En la madrugada de este miércoles, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley general para el fortalecimiento y armonización catastral y registral que, explicó el dictamen avalado, fortalecerá la capacidad recaudatoria de los municipios, “pues la base fiscal se amplía al actualizar el catastro y registrar los predios faltantes”, lo cual aumentará los recursos para la inversión locales.
Esta definición abrió un amplio debate entre la mayoría y la oposición –en el cual hizo mutis el PVEM, uno de los dos aliados de Morena-- sobre el alcance recaudatorio de la ley. Panistas y priístas señalaron que ello se traducirá en un aumento del impuesto predial, mientras diputados de Morena respondieron que no habrá aumento del gravamen.
Desde la tribuna, PAN y PRI hablaron incluso de “un predialazo”, porque en la iniciativa presidencial, que se respaldó sin cambios, se argumentó que “la actualización de los valores catastrales, la incorporación de los predios que hoy no están inscritos y la habilitación del pago digital del impuesto predial amplían la base gravable y reducen el costo de cumplimiento para las personas contribuyentes, sin necesidad de crear o modificar la arquitectura de contribuciones”.
Según el PAN y el PRI, el predial se calcula con la base del valor catastral de los inmuebles y si se actualiza hacia el valor comercial, se pagará más, aunque la tasa siga igual y ello tendrá efectos recaudatorios.
El coordinador priísta, Rubén Moreira, afirmó que, si bien en el articulado de la ley no se prevé una actualización del valor catastral, sí se plantea en la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo. Hay que recordar, abundó, que los dictámenes se aprueban a partir de dicha exposición y esta es vinculante. “Ahí está la trampa”, subrayó.
Durante la discusión en lo particular, se aprobó una reserva presentada por Elena Edith Segura (Morena), para permitir que las autoridades colaboren y se coordinen con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía “como organismo público autónomo de carácter técnico para el cumplimiento” de la ley.
Tras una larga jornada en San Lázaro, en la cual antes se habían aprobado los dictámenes relacionados con las leyes de Economía Digital y Aduanera, la nueva norma fue aprobada después de las tres de la mañana por 299 votos en favor, de Morena y sus aliados, y 92 en contra, de PAN, PRI y MC. En la votación final, 37 legisladores guindas ya no estaban presentes, así como más de la mitad de los blanquiazules. Fue enviada al Senado para la continuación de su trámite legislativo.
Con la ley, se centralizará en la federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), las políticas en materia catastral, que actualmente son atribución de los municipios, que deberán aplicar las nuevas disposiciones de carácter federal, sin dejar de cobrar el predial.
En el dictamen, se confirma que la Sedatu tendrá entre sus atribuciones, supervisar las acciones de modernización registral y catastral; emitir los lineamientos, guías y manuales necesarios para el cumplimiento de la ley y “las demás que se establezcan en la ley y otras disposiciones jurídicas aplicables”.
Mientras que la ATDT diseñará y emitirá los modelos para la homologación del catastro; desarrollar, habilitar y administras las plataformas; habilitar los accesos a las autoridades catastrales y registrales de las plataformas; habilitar las herramientas tecnológicas para que implementen los medios de pago electrónicos o digitales; y supervisar que mantengan autorizada su cartografía catastral.
Asimismo, la agencia coordinará con la Sedatu, estados y municipios la implementación del plan nacional catastral, un instrumento para desarrollar y fortalecer los catastros, homologar procesos y requisitos y la actualización permanente de la información catastral.
La ley incluye la figura de Clave única Catastral para “identificar, de manera inequívoca, cada inmueble para facilitar la integración, actualización y consulta de la información catastral en la Plataforma Catastral Municipal, y su vinculación con el folio real de cada predio o unidad inmobiliaria”.
Además, se obligará a estados y municipios a operar las disposiciones de la ley con sus propios presupuestos, y antes del 31 de diciembre de 2026, debido a que la ley prevé que el gobierno federal conducirá la política catastral y de diseño de las plataformas digitales con el presupuesto que ya tienen autorizadas la Sedatu y la ATDT.
Valor catastral, el detalle: PRI
Desde la tribuna, el priísta Arturo Yáñez advirtió que la nueva ley “es el predialazo de Morena”, pues “este dictamen habla de ampliar la base gravable del predial. Y ahí está el detalle, porque el predial se calcula como referencia, entre otras cosas, con el valor catastral de tu propiedad”.
Yáñez también enfatizó que la nueva norma ordena digitalizar el catastro sin pensar en los municipios que tienen “sistemas antiguos y recursos limitados”, al tiempo que señaló al bloque de mayoría de querer “convertir al municipio en una oficialía de partes del Gobierno Federal”.
Por su parte, la panista Carmen Alonso también insistió en el término de “predialazo” y consideró la propuesta presidencial como “un silencioso ataque a la propiedad privada”.
Alertó que en la iniciativa se prevé que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones administraría plataformas y estándares que deben adoptar las autoridades locales, por lo que en los hechos la ley “no respeta la autonomía municipal, y además obliga, a los municipios sin recursos” a adoptar forzosamente dicha plataforma nacional.
Su compañera de bancada Nancy Olguín alertó que la iniciativa busca “subordinar a los gobiernos locales, imponerles modelos obligatorios desde el centro y fiscalizarlos bajo amenaza de sanción si no se someten. Además, imponen todas estas obligaciones tecnológicas a los municipios sin asignarles un solo peso de presupuesto federal, obligándoles a pagar la infraestructura con sus propios recursos”.
Todo ello, dijo, “para meter mano en la gestión del impuesto predial, disfrazando de tecnología un voraz afán recaudatorio sobre la vivienda de las familias. Esta medida afectará directamente a cada mexicano al concentrar un poder desmedido y alarmante de la Agencia de Transformación Digital”.
“No es ley centralista”
Al argumentar en favor de la iniciativa, la petista Nora Merino rechazó los señalamientos de la oposición en el sentido de que el verdadero propósito sea cobrar más por el impuesto predial. “Díganme dónde dice que se aumenta la base gravable. ¿Dónde dice que se aumenta la tasa? ¿Dónde dice cuánto más va a pagar un propietario? No lo dice, porque no existe ese artículo. Que un catastro tenga información más precisa no significa que automáticamente aumente el impuesto”.
Del mismo grupo parlamentario, Ricardo Mejía Berdeja subrayó que el propósito de la recién creada ley es “contar con información confiable sobre los patrimonios inmobiliarios y las instituciones que brindan certeza jurídica a la propiedad”.
De igual manera, aseguró que la nueva norma permitirá a los catastros y los registros públicos compartir información de manera segura y corregir posibles casos de corrupción o irregularidades.
Los problemas generados por malos deslindes, dobles registros o doble escrituración, alertó, en muchas ocasiones facilitan intentos de despojo, además de impedir que los municipios cobren adecuadamente el impuesto predial.
Para resolverlo, la nueva ley “establece planes nacionales y criterios comunes para los trámites y herramientas digitales que faciliten la coordinación entre autoridades. Habrá una clave única catastral que permitirá identificar cada inmueble. Esto será una especie de CURP para cada inmueble, para que no haya que aparece un mismo inmueble con dos propiedades”.
En ese sentido, aseguró que la propuesta del Ejecutivo respeta los principios del federalismo y la autonomía de cada localidad, pues establece “un mecanismo de coordinación tecnológica”, pero la gestión y el uso de la información sigue bajo la competencia de los estados y los municipios.
“Lo que se plantea es coordinación, no centralización. Compartir herramientas, estandarizar los registros no significa sustituir a los gobiernos locales. Esta ley no crea nuevos impuestos ni transfiere a la Federación la recaudación del predial”, dijo.
Luis Enrique Martínez, también del PT, señaló que en muchas ocasiones los gobiernos no cobran el predial únicamente por cuestiones electorales, para no recibir un voto de castigo.
