En una democracia, las reglas electorales no son meros trámites; son la garantía que aseguran que la competencia por el poder sea justa e institucional. Sin embargo, cuando la violación a estas normas se vuelve cotidiana, y los organismos responsables de que se cumplan voltean hacia otro lado, el sistema democrático corre el riesgo de vaciarse de contenido. Es urgente el llamado a la responsabilidad ciudadana.
Hay voces que han descrito en 4K y con precisión técnica cómo se ha construido esta crisis. El problema no radica únicamente en las campañas anticipadas disfrazadas de "coordinaciones" o “defensores” o vaya usted a saber que nombre se les ocurra a los partidos políticos. El verdadero peligro es el fraude a la ley. Este concepto, que suena complejo, es en realidad una simulación: se utiliza una norma formal (como el derecho de autoorganización de los partidos), para eludir la aplicación de otra ley prohibitiva (los tiempos legales de precampaña). Ya en su momento la exmagistrada Janine Otálora ha denunciado que el propio Tribunal Electoral, al validar estas conductas a través de criterios laxos como los "equivalentes funcionales", construyó una "verdad paralela a la realidad legal". El riesgo de esta desinformación institucional es profundo: confunde a la ciudadanía y dinamita la confianza pública.
Ante este panorama de simulación y de un arbitraje que sistemáticamente "llega tarde" a aplicar las sanciones, es necesario alertar sobre un síntoma tanto o más alarmante: el adormecimiento de la opinión pública. Cuando las violaciones de la coalición o el partido gobernante son imitadas por la oposición bajo una lógica pragmática, la trampa se cierra. La ciudadanía comienza a asimilar la ilegalidad como la "nueva normalidad".
Y no hablamos de un árbitro dormido, sino de una cadena completa de modorras administrativas. El INE, con toda su estructura y sus millones de pesos de presupuesto, ha preferido en ocasiones el silencio antes que la sanción incomoda. A nivel local, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato no canta mal las rancheras: la vigilancia, hasta el momento*, de los tiempos de precampaña en Guanajuato ha mostrado la misma parálisis reactiva, esa costumbre de mirar hacia otro lado hasta que la denuncia ciudadana o mediática obliga a moverse. Un árbitro que decide no pitar una falta también está decidiendo, y esa decisión —tolerar, demorar, mirar para otro lado— tiene consecuencias tan políticas como cualquier resolución expresa. Que el IEEG se refugie en su naturaleza "técnica" para explicar por qué no actúa a tiempo es, en el fondo, un ejercicio de ventriloquía institucional: hablar de imparcialidad mientras se practica la omisión, y esconder detrás de la neutralidad de manual lo que en realidad es una elección deliberada sobre a quién le conviene el retraso. El Tribunal Electoral, por su parte, terminará validando con tecnicismos jurídicos lo que a simple vista cualquiera ciudadano podría reconocer como trampa. No es que falten leyes; falta la voluntad de aplicarlas a tiempo, y esa falta de voluntad, de compromiso con la ciudadanía, sostenida durante varios procesos electorales, ya no es accidente: es método.
¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos ante esta normalización? ¿Debemos acaso resignarnos y acostumbrarnos a esta cultura de la transgresión? En términos pedagógicos, la ciudadanía, usted como lector y desde acá como redactor, no somos, o no deberíamos ser, espectadores pasivos; la ciudadanía no puede sustituir al árbitro electoral, pero tampoco puede renunciar a vigilarlo. En esa idea, ante la inacción de las autoridades electorales principalmente, el camino es la apropiación de la conversación pública. Las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía organizada deben utilizar todos los espacios posibles para señalar, denunciar y subrayar constantemente qué reglas se están violando.
Asimismo, es necesario exigir reformas que simplifiquen el marco legal. La sobrerregulación extrema, se ha dicho bastante, no genera orden, sino que funciona como un guiño discreto, casi de buena educación, para que la norma se rompa sin escándalo ni testigos. Necesitamos reglas claras y sencillas que la ciudadanía pueda vigilar con facilidad.
La salud de nuestra democracia no depende solo de que los tribunales apliquen la ley, sino de nuestra capacidad colectiva para indignarnos ante su desprecio. Mantener viva la memoria y la exigencia de una cancha pareja es la verdadera defensa del pluralismo. Y si de memoria hablamos, conviene no hacerse el desmemoriado: esta ciudad, este estado, este país, ya supo alguna vez cómo se vigila a un árbitro.
En este contexto no puedo cerrar este texto sin referirme a que uno de los hechos notables de los años 90 del siglo pasado fue la observación electoral iniciada por organizaciones de la sociedad civil. Hoy, ante el triste espectáculo de árbitros electorales que parecen haber olvidado que su obligación no es administrar la comodidad de los contendientes, sino hacer valer las reglas, es indispensable la renovación de esa práctica. Ello, sin duda, debe abonar para retomar elecciones equitativas y confiables.
*El 31 de agosto de 2026 el Consejo General del IEEG aprobó el Reglamento de Precampañas para el proceso electoral 2026-2027, vigente a partir del 7 de septiembre. La aprobación de reglas no debe confundirse con su cumplimiento; de ahí el señalamiento de este texto.
