La presidenta Claudia Sheinbaum arrancó muy mal la semana pasada, y terminó peor. Se amaneció el lunes con la revelación del columnista de El Universal, Héctor de Mauleón, de una grabación donde la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, revelaba su intención de negociar con Estados Unidos la cancelación de su visa por probables vínculos con el crimen organizado. Y el sábado se durmió con la revelación de The New York Times que una decena de gobernadores y legisladores, principalmente de Morena, se acercaron a autoridades estadounidenses para ofrecerse como informantes.
La “ciencia ficción” con la que trató de descalificar y desacreditar Sheinbaum adelantos en los medios, en particular en este espacio, sobre los objetivos de las investigaciones de Estados Unidos –de lo que había sido informada por Washington–, se volvió tangible para la opinión pública con estas nuevas revelaciones que tienen, como prueba de verosimilitud, la grabación de la gobernadora y que se haya publicado en un medio estadounidense.
Conociendo los arranques de la presidenta, probablemente provocó su ira, pero en el fondo, ninguna de las figuras de Morena tiene incentivos para cerrar filas con la ‘4T’, porque la disyuntiva es ser capturados como hizo un comando estadounidense con Ismael El Mayo Zambada, o negociar su situación legal a costa de dar detalles sobre lo que vieron y vivieron durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus relaciones con los cárteles.
El objetivo de Estados Unidos es el gobierno de López Obrador, que cada vez queda más evidenciado que construyó la fuerza electoral de Morena con dinero del narcotráfico, particularmente del Cártel de Sinaloa, y la movilización del crimen organizado en apoyo a candidatas y candidatos de su partido. Las frecuentes revelaciones de esos respaldos llevarán hacia un futuro análisis, ante la necesidad de más información, sobre la cual fue el combustible que realmente permitió los tsunamis electorales de Morena, y determinar si fue el crimen organizado solo en 2018 y junto con los programas sociales en 2024, los impulsores del voto.
La participación del crimen organizado en los procesos electorales no es del total desconocimiento de la presidenta, a quien le entregaron en su campaña presidencial un informe de la DEA y la Marina sobre la red del huachicol de Sergio Carmona, en donde figuraba prominentemente el entonces líder de Morena y actualmente secretario de Educación, Mario Delgado, y el mapa de cómo se financiaron las campañas para gobernador de las dos Baja Californias, Michoacán, Nayarit, Nuevo León -la única que perdió-, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas con dinero sucio.
Las investigaciones estadounidenses son más amplias. Hay dos sobre el apoyo financiero de Venezuela e Irán a las campañas presidenciales de López Obrador en 2006, 2012 y 2018, y una que se detectó durante el seguimiento de lavado de dinero entre el Cártel de Sinaloa y el gobierno de Nicolás Maduro en Puerto Rico, por una intercepción telefónica que reveló una conexión con la Presidencia obradorista. Hay otras más recientes, con las aportaciones de Zambada, Los Chapitos, y Hugo Carvajal, que fue jefe de inteligencia de Hugo Chávez y actualmente es testigo cooperante de Estados Unidos.
Estados Unidos tiene un abanico de posibilidades para atacar la narcopolítica en México, y las presiones que han hecho contra el gobierno mexicano provocaron una externalidad: la urgencia de algunos políticos por llegar a un acuerdo de cooperación con la Administración Trump. The New York Times lo planteó el sábado: “Tras bastidores, las conversaciones entre algunos miembros de su partido (de Sheinbaum) y las autoridades estadounidenses podrían dar a Estados Unidos un impulso decisivo en un momento delicado de las relaciones entre los dos países, lo que profundizaría el enfrentamiento entre ellos”.
Sheinbaum apostó al choque, lo que pareció una decisión temeraria considerando la asimetría de fuerzas y la debilidad de tener que defender a un gobierno como el de López Obrador con tantas vulnerabilidades. Tampoco cedió a las presiones de los duros, porque ella también pertenece al ala radical de la ‘4T’. De ahí la defensa a políticos como el senador Adán Augusto López, con quien mantiene una disputa por el poder que se está centrando en Chihuahua –en otras columnas se detallará ese conflicto–, y que es el principal objetivo prioritario de Washington, en función del número de veces que le han planteado los estadounidenses que le abra un proceso penal.
La defensa de López es similar a la efectuada con el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, por el temor de que, en caso de que fueran extraditados a Estados Unidos, comenzaran a cooperar con los fiscales y alumbrar lo que en Washington saben con datos de inteligencia pero necesitan judicializar: que todos los caminos que conducen a la intersección de Morena con el crimen organizado fueron autorizados por López Obrador.
Las primeras señales de que tenía un trato de excepción con los cárteles se expuso en este espacio durante su campaña presidencial en 2018, cuando se describió cómo pasaba sin problemas y con una especie de salvoconducto, los retenes de diferentes organizaciones criminales en Tamaulipas y San Luis Potosí. Su política laxa y complaciente con los cárteles generó fuertes sospechas de complicidad con los criminales.
Sheinbaum no quiere que esa escalera siga avanzando hasta Palenque, no solo por el cariño y agradecimiento que le tiene López Obrador, sino por su convencimiento, de acuerdo con fuentes que la han escuchado, de que ello acabaría con el movimiento de la ‘4T’. Probablemente tiene razón, pero como dijo un funcionario estadounidense cuando comenzó a escalar su oratoria contra ese país, “puede decir lo que quiera, pero no tiene control sobre las decisiones” en Washington.
La retórica beligerante de las mañaneras no la ayuda en la negociación diplomática con Estados Unidos, y sí, en cambio, empodera al radicalismo de la ‘4T’. La presidenta, no obstante, está temerosa de que haya una acción o acusación directa contra los hijos de López Obrador, ligados a presuntos negocios criminales. El deseo de políticos de Morena de ser informantes de Estados Unidos a cambio de algún tipo de inmunidad fortalece esa posibilidad y los mete en la disyuntiva: que su vida termine en una cárcel estadounidense, o el sacrificio por el expresidente. Por lo que se ha visto, están decidiendo mandar al diablo a López Obrador.
