Con un discurso centrado en los resultados que su administración presenta como avances de la llamada Cuarta Transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rindió este martes 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional, en un mensaje en el que la economía, la seguridad pública, los programas sociales y la relación con Estados Unidos ocuparon buena parte de la exposición.
Ante integrantes de su gabinete, gobernadores, legisladores e invitados especiales, la mandataria sostuvo que México mantiene estabilidad económica pese al escenario internacional, que la estrategia de seguridad ha permitido disminuir de manera significativa los homicidios dolosos y que los programas sociales constituyen ya una política de Estado.
Pero el mensaje presidencial también dejó fuera de la narrativa oficial varios de los asuntos más delicados que han marcado la agenda nacional durante los últimos meses: las acusaciones de presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales, la dimensión de la deuda pública, la composición de la inversión extranjera directa y la persistencia de redes dedicadas al contrabando de combustibles, incluido el denominado huachicol fiscal.
El informe escrito entregado al Congreso consta de mil 342 páginas y está dividido en cuatro grandes apartados: gobierno y justicia; bienestar; prosperidad compartida, y desarrollo sustentable.
Economía: estabilidad como bandera
Sheinbaum presentó un balance favorable de la economía mexicana. Aseguró que, pese a las presiones internacionales, particularmente las derivadas de la política arancelaria estadounidense y del conflicto internacional que ha presionado los precios energéticos, México conserva estabilidad.
La presidenta destacó el comportamiento del peso, la inflación, el empleo, el salario mínimo y la inversión extranjera directa. Su argumento central fue que el modelo económico de su administración busca combinar disciplina fiscal, inversión pública y redistribución de la riqueza.
Uno de los elementos más repetidos fue el incremento del salario mínimo. Para 2026, el salario mínimo general se ubicó en 315.04 pesos diarios, mientras que en la frontera norte alcanzó 440.87 pesos; el Gobierno Federal sostiene que el poder adquisitivo del salario mínimo aumentó 154 por ciento en términos reales desde 2018.
La mandataria también vinculó estos avances con la llamada “primavera laboral” y con una concepción del Estado como instrumento para disminuir las desigualdades.
En ese punto, el Gobierno Federal sostiene que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, mientras los programas sociales ampliaron su cobertura. Para 2026, la administración federal contempla que 42 millones 860 mil 296 personas reciban algún beneficio de los Programas para el Bienestar, con una inversión superior al billón de pesos.
Sin embargo, la lectura económica del discurso fue predominantemente positiva y dejó en segundo plano algunos de los problemas estructurales que enfrenta el país.
La inversión extranjera directa constituye un ejemplo particularmente relevante. El Gobierno Federal ha celebrado que México alcanzó un récord de IED; no obstante, el dato agregado requiere ser desagregado. La información oficial muestra que una parte importante de esos flujos corresponde a reinversiones de utilidades de empresas que ya operan en México.
En 2025, la Secretaría de Economía reportó 40 mil 871 millones de dólares de IED y señaló que 68 por ciento correspondió a reinversiones, 18 por ciento a nuevas inversiones y 14 por ciento a cuentas entre compañías.
Los datos de Banco de México permiten observar con mayor nitidez el fenómeno: en el primer trimestre de 2026 ingresaron 23 mil 590.6 millones de dólares de inversión directa, pero sólo mil 705.2 millones correspondieron a nuevas inversiones, frente a 22 mil 221.5 millones de reinversiones. En el segundo trimestre, las nuevas inversiones fueron 653.9 millones, frente a 6 mil 870.7 millones de reinversiones.
Por ello, aunque la cifra total de IED es históricamente elevada, el comportamiento de la nueva inversión extranjera, aquella que refleja con mayor claridad la llegada de nuevos proyectos y capitales, representa uno de los indicadores que merecían una explicación más amplia en un ejercicio de rendición de cuentas.
Algo similar ocurre con la deuda. Mientras el discurso puso el acento en la disciplina fiscal, las cifras de Banco de México muestran que al cierre de julio de 2026 la deuda externa bruta del sector público federal ascendía a 246 mil 413 millones de dólares y la deuda interna bruta a 16.288 billones de pesos.
El tema no fue desarrollado por la presidenta como parte central de su balance.
Seguridad: la reducción de homicidios como principal resultado
En materia de seguridad, Sheinbaum colocó la reducción de homicidios dolosos como uno de los principales indicadores de su administración.
De acuerdo con cifras oficiales, el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 42.5 en julio de 2026, una reducción de 51 por ciento. El Gobierno Federal también reporta disminuciones en delitos como robo de vehículos y robo al autotransporte.
La presidenta atribuyó estos resultados a la Estrategia Nacional de Seguridad y a la coordinación entre las instituciones federales, además de reconocer al gabinete encabezado por los titulares de Seguridad, Defensa, Marina y Gobernación.
También defendió la reforma judicial y sostuvo que “la seguridad es fruto de la justicia”, vinculando los resultados de seguridad con la renovación del Poder Judicial.
El dato de homicidios representa un avance importante y constituye uno de los puntos fuertes de la narrativa presidencial. Sin embargo, el problema de la seguridad nacional rebasa ese indicador.
El crimen organizado mantiene presencia territorial, capacidad financiera y redes de corrupción que alcanzan actividades legales e ilegales. Entre ellas se encuentra el robo y contrabando de combustibles.
La propia presidenta había reconocido meses atrás que el denominado huachicol fiscal involucra mecanismos para introducir combustible al país sin pagar los impuestos correspondientes, mediante subdeclaraciones de volumen o falsificación del producto importado. También señaló entonces que existían investigaciones de la Fiscalía y que se habían realizado detenciones de empresarios vinculados con estas operaciones.
Precisamente por ello, resulta significativo que en el gran balance presidencial no hubiera un desarrollo específico sobre la dimensión política y económica de esas redes, ni sobre la responsabilidad de funcionarios, agentes aduanales, empresarios o servidores públicos que pudieran facilitar su operación.
La narcopolítica, un asunto que quedó fuera
Uno de los silencios más relevantes del discurso fue el relativo a las acusaciones sobre posibles vínculos entre integrantes de la clase política y organizaciones criminales.
El asunto adquirió particular relevancia durante los últimos meses con el caso de Sinaloa y las acusaciones estadounidenses contra el ahora exgobernador Rubén Rocha Moya, además de investigaciones que han alcanzado a otros funcionarios y actores políticos.
El caso no es menor para un gobierno que ha colocado la defensa de la soberanía como uno de los ejes de su política exterior. De hecho, análisis recientes han señalado que las acusaciones de vínculos entre políticos mexicanos y el narcotráfico han convertido a la llamada narcopolítica en uno de los principales puntos de tensión entre México y Estados Unidos.
Sheinbaum sí habló de combate a la corrupción y de honestidad, pero no dedicó una explicación específica a cómo pretende impedir que organizaciones criminales penetren estructuras políticas, gobiernos locales o procesos electorales.
La ausencia adquiere mayor peso porque la propia administración ha reconocido la existencia de investigaciones relacionadas con la colusión entre autoridades y delincuencia.
La pregunta que quedó abierta es de carácter institucional: ¿cómo garantizar que la lucha contra los grupos criminales no se limite a detener operadores y decomisar drogas o armas, sino que alcance también a las redes políticas, empresariales y administrativas que les permiten operar?
Estados Unidos: cooperación, pero sin subordinación
La política exterior tuvo como uno de sus principales protagonistas a Estados Unidos.
Sheinbaum reconoció que la relación con el gobierno de Donald Trump ha atravesado dificultades, pero defendió el diálogo y la cooperación como instrumentos para enfrentar problemas comunes.
Su definición política fue contundente: México puede cooperar con Washington, pero no aceptará subordinación.
La presidenta sostuvo que la cooperación no significa sometimiento y que la amistad entre países no implica renunciar a los principios nacionales. Aseguró que mientras ocupe la Presidencia defenderá la soberanía, la libertad y la independencia de México.
El planteamiento ocurre en un contexto especialmente delicado por los aranceles estadounidenses, la revisión del T-MEC, la migración y la presión de Washington para que México incremente sus acciones contra el narcotráfico.
El informe escrito señala que durante el periodo reportado se fortaleció la relación bilateral y que Sheinbaum sostuvo numerosas conversaciones telefónicas con Trump. El documento también destaca la cooperación en seguridad fronteriza, intercambio de información, combate a las finanzas ilícitas, tráfico de combustible, extorsión y tráfico de armas.
La estrategia presidencial consiste así en sostener simultáneamente dos mensajes: cooperación operativa con Estados Unidos y rechazo a cualquier forma de intervención o presión que pueda interpretarse como subordinación.
Es una posición políticamente compleja, particularmente cuando parte de las presiones estadounidenses se relacionan precisamente con fenómenos que México debe resolver internamente: narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas, corrupción y penetración criminal en instituciones.
Desarrollo social: el corazón político del mensaje
La política social ocupó un espacio considerable en el discurso.
Sheinbaum presentó los Programas para el Bienestar como derechos sociales y no como ayudas discrecionales. Destacó las pensiones para adultos mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, las becas, los apoyos para personas con discapacidad, los programas de vivienda y las acciones en educación y salud.
El Gobierno Federal prevé que al cierre de 2026 los programas sociales alcancen a más de 42 millones de beneficiarios, con un presupuesto superior al billón de pesos.
La presidenta presentó este modelo como una transformación de la función del Estado: no limitarse a observar las desigualdades, sino intervenir para reducirlas.
En la misma lógica ubicó el incremento salarial y la expansión de derechos laborales, como la reducción gradual de la jornada laboral hacia las 40 horas.
Y también hubo espacio para Morena
Aunque la tribuna estaba destinada formalmente a la rendición de cuentas sobre el estado de la administración pública, el discurso presidencial no se limitó a los resultados gubernamentales.
Hacia el final, Sheinbaum lanzó un mensaje inequívocamente político al interior de la Cuarta Transformación.
“Que nadie se equivoque: aquí no hay divisiones, no hay rompimientos”, afirmó, para añadir que lo único que existe es la defensa del pueblo de México y su dignidad.
La afirmación cobra especial relevancia por las tensiones recientes dentro de Morena y por la disputa anticipada en torno a las elecciones de 2027.
La presidenta también llamó a sus correligionarios a conducirse con honestidad, mesura y austeridad, retomando principios atribuidos al fundador del movimiento, Andrés Manuel López Obrador.
De esta manera, la tribuna presidencial terminó funcionando también como espacio para enviar un mensaje de cohesión interna, en un momento en que el oficialismo enfrenta cuestionamientos por disputas internas, acusaciones de corrupción y diferencias entre grupos políticos.
Un balance con luces y zonas de sombra
El Segundo Informe de Claudia Sheinbaum ofreció una lectura definida de los primeros 23 meses de su administración: estabilidad económica, recuperación salarial, expansión de los programas sociales, reducción de homicidios y una política exterior basada en la defensa de la soberanía.
Los datos oficiales respaldan varios de los avances destacados por la presidenta, particularmente en materia salarial, cobertura social y reducción de homicidios.
Pero una rendición de cuentas también se mide por los problemas que enfrenta y por las preguntas que está dispuesta a responder.
En ese terreno quedaron pendientes explicaciones sobre la composición real de la inversión extranjera, particularmente la nueva inversión; el crecimiento y estructura de la deuda; la penetración del crimen organizado en actividades económicas como el huachicol y el huachicol fiscal; y, sobre todo, las acusaciones y riesgos asociados con la eventual penetración de intereses criminales en las instituciones políticas.
El caso de Sinaloa y las presiones provenientes de Washington muestran que estos asuntos ya no pueden ser considerados fenómenos marginales.
La presidenta concluyó reivindicando la fortaleza del Estado mexicano y la unidad de su movimiento. El mensaje fue claro: México, dijo, mantiene el rumbo y no aceptará subordinaciones externas.
El desafío para el tercer año de gobierno será demostrar que esa fortaleza también alcanza para enfrentar, dentro de casa, las zonas donde se cruzan delincuencia organizada, corrupción, intereses económicos y poder político.
