Los consumidores mexicanos se enfrentan a un potencial aumento en celulares, computadores o discos duros. El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido a los importadores y vendedores de dispositivos electrónicos que se preparen para sumar una cuota de 2% a cualquier dispositivo capaz de reproducir o almacenar datos. La tarifa, que forma parte de una propuesta de reforma al reglamento de derechos de autor, busca compensar económicamente a autores, intérpretes y otros titulares de derechos por la reproducción de sus obras, incluso cuando se realiza para consumo privado y sin fines de lucro.
En la legislación mexicana, la copia privada es la reproducción de una obra para uso personal, una práctica que puede ir desde grabar una canción con el celular hasta hacer una fotografía de una imagen protegida por derechos de autor. En 1997, México reconoció en su Ley Federal del Derecho de Autor el derecho de los titulares a exigir una remuneración compensatoria por determinadas reproducciones. Pero casi tres décadas después, el mecanismo para hacer efectivo ese derecho sigue en el centro de una disputa que enfrenta a empresas tecnológicas y comerciales —que advierten de choques inflacionarios— contra los artistas, quienes presionan al Gobierno para que salde una deuda histórica con el sector en la antesala de un proceso electoral.
En una serie de reuniones con representantes de la industria digital, el comercio minorista y autores y compositores, la Administración federal ha adelantado que los involucrados deberán prepararse para incorporar a sus operaciones la recolección de la cuota por “remuneración compensatoria por copia privada”. De acuerdo con fuentes presentes en los encuentros, los representantes del sector privado han advertido de que la medida encarecerá los equipos electrónicos.
“La obligación de pago de la remuneración compensatoria corresponde a la persona que comercialice o importe los dispositivos tecnológicos (...) El cobro se efectuará por dispositivo, al primer acto de comercio o importación que tenga lugar en territorio nacional. La remuneración se pagará una sola vez por cada unidad”, se lee en un extracto del proyecto de decreto divulgado por la secretaría a empresas como Amazon o Apple, entre otros gigantes tecnológicos. El proyecto deja abierta la posibilidad de incorporar dispositivos adicionales al catálogo.
Según el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la reforma crearía una comisión de supervisión para “garantizar la transparencia en el cobro y la distribución de los recursos”, conformada por la Secretaría, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), las sociedades de gestión colectiva y las cámaras representantes de la industria. Ni la Secretaría de Cultura ni la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) respondieron a las solicitudes de información. Las empresas mencionadas tampoco contestaron a peticiones de comentarios.
“No es más que el cumplimiento de algo que estaba pendiente, que era darle regulación a un derecho reconocido a favor de los autores o titulares de derechos de autor desde 1997”, explica Mauricio Jalife, presidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), quien ha formado parte de las conversaciones. El abogado agrega que el cobro se instrumentalizaría a través de una reforma del reglamento de la ley, sin necesidad de pasar por el Congreso, por lo que la decisión recaería directamente en el Ejecutivo. También descarta que se trate de un nuevo impuesto, porque los recursos no ingresarían a las arcas públicas, sino que se distribuirían entre los titulares de derechos.
Jalife calcula que, tomando en cuenta las importaciones y las ventas de productos tecnológicos en México, la recaudación podría ascender a unos 2.000 millones de pesos anuales (alrededor de 108 millones de dólares). “Pero por otro lado, puede ser impopular porque al final los costos se trasladan a los consumidores. Eso es un hecho. Y por lo tanto, se puede ver como inflacionario”, añade.
No es la primera vez que la remuneración compensatoria, también conocida como moche digital por sus detractores, llega a la arena pública. La medida ha sido objeto de distintas iniciativas legislativas promovidas por partidos de diferentes corrientes ideológicas, entre ellos, Morena y el PRI. El llamado canon digital tiene precedentes en al menos 51 países, entre ellos España e Italia, aunque los sistemas varían y no todos aplican un porcentaje sobre el precio de los dispositivos. En el modelo mexicano descrito en el proyecto, el monto de la cuota aumenta en función del precio del equipo: los dispositivos más baratos pagarían menos en términos absolutos.
El texto también contempla exenciones para equipos destinados a la exportación, compras del sector público y usos industriales y profesionales. Y señala que antes de materializarse, también deberá pasar por varias instancias para su validación, como la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal y un análisis del costo-beneficio de la medida a cargo de la Secretaría de Hacienda. Además, de contar con el visto bueno definitivo de la presidenta.
