Los problemas del general Audomaro Martínez Zapata, exjefe del Centro Nacional de Inteligencia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, siguen escalando.
El gobierno de Estados Unidos investiga su presunta vinculación, como mando estratégico y facilitador de protección institucional, a una red de tráfico de combustible ilegal dirigida por Joaquín Israel Arzate Rodríguez, personaje que inició su trayectoria criminal en el Cártel del Golfo, y consolidó la alianza entre César Morfín Morfín, El Primito, y Audías Flores Silva, El Jardinero, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, aprehendido en Nayarit en abril pasado.
Apenas tres días antes del fin del sexenio de López Obrador, Audomaro, uno de los hombres más cercanos al expresidente, ocultó su declaración patrimonial hasta septiembre de 2029. No logró ocultar, sin embargo, los escándalos que persiguen a su familia. El año pasado la periodista Peniley Ramírez localizó registros públicos que revelan que la esposa y el hijo del general crearon una empresa de seguridad que recibió 500 millones de pesos en contratos federales, Sedregal, la cual gozó de condonaciones de impuestos a lo largo del sexenio.
La familia de Martínez creó también una docena de compañías de comercialización de combustibles que operaron en varios estados en un sexenio en el que el tráfico de combustible robado a Pemex, así como el llamado huachicol fiscal, alcanzaron niveles sin precedentes.
A Audomaro Martínez se le ha ligado con las operaciones de Sergio Carmona, El Rey del Huachicol, asesinado por sujetos de aire militar en 2021 de acuerdo con los testigos, luego de que había financiado con dinero ilegal las campañas de siete gobernadores de Morena, así como de decenas de alcaldes, y quien acababa de entregar información a Estados Unidos en busca de un acuerdo.
En abril pasado, sin reportar un solo detenido, la Fiscalía General de la República localizó un punto de almacenamiento ilegal de combustible en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, dentro de la zona metropolitana del estado.
En el lugar se aseguraron 671 mil litros de hidrocarburo, y otros 400 mil de un líquido de “color negro y amarillo” que se mandó analizar: además del millón de litros, había tractocamiones, autotanques, dollys, 409 cubitanques, varios silos de almacenamiento vertical, motobombas, un remolque de plataforma y plantas de luz dotadas de remolque.
Era solo uno de los centros de almacenamiento del Cártel de Cadereyta, el grupo criminal de Joaquín Arzate Rodríguez, El Chimuelo.
De acuerdo con la investigación estadounidense, la red está estrechamente ligada una empresa central de logística: Transportes Cadega, representada por Guillermo Raciel Cantú Cruz, la cual funciona como brazo operativo de la red para el traslado de combustible con guías falsificadas. La red de Arzate almacena y mueve desde la región incluso hidrocarburo sustraído ilegalmente en Estados Unidos.
Un documento revisado por el columnista traza la estructura de empresas fachada destinadas al blanqueo de capitales.
Entre estas figuran Inmobiliaria HAGROD, S.A. de C.V, y JIAR Comercial, S.A de C.V., vinculadas a Raúl Emilio Arzate Rodríguez, hermano de Joaquín Israel, dedicadas a la adquisición de inmuebles, la facturación de servicios simulados y la dispersión de efectivo.
Otra empresa ligada a Raúl Emilio Arzate es STRUKTIND, S.A. de C.V., dedicada a la triangulación de recursos “y el apalancamiento financiero”.
En la red aparece también una constructora, PESA KJE, ligada a Emilio Pérez Ojeda, El Ganso o El 47, un líder criminal detenido por delitos contra la salud en noviembre del año pasado, considerado operador de primer nivel de Arzate Rodríguez, a cuyo cargo está la vigilancia de rutas, el control territorial y los grupos de choque.
La investigación incluye empresas dedicadas a bancarizar flujos monetarios y comercializar de manera directa el combustible ilegal en una red de gasolineras a lo largo del país, entre estas se menciona la razón social K-petrom.
Marco Antonio Haro Rodríguez, El R-1, y Ernesto Ezequiel Ochoa, El Cheque, forman parte de la red y están encargados de ejecuciones y ataques armados. Israel Portilla Hernández, sigue el documento, tiene a su cargo el monitoreo tecnológico y la colocación de rastreadores GPS. José Armando García Cuéllar es el jefe de escoltas y encargado de la protección personal de Arzate Rodríguez.
La red distribuye el combustible en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, y lo baja hacia gasolineras del centro del país.
La investigación en curso señala que Arzate tejió la red y estableció las alianzas. Según las fuentes consultadas, el rastreo y la dispersión de flujos llevará a Estados Unidos hasta los beneficiarios de una red en la que el general Martínez Zapata, jefe inteligencia de AMLO, es presentado en el documento nada más y nada menos que como “mando estratégico”.
