel de Juárez. La segunda fue a finales de febrero y se prolongó a los primeros días de marzo, en Santa Bárbara, a 36 kilómetros al sur de Parral. La CIA buscaba detener a miembros del grupo criminal de Los Salgueiro, cuya cabeza, Noel Salgueiro Nevárez, detenido hace 15 años, fundó Gente Nueva, que está aliada a Los Chapitos.
La tercera operación en El Pinal, la única que concluyó con éxito, comenzó dos días antes de que murieran, cuando los agentes de la CIA volaron drones para recolectar información y definir el desmantelamiento del narcolaboratorio. Algunos agentes de la CIA eran mexicano-estadounidenses, iban vestidos con uniformes tácticos de la Agencia Estatal de Investigación y llevaban cubierta la cara con balaclavas tácticas. El Ejército, que participó en la seguridad perimetral, probablemente no reconoció a ningún extranjero por el camuflaje del uniforme especial y, como el gobierno de Chihuahua tiene cerradas bajo llave las imágenes del operativo, no se puede realizar un análisis antropométrico.
Sheinbaum se enteró de lo que había sucedido en Chihuahua a cuentagotas y por la prensa mexicana y estadounidense. Su gobierno no tenía información de nada. Rápidamente acusó al gobierno de Campos y a la fiscalía estatal de haber violado la Ley de Seguridad Nacional al aceptar que agentes extranjeros participaran en operativos anticrimen. Es cierto.
Las operaciones de la CIA en Chihuahua violaron la Ley de Seguridad Nacional, que prohíbe expresamente que agentes extranjeros actúen sin el conocimiento de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana, y que las autoridades de los tres Poderes de la Unión que tengan contacto con ellos deberán tener la autorización del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, al que deberán informarle de cualquier reunión, comunicación o interacción que tengan con ellos.
La violación de la ley por parte de la gobernadora Campos tiene como antecedente –y, estirando un poco, justificación– la firma de un memorando de entendimiento con el gobernador de Texas, Greg Abbott, en abril de 2022 –posterior a la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional–, que incluía la cooperación bilateral para reducir el tráfico de fentanilo e implementar un programa con drones e inteligencia artificial en la frontera. El acuerdo nunca fue impugnado y se suscribió cuando el secretario de Relaciones Exteriores era Marcelo Ebrard, y uno de sus principales colaboradores era el actual canciller, Roberto Velasco.
No había duda de la violación de la Ley de Seguridad Nacional, pero la presidenta fue quitando gradualmente responsabilidad a la gobernadora hasta que ahora, entregada la cabeza de Jáuregui, la exoneró de toda culpabilidad. Como cabeza de gobierno –la fiscalía estatal no es autónoma–, tendría que haberse actuado contra Campos con la ley en la mano, iniciar un juicio de procedencia para destituirla y proceder por el delito de traición a la patria. Lo que sucedió es que una puso el jabón y la otra se lavó las manos. Que pague Jáuregui por todos en este caso de justicia selectiva, tan practicada por sucesivos gobiernos mexicanos.
La diferencia entre el antes y el después es el cinismo con el que en la actualidad se realiza la justicia selectiva. Chihuahua es sólo una simulación de aplicación de la ley, que no es tal ni en el estado ni en otros casos paradigmáticos: el ofrecimiento de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, para dar información de seguridad a Estados Unidos para resolver sus problemas criminales, lo que la muestra como delincuente confesa de un delito que permitiría juzgarla por traición a la patria, y la acusación de la Fiscalía General por el mismo delito contra Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, por haber secuestrado y entregado a una autoridad extranjera a Ismael El Mayo Zambada.
Como es de todos conocido, no ha sucedido nada. Aunque Sheinbaum tiene castigada a Ávila, no hay más que defensas públicas para ella. Y sobre Guzmán López nunca se pidió que fuera extraditado para juzgarlo en México. La omisión es confirmación de que aquí la justicia sí es política, más allá de la verborrea mañanera.
