En el campo de la desaparición de personas, “la búsqueda debe ser permanente, la investigación debe ser continua y la justicia debe ser una obligación del Estado, no una carga adicional para las familias”, afirmó la diputada Rocío Cervantes.
Con esos términos reflejó la esencia de una iniciativa de reforma a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas a fin de que las tareas para localizar a un ser querido no sean afectadas por una rotación constante del personal adscrito a las fiscalías especializadas en desaparición de personas.
Anotó que la rotación constante de ese personal especializado puede parecer un asunto administrativo, o un tema interno de organización institucional, y detalló por qué no se trata tampoco solamente del cambio de nombre en un escritorio.
Explicó que un cambio de persona al frente de una investigación significa “volver a empezar, explicar nuevamente años de búsqueda, reconstruir desde cero una relación de confianza con la autoridad, volver a compartir información sensible y esperar meses para que conozca el contexto del caso”.
“El problema es que, mientras las instituciones vuelven a comenzar, las familias siguen esperando respuestas”, resumió y luego refirió que los medios han documentado casos de madres buscadoras que han señalado haber tenido múltiples agentes del Ministerio Público en una misma carpeta de investigación.
Dio cifras de personas desaparecidas en México y en nuestra entidad, 135 mil y 5 mil 652, respectivamente, y sostuvo que, si bien la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas local establecen la obligación de contar con fiscalías especializadas y de capacitar permanentemente a su personal, hay una contradicción que no puede ignorarse:
Por un lado, el Estado invierte recursos en la formación y especialización de ministerios públicos, peritos, policías de investigación y demás personal adscrito a las fiscalías especializadas; pero, por otro, ese mismo personal “con frecuencia es reubicado, sustituido o removido, perdiéndose buena parte del capital humano que tanto costó construir”.
“Eso no sólo afecta a las investigaciones, también la eficiencia institucional, el aprovechamiento de recursos públicos y los resultados que la sociedad espera”, apuntó.
Agregó que organismos como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reconocido la importancia de garantizar la continuidad de las investigaciones, y de la estabilidad del personal especializado en tanto que fortalece la memoria institucional y evita afectaciones en el acceso a la justicia.
Cervantes Barba indicó que lo que propone con su iniciativa es que la propia Fiscalía General del Estado (FGE) genere una política pública orientada a minimizar la rotación del personal especializado en búsqueda de personas, fortalecer su permanencia y preservar la continuidad de las investigaciones.
Remarcó que, si las madres no abandonan la búsqueda de sus seres queridos, las y los legisladores tampoco deben abandonar la obligación de perfeccionar las instituciones competentes, para luego precisar que la reforma que propone no resolverá por sí sola la crisis de desapariciones, aunque resaltó que “sí puede corregir una falla estructural que hoy obstaculiza investigaciones, genera retrasos y debilita la confianza de las víctimas”.
