Las mangas del traje azul marino le quedaban largas. Con la bien anudada corbata, de un perfecto rojo cereza, disimulaba en algo esa talla excedida. Y con su sonrisa severa. Ese lunes 4 de septiembre de 2023, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez era nombrado secretario de Seguridad de Sinaloa. Tras tomarle protesta, el gobernador Rubén Rocha le da un apretón de manos bajo la mirada del entonces secretario de Gobierno, Enrique Inzunza. Hoy los tres son el vórtice del mayor caso judicial de Estados Unidos en contra de funcionarios mexicanos. Y los vientos de ese ciclón aumentaron con la confirmación este viernes de que el exmilitar se ha entregado a EE UU.
Las manecillas de la operación de Donald Trump contra políticos mexicanos marcan el tiempo del segundo acto y la trama no puede lucir más ominosa para Claudia Sheinbaum. El compás de espera que la presidenta intentó crear, al exigir a la Casa Blanca “pruebas” de sus acusaciones en contra de diez funcionarios sinaloenses, voló por los aires al oficializarse la entrega de Mérida Sánchez en Arizona.
Se trata de una defección —prefiere la justicia de otro país— que pega de lleno en la línea de flotación del discurso obradorista: un general cruza la frontera llevándose información del esquema de seguridad y de la operación del narco en México, datos a los que tuvo acceso antes que nada por órdenes de Andrés Manuel López Obrador, quien decidió poner a militares tanto en cargos estatales de policía como de fiscalías.
Al año del nombramiento del general Mérida la realidad de Sinaloa no podía ser más distinta. A su arribo, se publicó que debía enfocarse en las desapariciones, dado que los homicidios mostraban una baja tasa. En contraste, septiembre de 2024 vio estallar la guerra entre los grupos del Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, semanas después del rapto en julio del segundo a manos de un hijo del primero.
Transcurridos 100 días de esa guerra, que con idéntico salvajismo sigue hasta el día, la permanencia del general Mérida se volvió insostenible. Aunque al acercarse la navidad de 2024, el gobernador Rocha alegó que le pidió la renuncia para reordenar la policía, la salida de Mérida, que entregó el puesto a otro militar, fue un reacomodo del equipo de la presidenta, desesperado por la pacificación de Sinaloa.
Mérida tuvo varias polémicas en su breve periodo —culpó a la prensa de amarillismo y reconoció que en el puerto de Mazatlán entraban precursores de fentanilo, anatema en tiempos de López Orador— pero se quedó en Sinaloa por un tiempo. Y su perfil había pasado inadvertido a nivel nacional hasta que en el Distrito Sur de Nueva York fue incluido en una acusación por narco hace dos semanas.
En la acusación, que se conoció en México cuando el Departamento de Justicia de EE UU solicitó la detención de esos diez personajes con fines de extradición, el general Mérida es uno de los cuatro más altos perfiles de lo que sería, de probarse cierta la causa en contra de los sinaloenses, una gobernanza criminal en el estado cuna del cártel más histórico.
La demanda solicita que se le entregue al gobernador Rubén Rocha Moya, al alcalde de Culiacán, al vicefiscal de Sinaloa, al exsecretario de Gobierno y hoy senador Enrique Inzunza, y al general Mérida, entre otros mandos policiacos y de la fiscalía entre los que destaca el exsecretario de Finanzas estatal. A raíz de la acusación, y no sin resistirse, los tres primeros han presentado ya solicitud de licencia.
Claudia Sheinbaum ha encarado la inédita solicitud —EE UU nunca ha demandado la extradición de un gobernador en activo, y menos en racimo con sus brazos derechos en política, finanzas y seguridad— exigiendo en reiteradas ocasiones que se aporten pruebas. Esa reiteración ha mutado a cansina muletilla, que se ha prestado para sorna mediática y como indicio de falta de arrojo de la mandataria.
La demanda de evidencia por parte de la presidenta era festejada por algunas de las plumas del régimen como sinónimo de soberanía, en medio de un crispado ambiente alimentado, por un lado, por la escalada de violencia que atenaza a las y los sinaloenses, hartos de la indolencia de Rocha y compañía; y por el otro por indicios y denuncias de la complicidad entre el hoy gobernador con licencia y los narcos.
La caída política de Rocha fue flor de un día. Nadie en Sinaloa ni en México creyó que eso remediaba la crisis siquiera en el plano interno, ya no digamos con respecto a la reiterada exigencia de Estados Unidos, formulada groseramente casi de forma cotidiana, de que el Gobierno de Sheinbaum tendría que hacer mucho más para demostrar su compromiso de erradicar al narco de la política.
Sheinbaum desperdició dos largas semanas bajo el chaparrón al son del “pruebas, pruebas”. Algún día tendrá qué explicar por qué no procedió a abrir expeditamente en la nada autónoma Fiscalía General de la República las carpetas de investigación que dentro y fuera del país dieran algo de credibilidad a su Gobierno cuando declaraba que no defendería a nadie que hubiera incurrido en delitos.
Y el manejo político del caso ha sido desprolijo por donde se lo vea. Rocha ha dejado en el Gobierno a sus leales, el senador Inzunza se burla de quienes demandan que rinda cuentas y se niega a salir del Senado, mientras Morena no descarta que algunos de los solicitados por EE UU compitan en las elecciones del año entrante. La sospecha de que se apostaba a la impunidad solo creció estas dos semanas.
Ese panorama cambió por completo este viernes cuando el gabinete de Seguridad ha tenido que reconocer lo que días atrás adelantaron versiones periodísticas sobre el general Mérida: que negociaba su entrega a EE UU. Y lo ha hecho, una vez más, a trasmano: antes se supo el estatus carcelario del militar por fuentes de la Unión Americana, que la confirmación del equipo de Sheinbaum.
Cantará en una corte de EE UU un general mexicano, cuya labor no pudo ocurrir sin la orden —los mandos en retiro son sujetos al orden castrense— del general secretario Crescencio Sandoval de tiempos de López Obrador, tan cercano a él que en su sexenio no solo se otorgaron al Ejército grandes obras y concesiones, sino que los declaró pilar del movimiento supuestamente transformador del obradorismo.
Algunas de las pruebas que la presidenta demandó podrían tener la rúbrica de un militar de alto rango. Supone un nuevo escenario problemático para la mandataria. Si ya era complicado argumentar cómo Rocha —de probarse la acusación— era o servía a los narcos justo en el periodo donde López Obrador decía que a un presidente no se le iba una cosa así, ahora tendrá que explicar el rol del Ejército.
¿El Ejército no quiso proceder antes o ahora en contra de Mérida? O al revés: ¿no quiso defenderlo y el exsecretario de Seguridad sinaloense decidió que sus opciones eran mejores con el Tío Sam? Y una más: ¿el general es inocente y no quiere correr el riesgo de convertirse en chivo expiatorio de un momento sin precedentes en la relación bilateral?
Para terminar de complicar el panorama, cabe recodar que en el currículo del general Mérida consta que fue en 2014 jefe de la sección segunda, de inteligencia, de la secretaría de la Defensa Nacional. Y hoy es el primero de “los 10 de Sinaloa” que se confirma en poder de la justicia de Estados Unidos, en medio de un ambiente de rumores que asegura que está otro imputado también ya en similar situación.
La presidenta tuvo ayer una llamada con Trump. La conversación sucede al tiempo que The New York Times publicaba que el Gobierno de EE UU tiene una directriz de multiplicar las acusaciones de políticos mexicanos incluso en el marco de la ley que declara como terroristas a los carteles. Es además, que se sepa, la primera conversación entre ambos luego de la polémica por actuaciones de la CIA en México.
En lo que salen detalles de la charla, se puede dar por finalizada, si es que alguna vez tuvo algún futuro o utilidad real, la estrategia de Sheinbaum de exigir pruebas de la acusación en contra de “los 10 de Sinaloa”. Ya se entregó el primero a Estados Unidos y es ni más ni menos que un general. Para la presidenta, llegó la hora de mostrar una habilidad que en dos semanas ha brillado por su ausencia. De lo contrario, todo su sexenio estará en las manos de Trump.
