Para fortalecer la sostenibilidad apícola en el estado, la diputada del Grupo Parlamentario del PRI, Rocío Cervantes ha presentado una iniciativa destinada a sancionar la producción y comercialización de miel de abeja adulterada. Esta propuesta incluye reformas y adiciones a ocho artículos de la Ley para la Protección de las Abejas y el Desarrollo Apícola, con el objetivo de reducir, en la medida de lo posible, la oferta de miel “rebajada” o adulterada que se presenta como un producto 100% puro.
Pensada en las dificultades que enfrentan los productores, varios de los cuales estuvieron presentes en la sesión de la Diputación Permanente, la iniciativa contempla la prohibición expresa de la producción y venta de miel adulterada. Aquellos que participen en estas actividades, que perjudican la sostenibilidad del sector, estarán sujetos a multas equivalentes de 10 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
En su exposición, Cervantes Barba subrayó que el objetivo principal es asegurar la sostenibilidad de la apicultura al apoyar a los apicultores a que puedan vender su miel a un precio que les permita recuperar sus inversiones y gastos operativos, evitando así que se vean obligados a malbaratar su producto original.
La diputada también destacó que quienes comercializan miel adulterada lo hacen a precios por debajo de los del mercado formal. Para maximizar sus ganancias, reutilizan frascos de marcas reconocidas, emplean etiquetas engañosas con imágenes de abejas, e incluso introducen panales o abejas muertas para engañar al consumidor. Esta competencia desleal no solo afecta a los apicultores, sino que también pone en riesgo la salud de los consumidores, quienes reciben un producto de menor calidad nutricional, adulterado con jarabes, agua u otros componentes, y son víctimas de un fraude si se les vende como miel pura.
La reforma propuesta también otorga al Comité de Productores Apícolas la facultad de participar en mecanismos de denuncia relacionados con la comercialización de miel adulterada y de reportar cualquier otra circunstancia que afecte la sostenibilidad del sector.
Además, la iniciativa busca establecer la necesidad de desarrollar políticas públicas a través de la Secretaría del Campo, con el fin de mitigar la vulnerabilidad de la cadena de producción y prevenir la comercialización de miel adulterada. También se propone apoyar programas que faciliten la diversificación de la comercialización de otros productos de la colmena y la imposición de sanciones cuando se detecte la venta de miel falsa.
Finalmente, la ley incluirá la obligación para los apicultores de cumplir con disposiciones éticas que les prohíban fomentar, permitir o participar en la producción o comercialización de miel adulterada, así como cualquier acción que ponga en riesgo la sostenibilidad apícola.
