Ethos Político. El laberinto ético de Morena: ¿Justicia social o encubrimiento en el Congreso?

Jornada curiosa. La secretaria de Estado responsable de atender la problemática de las mexicanas en el gobierno de la primera mujer presidenta de México, abandona la responsabilidad porque le resulta (en acuerdo con la residente de Palacio Nacional) más trascendente atender alianzas electorales de Morena con el PT y Partido Verde, antes que seguir con una cruzada que se ha calificado por el morenismo como histórica.

Ese mismo día, en Guanajuato, la irrupción de Crisanta Victoria Torres Brewer en el Congreso de Guanajuato para acusar de violencia a un legislador de Morena, no es solo un conflicto familiar por una herencia; es una granada de fragmentación colocada en el centro de la narrativa de la "Cuarta Transformación" en el estado. Cuando la viuda de Luis Ferro de la Sota señala a Luis Ricardo Ferro Baeza —coordinador de Morena y presidente de la Junta de Gobierno— de ejercer violencia patrimonial, no solo cuestiona al hombre, sino la congruencia de todo un movimiento.

Resulta paradójico, casi cínico, que mientras en la tribuna los legisladores de Morena se desgarran las vestiduras exigiendo leyes más severas contra los deudores alimentarios y violentadores de mujeres, su máximo representante en el Congreso local sea señalado en un juzgado civil como deudor moroso. Este hecho pone al morenismo en una crisis de credibilidad sin precedentes: cada discurso feminista pronunciado por su bancada suena hoy hueco frente a la denuncia de una mujer que acusa haber sido asfixiada económicamente durante 24 meses por el jefe de ese grupo parlamentario.

Pero el golpe más demoledor no es legislativo, sino electoral. Este escándalo pone un freno en seco a las aspiraciones de Ferro Baeza por la presidencia municipal de San Miguel de Allende. El propio Morena en Guanajuato ha sido enfático: no se aceptarán candidatos con antecedentes de violencia contra las mujeres. Con una audiencia de imputación penal programada para el 11 de mayo por incumplimiento de obligaciones alimentarias, el diputado queda, por ética y por estatuto, virtualmente fuera de la contienda en la Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

El silencio de la bancada guinda empieza a oler a esa doble moral que tanto critican. Si el partido decide "hacerse de la vista gorda" ante un deudor alimentario con antecedentes judiciales, la transformación que prometen nacerá muerta. La estrategia de Ferro —demandar por 10 millones de pesos a la viuda— parece más un acto de intimidación que de justicia, una táctica que choca frontalmente con el discurso obradorista de proteger a los vulnerables.

Hoy, el morenismo en Guanajuato está en jaque. Mantener a Ferro Baeza en la coordinación mientras el escándalo crece es aceptar que el feminismo del partido es solo de dientes para afuera. San Miguel de Allende y el Congreso local observan: ¿Serán congruentes o permitirán que la sombra del encubrimiento opaque sus banderas?