La Comisión de Atención a las Personas Migrantes realizó una mesa de trabajo para analizar cuatro puntos de acuerdo, todos ellos relacionados con la situación migratoria de guanajuatenses en el extranjero.
Plan Estatal de Atención a Migrantes
El primer punto de acuerdo analizado correspondió al que busca exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que, por conducta de la Secretaría de Derechos Humanos, elabore, apruebe y ponga en operación un Plan Estatal de Atención a Migrantes Guanajuatenses y sus Familias.
De igual manera, para que, por conducción de la Secretaría de Finanzas, realice el análisis y, en su caso, la reorientación de recursos presupuestales suficientes, medibles y verificables para la atención integral de personas migrantes guanajuatenses y sus familias, a fin de fortalecer prioritariamente: reintegración, asesoría y acompañamiento jurídico, reunificación familiar, retorno y atención humanitaria.
Finalmente, para que por medio de la Secretaría de Derechos Humanos se formalice un mecanismo permanente de coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y su red consular, mediante la suscripción de instrumentos de colaboración y una ruta de acción para la atención de las personas migrantes y sus familias de Guanajuato.
El diputado Ernesto Millán Soberanes externó que, mientras la Consejería Jurídica presume disciplina financiera y esquemas de gestión para resultados, la Secretaría de Derechos Humanos reconoció oficialmente que la estrategia de atención migrante carece de una partida presupuestal directa y exclusiva, señalando que una política pública sin recursos etiquetados se reduce a letra muerta.
El legislador contrastó esta falta de asignación con el gasto de más de dos millones de pesos diarios en publicidad gubernamental y las transferencias millonarias a eventos como la Feria de León, advirtiendo que resulta insostenible justificar la negativa de incrementos bajo el argumento de la gestión para resultados cuando no existe certeza presupuestaria.
Fortalecer la protección consular
La siguiente propuesta correspondió a la dirigida a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que fortalezca y ejerza de manera exhaustiva los mecanismos jurídicos, diplomáticos y de protección consular disponibles, con el objeto de garantizar la defensa integral de los derechos humanos de las personas migrantes mexicanas que pudieran ser objeto de actos de abuso, arbitrariedad o uso indebido de la fuerza por parte de agentes del servicio migratorio de los Estados Unidos de América.
De igual manera, para que, en coordinación con las instancias competentes, diseñe e implemente un Plan Familiar de Prevención y una Red de Respuesta Inmediata, orientados a brindar información, acompañamiento y asistencia oportuna a las personas migrantes y sus familias, a fin de complementar y robustecer las estrategias jurídicas y de protección consular del Estado mexicano, bajo un enfoque de derechos humanos, unidad familiar y atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad.
En su intervención, la legisladora Yesenia Rojas Cervantes indicó que el fenómeno migratorio exige un diálogo transversal y coordinado entre todos los órdenes de gobierno para dignificar las condiciones de movilidad humana, reconociendo instrumentos estatales como el Plan Estatal de Desarrollo 2040, el programa presupuestario de la Secretaría de Derechos Humanos y esquemas de reunificación familiar como Mineros de Plata.
Agregó que, frente a la embestida sin precedentes de las políticas de persecución en los Estados Unidos, la opacidad en los centros de detención del ICE y el fallecimiento de connacionales bajo custodia, las acciones institucionales deben evolucionar hacia una respuesta de emergencia articulada y contundente, destacando la gravedad de la separación familiar y el reporte de decenas de miles de menores no acompañados en situación de vulnerabilidad extrema.
El congresista Ernesto Millán Soberanes expresó que la postura demeritoria sobre la política migratoria parte de una premisa incompleta que invisibiliza el trabajo territorial y los resultados tangibles que ya se entregan en beneficio de la comunidad connacional por parte de las autoridades federales.
Precisó que no se puede legislar desde el desconocimiento de las cifras oficiales del Gobierno de México, destacando la inyección extraordinaria de 31 millones de pesos a los 53 consulados en Estados Unidos, con lo que se consolidó una bolsa de más de 500 millones de pesos destinada a la asistencia y protección consular.
Asimismo, detalló los indicadores operativos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señalando la ejecución de alrededor de 30 visitas diarias a centros de detención, más de 40,000 asesorías legales otorgadas, 300,000 casos con acompañamiento consular efectivo, así como atención telefónica permanente 24/7 y herramientas digitales para el acceso a trámites.
Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas
El siguiente punto de acuerdo discutido fue el que busca exhortar al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que coordine la integración y remisión de información a los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, en particular a la Relatoría sobre derechos de las personas migrantes, a fin de activar mecanismos de supervisión internacional que contribuyan a la prevención de violaciones a los derechos humanos y al esclarecimiento de los hechos.
Asimismo, fortalecer la protección consular de personas migrantes mexicanas detenidas en el extranjero mediante mecanismos sistemáticos de seguimiento, activación expedita, acceso efectivo y atención prioritaria a casos que impliquen riesgo a la vida e integridad personal, así como intensificar las gestiones diplomáticas para requerir información completa y oportuna sobre fallecimientos bajo custodia, incorporando este tema como prioridad en la agenda bilateral.
También se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que fortalezcan de manera prioritaria el presupuesto destinado a la protección legal de personas migrantes mexicanas en el exterior, reconociendo que la asistencia jurídica efectiva es un componente esencial de la protección consular. Ello implica garantizar recursos suficientes para la contratación de representación legal especializada, la atención de casos de alto riesgo —particularmente en situaciones de detención— y el acompañamiento integral a víctimas y sus familias, en congruencia con la obligación del Estado mexicano de proteger la vida, la integridad y el acceso a la justicia de sus connacionales fuera del territorio nacional.
Y a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para que convoque a un proceso de diálogo y análisis orientado a impulsar reformas que fortalezcan las obligaciones de protección consular, incorporando estándares de actuación reforzada en casos de detención y riesgo a la vida e integridad de personas mexicanas en el exterior.
Además, para que promueva el establecimiento de mecanismos de seguimiento y control parlamentario que permitan evaluar de manera periódica la actuación de la política exterior en materia de protección a personas migrantes.
El diputado Ernesto Millán Soberanes comentó que la pérdida de vidas de connacionales en centros de detención y operativos en Estados Unidos debe abordarse con profundo respeto y sin lucrar políticamente con el dolor de las familias, manifestando que el exhorto analizado parte de la premisa errónea de una supuesta inacción institucional.
También, dijo que los procedimientos especiales internacionales de derechos humanos no dependen de peticiones legislativas, sino de mecanismos centrados en víctimas, personas u organizaciones civiles directamente agraviadas, por lo que resulta improcedente intentar dictar rutas que la cancillería ya opera cotidianamente.
La legisladora Yesenia Rojas Cervantes manifestó que los documentos y las cifras oficiales no reflejan las injusticias reales y el desamparo que enfrentan las y los paisanos en las sedes consulares, citando casos recientes de detención y deportación expedita donde la representación diplomática omite una defensa legal efectiva.
Además, denunció casos extremos de desatención institucional por horarios administrativos durante fines de semana ante situaciones de separación familiar y detención de menores, concluyendo que se deben superar las divisiones políticas para defender con firmeza jurídica y presupuestal a los millones de connacionales en el exterior, haciendo valer las conquistas históricas de la comunidad binacional frente a cualquier intento de regresión o menoscabo en sus derechos humanos y de ciudadanía.
Ampliación Presupuestaria Líquida y Extraordinaria a las partidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Finalmente, se habló acerca de la propuesta dirigida al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, instruya una Ampliación Presupuestaria Líquida y Extraordinaria a las partidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la finalidad de dotar de suficiencia financiera y capacidad operativa real a la red consular ante las acciones en contra la comunidad migrante.
De igual manera para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores fortalezca la protección consular mediante mecanismos sistemáticos de seguimiento, visitas periódicas a centros de detención, evaluación de condiciones de salud y atención prioritaria a casos que impliquen un riesgo inminente a la vida o integridad de las personas migrantes.
También a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión para que, en ejercicio de sus facultades exclusivas en materia de política exterior, convoque a un proceso de diálogo y análisis plural con instituciones académicas, organismos de derechos humanos y sociedad civil, orientado a impulsar reformas que robustezcan las obligaciones de protección consular e incorporen estándares de actuación reforzada en casos de detención y promueva el establecimiento de mecanismos de seguimiento y control parlamentario que evalúen periódicamente la eficacia de la política exterior en la materia.
El congresista Ernesto Millán Soberanes señaló que la propuesta de punto de acuerdo tiene un trasfondo de golpeteo partidista orientado a descalificar y minimizar los esfuerzos y resultados del Gobierno de México en materia migratoria, señalando que mientras no se asuma la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, será inviable resolver la problemática.
De igual forma, reprochó la falta de reciprocidad a nivel estatal, donde se regatean presupuestos y programas a la Subsecretaría del Migrante, concluyendo con el compromiso de mantener una defensa firme de los derechos de las y los guanajuatenses frente al abandono institucional local.
La diputada Yesenia Rojas Cervantes cuestionó la falta de visibilidad y compromiso real de las autoridades federales hacia la comunidad de Guanajuato en el extranjero por las cuestiones que involucran una falta de interés desde la titularidad del Instituto de Mexicanos y Mexicanas en el Exterior, junto con señalar que las cifras de escritorio no corresponden a la realidad que enfrentan más de 40 millones de connacionales.
Precisó que, al ser hija de padres campesinos y migrante, conoce de primera mano las carencias del sistema consular, manifestando que es sencillo elaborar informes para la presidencia de la República, pero es distinto encarar la persecución y el desamparo cotidiano en territorio estadounidense, por lo que hizo un llamado a superar la retórica y trabajar en unidad por las familias binacionales.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Yesenia Rojas Cervantes (presidenta) y los diputados Ernesto Millán Soberanes y Roberto Carlos Terán Ramos; así como asesores de los diferentes grupos parlamentarios; y personal de las distintas áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.
