Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y un engranaje polémico dentro del oficialismo, está bajo la lupa de las autoridades de Estados Unidos. Una publicación del periódico estadounidense The New York Times revela que al menos dos agencias de seguridad están analizando acusaciones de posibles vínculos de López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible. Los periodistas citan en su texto a “cinco personas con conocimiento directo de las indagaciones de las agencias, quienes hablaron bajo condición de anonimato”, pero señalan que no se han iniciado investigaciones formales del otro lado de la frontera.
La nota señala también que López Beltrán se ha puesto en contacto con funcionarios de Estados Unidos varias veces este año a través de intermediarios, “pero ambas partes no han mantenido conversaciones formales, según tres personas familiarizadas con las gestiones”.
La publicación ahonda en los motivos que esconde la retirada de la visa de López Beltrán, anunciada a mediados de agosto, sin más detalles que los que publicó la Embajada al día siguiente. “Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas”, escribieron en sus redes sociales, recalcando que la posesión de una visa es un privilegio y no un derecho. Desde entonces, el político ha sido el foco de los ataques de la oposición. Las acusaciones le sitúan como parte de las estructuras de contrabando de combustible en aduanas de los hermanos Farías Laguna en la Marina y como enlace palanca para facilitar contratos a su amigo empresario Jorge Amílcar Olán en la venta de material defectuoso para los proyectos ferroviarios del sexenio de su padre.
Sin embargo, el Gobierno de México y la Fiscalía General de la República han insistido en que no existen pruebas contra López Beltrán. La presidenta ha dado su respaldo al hijo de su mentor político y mecenas, alegando que la retirada de su visa tiene una motivación política y un intento de injerencia en la vida política del país por parte de Estados Unidos. La fiscal general, Ernestina Godoy, aseguró a mediados de este mes que “no había nada”, ni contra el hijo de López Obrador ni contra Amílcar Olán, y por lo tanto no hay órdenes de detención en su contra.
