Héctor Andrade Chacón
Hay resoluciones jurisdiccionales cuya trascendencia supera con mucho el asunto particular que les dio origen. La emitida este miércoles por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), que dejó sin efecto la determinación del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) de reservar exclusivamente para mujeres las candidaturas a las presidencias municipales en 13 municipios, es una de ellas. No porque constituya un retroceso para los derechos políticos de las mujeres, como seguramente habrá quienes pretendan presentarla, sino porque recuerda a las autoridades electorales una premisa elemental del Estado de derecho: las buenas intenciones no sustituyen a la ley ni eximen de la obligación de fundar y motivar suficientemente las decisiones públicas.
El Consejo General del IEEG, presidido por Brenda Canchola Elizarraraz, aprobó el pasado 14 de septiembre una medida afirmativa que obligaba a los partidos políticos a postular mujeres en 13 municipios, bajo el argumento de que era necesario avanzar hacia una mayor representación femenina en los gobiernos municipales. La pretensión, considerada aisladamente, podía parecer legítima. El problema apareció en el sustento jurídico, en la justificación de su necesidad y, especialmente, en la oportunidad de su aplicación.
Al resolver por unanimidad el recurso de revisión TEEG-REV-02/2026 y sus acumulados, el tribunal concluyó que el organismo administrativo electoral había excedido sus facultades, al imponer restricciones que afectaban la autodeterminación de los partidos políticos y los derechos de quienes pretendían competir mediante candidaturas independientes. Más aún, consideró que no se había demostrado suficientemente que las disposiciones de paridad existentes fueran incapaces de cumplir su propósito, como para hacer indispensable una restricción adicional de semejante magnitud.
Pero hubo una consideración particularmente demoledora para el IEEG: la vulneración del principio de certeza jurídica.
Resulta que la autoridad electoral decidió modificar sustancialmente las condiciones de participación cuando ya se había emitido la convocatoria para quienes aspiraban a competir por la vía independiente. Es decir, cuando los interesados conocían determinadas reglas y habían comenzado a tomar decisiones conforme a ellas, el Instituto introdujo una restricción que alteraba sus posibilidades de participación. Para los hombres que pretendían buscar una candidatura independiente en alguno de esos municipios, la medida significaba quedar excluidos de la contienda.
Se cambiaron las reglas del juego una vez que los participantes habían sido convocados. Y eso, en una democracia constitucional, no es un asunto menor.
La certeza electoral no constituye una formalidad prescindible, sino una garantía indispensable para que partidos, aspirantes y ciudadanos conozcan anticipadamente las condiciones bajo las cuales se desarrollará la competencia política. Una autoridad no puede convertirse en legisladora de ocasión por considerar que persigue una finalidad socialmente deseable.
La resolución también pone sobre la mesa una discusión que el Congreso del Estado y las propias autoridades electorales han postergado: la necesidad de evaluar, con datos objetivos y metodologías verificables, los resultados de las medidas afirmativas adoptadas en los procesos electorales anteriores.
Guanajuato ha registrado avances importantes en la participación de las mujeres en la vida pública. Hay una mujer gobernando el estado, una presencia femenina significativa en los órganos legislativos y cada vez más mujeres encabezando gobiernos municipales. Estos logros no demuestran, por sí mismos, que hayan desaparecido las desigualdades estructurales, pero tampoco pueden ignorarse cuando se pretende establecer nuevas restricciones a los derechos de participación política.
Las acciones afirmativas tienen una naturaleza correctiva. Surgen para compensar desigualdades históricas y abrir espacios que durante generaciones permanecieron cerrados. Su legitimidad no se agota en la nobleza de sus propósitos: exige también demostrar su necesidad, proporcionalidad y eficacia.
De ahí que deban someterse a evaluaciones periódicas, con indicadores capaces de determinar si las desventajas que justificaron su establecimiento persisten, se han reducido o requieren mecanismos diferentes. No se trata de establecer arbitrariamente una fecha de caducidad para la igualdad sustantiva, sino de evitar que las medidas excepcionales se reproduzcan automáticamente, sin revisar sus resultados.
Y aquí aparece una paradoja que merece atención: mientras se insiste en multiplicar las medidas afirmativas, poco se discute públicamente sobre los resultados concretos de las ya existentes. Como si bastara con emitir disposiciones para dar por cumplidos sus objetivos.
La sentencia del TEEG no elimina las obligaciones generales de paridad que deberán cumplir los partidos en 2027. Lo que desactiva es una restricción territorial específica que el Instituto no logró justificar jurídicamente. La diferencia es sustancial y conviene subrayarla para evitar interpretaciones interesadas.
Por lo demás, hay que reconocer al órgano jurisdiccional estatal, integrado por Yari Zapata López, magistrada presidenta y titular de la Segunda Ponencia; Juan Antonio Macías Pérez, magistrado de la Primera Ponencia y Pablo Roberto Sharpe Calzada, magistrado de la Tercera Ponencia, la oportunidad de su intervención. En tiempos en los que la autonomía de las instituciones suele confundirse con la posibilidad de actuar sin límites, resulta saludable que un tribunal recuerde a un organismo electoral que sus atribuciones también están sujetas al escrutinio de la justicia.
Brenda Canchola y las consejerías que respaldaron la determinación tienen ahora una oportunidad para revisar no solamente el acuerdo impugnado, sino la manera en que se construyen y justifican las decisiones de la autoridad electoral.
Porque una institución no se fortalece haciendo prevalecer siempre su criterio, sino demostrando que sus resoluciones resisten el examen de la legalidad.
Y en democracia, por encima de las buenas intenciones, debe prevalecer el derecho.
En San Miguel de Allende, el presidente municipal Mauricio Trejo Pureco parece tener muy claro que, para gobernar con eficacia y construir un proyecto político de largo alcance, hay que saber tender puentes, incluso con quienes militan en partidos diferentes. Y en eso, el alcalde sanmiguelense ha mostrado una habilidad que no necesariamente abunda entre los integrantes de la clase política guanajuatense: distinguir los intereses de gobierno de las disputas partidarias, sin descuidar por ello sus propios intereses políticos.
Esta semana recibió en San Miguel de Allende al secretario de Gobierno estatal, Jorge Daniel Jiménez Lona, y a la secretaria de Economía, Cristina Villaseñor Aguilar, para revisar proyectos y establecer mecanismos de coordinación orientados a fortalecer la generación de empleos, atraer oportunidades de inversión y atender las necesidades económicas de las familias sanmiguelenses.
El encuentro, difundido por los propios participantes en sus redes sociales, constituye una expresión de colaboración institucional que merece destacarse. Pero también tiene una lectura política que no puede ignorarse: la relación de Trejo Pureco con la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo atraviesa por un momento de entendimiento que parece superar los convencionalismos de la competencia partidaria.
No es asunto menor. El alcalde gobierna bajo las siglas del PRI, mientras que la mandataria estatal pertenece al PAN, dos organizaciones cuya historia en Guanajuato ha estado marcada por una prolongada rivalidad. Sin embargo, ambos han encontrado espacios de coincidencia, particularmente en asuntos relacionados con el desarrollo municipal, la seguridad, la infraestructura y la actividad económica.
Por supuesto, una cosa es la coordinación institucional, que constituye una obligación de quienes ejercen responsabilidades públicas, y otra las afinidades políticas que pueden surgir de esa relación. Pero en la política, como en la diplomacia, los vínculos personales y la confianza suelen facilitar acuerdos que difícilmente prosperarían entre adversarios empeñados en confrontarse.
Y aquí conviene recordar que Mauricio Trejo ha sido uno de los principales promotores de la posibilidad de una alianza electoral entre el PRI y el PAN en Guanajuato para 2027. No se ha limitado a insinuarla. Ha señalado públicamente la conveniencia de que ambas dirigencias se sienten a construir acuerdos, particularmente en municipios donde una candidatura común podría resultar competitiva.
En ese escenario, su cercanía con Libia Dennise adquiere una dimensión que rebasa el despacho municipal. No significa que exista un acuerdo electoral consumado, pero sí que hay condiciones de interlocución que podrían facilitarlo.
Mientras tanto, Trejo tampoco descuida su relación con el priismo nacional.
Llamó poderosamente la atención la reunión que sostuvo con Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien hizo pública ayer una fotografía del encuentro acompañada de un reconocimiento particularmente generoso para el alcalde de San Miguel de Allende.
Moreno lo describió como un alcalde de resultados, destacó su capacidad de gobierno y subrayó que ambos trabajan coordinadamente para impulsar la agenda municipalista del tricolor. El mensaje, difundido en Facebook, resulta significativo no solamente por los elogios, sino por el contexto político en que se produjo.
No todos los días el dirigente nacional de un partido dedica semejante reconocimiento público a uno de sus presidentes municipales. Y menos cuando esa organización se encuentra inmersa en un proceso de reorganización territorial, con la mirada puesta en unas elecciones que serán decisivas para su permanencia como fuerza política relevante.
La reunión antecede a la visita que Alejandro Moreno realizará a Guanajuato el próximo 24 de octubre, cuando está prevista la toma de protesta de los integrantes del Consejo Político Estatal y de la Fundación Colosio. También se ha adelantado que podrían anunciarse incorporaciones de nuevos perfiles políticos, algunos de los cuales, según versiones que circulan entre los priistas, contarían con un peso específico importante.
Hasta ahora no se conocen públicamente los nombres ni el alcance de esas eventuales incorporaciones, pero la expectativa forma parte del ambiente de reorganización del partido.
Lo interesante es que estos movimientos ocurren cuando la dirigencia estatal, encabezada por la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, y el coordinador parlamentario del PRI, Alejandro Arias Ávila, buscan reconstruir una estructura partidaria debilitada por sucesivos procesos electorales.
Y nos comentan que entre ambos legisladores y Mauricio Trejo se ha venido consolidando una suerte de triada política, capaz de articular esfuerzos entre la dirigencia formal, la representación legislativa y uno de los gobiernos municipales más importantes que conserva el priismo guanajuatense.
De confirmarse esta dinámica, estaríamos frente a un cambio relevante en la operación política del tricolor. Durante demasiado tiempo, el PRI en Guanajuato ha padecido las consecuencias de sus divisiones internas, los liderazgos dispersos y la incapacidad de construir una estrategia territorial que trascienda las coyunturas electorales.
Ahora parece comprender que recuperar competitividad exige organización, perfiles reconocibles y capacidad para negociar. Y que las alianzas, cuando se construyen desde una posición de fortaleza relativa, pueden ofrecer mejores resultados que cuando se buscan como último recurso de supervivencia.
La incógnita está en la magnitud de los movimientos que podrían anunciarse el próximo 24 de octubre. Si efectivamente se incorporan personajes con presencia territorial y capacidad de convocatoria, el PRI podría comenzar a modificar su posición frente al proceso electoral de 2027.
Mauricio Trejo, por su parte, juega simultáneamente en dos escenarios: fortalece su interlocución con el Gobierno estatal panista y consolida su influencia dentro de la estructura nacional de su propio partido.
No parece una contradicción. Más bien revela una forma de entender la política en la que los acuerdos pueden construirse sin renunciar a las identidades partidarias.
El PRI guanajuatense todavía está a tiempo de mover sus piezas. Otra cosa será que tenga la disciplina, la inteligencia y los liderazgos necesarios para convertir esos movimientos en resultados electorales.
Por lo pronto, en San Miguel de Allende hay un alcalde que no está dispuesto a quedarse sentado esperando que otros decidan el futuro de su partido. Y eso, en política, también cuenta.
La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, ha tenido una agenda particularmente intensa durante los últimos días. Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara han sido escenarios de su actividad promocional para impulsar el Festival Internacional del Globo, uno de los acontecimientos turísticos más importantes de la ciudad y que este año se celebrará del 13 al 16 de noviembre en el Parque Metropolitano.
La alcaldesa encabezó las presentaciones de la fiesta aerostática en las tres grandes zonas metropolitanas del país, acompañada de representantes de la organización del Festival y de los sectores turísticos. Se habla de más de 200 globos, pilotos de 25 países y una derrama económica proyectada de 900 millones de pesos, cifras que explican la relevancia económica de un acontecimiento que hace tiempo dejó de ser solamente un espectáculo para convertirse en una marca de identidad leonesa.
Y, desde luego, no piense usted que las visitas a Nuevo León y Jalisco, entidades donde Movimiento Ciudadano tiene una importante presencia política, puedan despertar alguna interpretación relacionada con las aspiraciones futuras de Ale Gutiérrez. Seguramente se trata de una mera coincidencia geográfica. La política, ya se sabe, tiene esas curiosidades.
Pero más allá de las lecturas partidarias, hay una decisión de su administración que merece atención: finalmente León parece haber entendido que también tiene posibilidades de convertirse en un destino atractivo durante las celebraciones del Día de Muertos.
Este año, Ale Gutiérrez decidió darle mayor proyección al Festival de la Muerte 2026, cuya vigésima séptima edición contempla una agenda de 30 actividades culturales, artísticas y tradicionales, del 16 de octubre al primero de noviembre. Habrá representaciones teatrales, conciertos, recorridos, talleres y la tradicional Caminata del Despertar de las Ánimas, programada para el primero de noviembre.
La novedad consiste en una intervención más visible de los espacios públicos. Catrinas y catrines monumentales ocuparán sitios emblemáticos como la Plaza Principal, la Plaza Fundadores, el entorno del Templo Expiatorio y el Arco de la Calzada, mientras las decoraciones alusivas a la festividad incorporan al paisaje urbano los colores y símbolos de una tradición profundamente mexicana.
La ornamentación de calles, plazas y de la propia Presidencia Municipal contribuye a generar una atmósfera que permite a los habitantes apropiarse de la celebración, pero también ofrece a los visitantes motivos para recorrer el Centro Histórico y consumir los productos y servicios de la ciudad.
Todo ello se suma a la Feria del Alfeñique, una tradición con más de cuatro décadas de arraigo entre los leoneses, que constituye un patrimonio cultural popular cuya importancia no siempre ha sido aprovechada suficientemente como atractivo turístico.
León, hay que decirlo, había dejado pasar oportunidades importantes.
Mientras Guanajuato Capital, bajo la sagacidad de Samantha Smith, convirtió durante los últimos ocho años su Festival del Día de Muertos en un acontecimiento con identidad propia, capaz de aprovechar el extraordinario escenario arquitectónico de sus calles, plazas, túneles y edificios históricos, la ciudad más poblada del estado permanecía relativamente discreta en la promoción de sus propias celebraciones.
Y eso que la capital tiene una dificultad adicional: debe esperar a que concluya el Festival Internacional Cervantino para desplegar plenamente su oferta dedicada a los fieles difuntos. Este año, la llamada Fiesta del Espíritu se celebra del 3 al 18 de octubre, mientras que el octavo Festival del Día de Muertos de Guanajuato capital está programado del 28 de octubre al 2 de noviembre.
Por cierto, el Cervantino de este año no atraviesa precisamente su momento más luminoso. La edición número 54, pese a mantener una oferta artística internacional importante, ha mostrado señales de menor vitalidad en las calles de Guanajuato y una asistencia que, al menos en sus primeras jornadas, dista de recordar sus mejores épocas. Hasta pareciera que a la Fiesta del Espíritu le han comenzado a aparecer algunos fantasmas.
Pero volvamos a León. Lo relevante es que Ale Gutiérrez parece haber entendido que el turismo cultural puede convertirse en una oportunidad de desarrollo económico mucho más amplia que los eventos masivos tradicionales. No todo debe girar alrededor de la Feria de León, SAPICA, los congresos empresariales o el Festival Internacional del Globo.
Las tradiciones también generan economía. Y lo hacen, además, con una ventaja adicional: fortalecen la identidad comunitaria, promueven el trabajo de artesanos y artistas locales, generan consumo en restaurantes, comercios y establecimientos de hospedaje, y permiten distribuir los beneficios de la actividad turística entre sectores que no siempre participan de los grandes acontecimientos.
La celebración del Día de Muertos, reconocida internacionalmente como una expresión distintiva de la cultura mexicana, ofrece condiciones extraordinarias para desarrollar productos turísticos regionales. Michoacán, Oaxaca y la Ciudad de México han demostrado que estas fiestas pueden atraer visitantes nacionales y extranjeros durante varios días.
Guanajuato tiene elementos suficientes para construir una oferta semejante, incluso con características propias. Imagine usted un corredor turístico que permita recorrer las celebraciones de León, Guanajuato capital, San Miguel de Allende y otros municipios del Bajío, aprovechando la diversidad arquitectónica, gastronómica y cultural de cada destino.
En lugar de competir por los mismos visitantes durante un fin de semana, los gobiernos municipales podrían diseñar agendas complementarias, recorridos culturales, circuitos gastronómicos y experiencias que incentiven estancias más prolongadas. La proximidad entre las ciudades facilitaría una promoción conjunta con beneficios para toda la región.
Pero ello exige planeación, coordinación institucional, promoción profesional y, sobre todo, entender que los festivales no deben reducirse a instalar adornos y organizar espectáculos de temporada. Una política turística requiere continuidad, infraestructura, calidad de servicios y mediciones sobre los resultados económicos y sociales de las inversiones públicas.
En ese terreno, León tiene todavía camino por recorrer, pero su presidenta municipal ha dado un paso en la dirección correcta.
Ale Gutiérrez no inventó el Festival de la Muerte, que tiene ya una larga trayectoria, pero sí parece decidida a darle una dimensión distinta, con mayor presencia en el espacio público y una vocación turística más clara.
Y eso merece reconocerse.
Porque si León consigue sumar sus tradiciones a la oferta turística que ya representan sus grandes acontecimientos internacionales, habrá encontrado otra vía para diversificar su economía y fortalecer su presencia como destino cultural.
La muerte, tan arraigada en el imaginario mexicano, puede convertirse paradójicamente en una fuente de vitalidad económica y cultural.
Ale ya metió a León en la jugada. Ahora falta que el resto del Bajío comprenda que esta celebración puede ser mucho más que una fiesta de temporada.
Y que, con inteligencia, nuestros muertos también pueden ayudarnos a mantener muy viva la actividad turística.
