Héctor Andrade Chacón
Lo que ocurrió en Silao durante el primer trimestre de 2026 no fue un simple diferendo administrativo: fue un intento deliberado de asfixia política. Durante casi tres meses, la Administración Municipal operó sin presupuesto aprobado, en una parálisis que colocó al municipio como el único de los 46 de Guanajuato en esa condición.
Y, sin embargo, la presidenta municipal, Melanie Murillo Chávez, no solo resistió: convirtió la crisis en plataforma; porque mientras sus opositores apostaban al desgaste, el gobierno municipal siguió caminando. Lo hizo, primero, con lo que tenía a la mano: disciplina financiera, continuidad operativa y ejecución de programas heredados del ejercicio anterior. Pero también con algo más relevante: una estrategia política que le permitió ganar tiempo… y terreno.
Los datos son duros. El presupuesto aprobado —ya sin bloqueo— asciende a más de mil 814 millones de pesos, con un crecimiento significativo respecto al año anterior. Ese incremento no es menor: se explica, en buena medida, por el fortalecimiento de la recaudación local, particularmente en predial y servicios, lo que habla de una administración que no se quedó inmóvil esperando acuerdos políticos.
Además, Murillo logró algo clave en medio del conflicto: mantener viva la agenda pública. No detuvo el programa de obra, que hoy arranca con una base superior a los 200 millones de pesos, ni dejó de gestionar recursos adicionales con el estado y la federación para ampliar ese techo financiero.
En paralelo, se consolidó una narrativa política eficaz: mientras el Cabildo se entrampaba, el gobierno municipal seguía generando actividades sociales, cercanía con la población y presencia pública. Eso terminó por inclinar la balanza en la percepción ciudadana.
El cálculo de los regidores opositores —Morena, MC y hasta uno supuestamente panista— fue claro: inmovilizar al gobierno para debilitar a la alcaldesa. Pero el resultado fue el inverso. La ciudadanía entendió pronto que había dinero… pero no voluntad política para aprobarlo. Y esa diferencia pesa.
Hoy, con el presupuesto finalmente aprobado por unanimidad, el saldo es contundente: los opositores no lograron frenar a la alcaldesa… pero sí acumular desgaste.
Murillo, en cambio, sale con capital político reforzado. No es casualidad que mediciones, como las de Demoscopia Digital y el diario La jornada, la mantengan entre los 10 alcaldes mejor evaluados del estado. En política, resistir también es gobernar.
Ahora viene la siguiente prueba: convertir esa victoria política en resultados tangibles. Con el PAN y el PRI como aliados naturales en el Cabildo, tiene margen para acelerar. Y, sobre todo, para desarticular en los hechos —no en el discurso— cualquier intento futuro de bloqueo.
Porque si algo dejó esta crisis es una lección clara: en Silao, la confrontación ya no garantiza rédito… pero la eficacia, sí.
El relevo en la delegación del IMSS en Guanajuato no es un movimiento menor ni aislado. Forma parte de una reconfiguración nacional impulsada desde el Consejo Técnico del Instituto, que aprobó el nombramiento de 11 nuevos titulares de los llamados Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD).
A partir del 16 de abril, el doctor Marco Antonio Hernández Carrillo dejará Guanajuato para asumir la delegación en Jalisco, mientras que el relevo recaerá en el doctor Eusebio Rosales Partida, un perfil con 25 años de trayectoria institucional, especializado en Medicina Familiar y con formación académica en educación por competencias.
En papel, el perfil es técnico, sólido y con conocimiento interno del sistema. Pero el contexto en el que llega dista de ser cómodo.
El IMSS enfrenta una presión estructural creciente: demanda en aumento, infraestructura limitada y un problema persistente en el abasto de medicamentos. A ello se suma la carga adicional que implicó la desaparición del INSABI y la transición hacia el modelo IMSS-Bienestar, que busca universalizar la atención médica rumbo a 2030.
Traducido a lenguaje político: al IMSS le dieron más responsabilidades… sin garantizarle proporcionalmente más recursos.
En Guanajuato, esto se refleja en quejas constantes por saturación hospitalaria y tiempos de espera, especialmente en zonas urbanas como León. El nuevo delegado no llega a administrar la normalidad, sino a contener tensiones.
El reto será doble: mantener la operación cotidiana —ya de por sí compleja— y, al mismo tiempo, adaptarse a un modelo federal que sigue en construcción. No es solo un cambio de nombre en la estructura; es un rediseño del sistema de salud pública.
Y ahí está la incógnita: si el problema es estructural, ningún relevo administrativo, por sí solo, será suficiente.
En San Miguel de Allende, el alcalde Mauricio Trejo Pureco ha optado por una ruta que, aunque clásica, sigue siendo eficaz: hacer obra pública… pero con narrativa social.
La inauguración del puente sobre el río La Laja no es únicamente un acto de infraestructura. Es, en el fondo, una pieza más de una estrategia orientada a reconstruir el tejido social a partir de mejoras tangibles en la vida cotidiana.
Porque la obra pública, bien ejecutada, tiene un efecto político directo: conecta comunidades, reduce tiempos, mejora movilidad y, sobre todo, genera percepción de avance.
Trejo lo ha entendido. Su administración ha apostado por proyectos que, más allá del impacto técnico, tienen visibilidad social. Y en una ciudad con alta presión turística como San Miguel, eso no es menor: equilibrar desarrollo urbano con calidad de vida es un desafío permanente.
Aquí hay un contraste interesante con otros municipios: mientras algunos gobiernos se enredan en disputas políticas, San Miguel ha mantenido una línea de continuidad en obra y servicios.
No es casualidad que el municipio siga siendo referente nacional, no solo por su valor patrimonial, sino por su capacidad de gestión.
La pregunta, hacia adelante, es si esta estrategia será suficiente para sostener el equilibrio entre crecimiento, turismo y bienestar social. Por ahora, Trejo parece tener claro el rumbo: gobernar con resultados visibles.
De salida. Esta madrugada fue aprobada la reforma electoral de orden constitucional propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y recortada por el PT y opositores, que no dejaron pasar el apartado de adelantar una elección de revocación de mandato para 2027, a la par de las elecciones intermedias que renovarán la Cámara de Diputados, gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos por todo el país. La propuesta se quedó sólo con los apartados de austeridad, que intervienen en la autonomía política de los estados y municipios y les dicta a Congresos Locales cuánto deben gastar y a los Ayuntamientos la cantidad de sus integrantes, así como recortes al INE. Pero falta un paso, deben avalarla al menos 17 legislaturas estatales para que pueda decirse que el Constituyente aprobó la reforma y el Legislativo federal pueda informar que el trámite está completo al Poder Ejecutivo, a fin de que se publique la modificación constitucional en el Diario Oficial de la Federación para que el texto reformado sea vigente.
Cuando eso haya pasado, el Congreso Federal tendrá un plazo, dicen los artículos transitorios, para hacer las reformas necesarias en la legislación secundaria y a su vez, los congresos locales puedan armonizar lo que les corresponda tras esta reforma federal.
La cosa es que, en Guanajuato, a la bancada de Morena en el Congreso del Estado, se le "quemaron las habas" hace unas semanas y muy propios subieron a tribuna a entregar una reforma constitucional local para "armonizar" la Carta Estatal a la nueva disposición en la Magna, incluyendo hasta lo que no se hizo en lo federal, el tema de la revocación de mandato, en este caso, para el caso de la gobernadora. Una armonización, en los hechos, a la nada, porque al día de hoy no hay una reforma constitucional hecha y derecha.
Podrán decir lo que gusten y manden los guindas, como David Martínez Mendizábal, que subió a presentar la reforma citada, pero se adelantaron en los tiempos y su propuesta es errada. Si hubieran sido malosos sus compañeros del lado contrario, habrían dado fast track a la propuesta morenista y hasta ya la estarían bateando en la sesión de esta semana. Simplemente por tejer en el aire. Qué costaba esperarse tantito, pues.
Se adelanta que no pasará la propuesta y sí, en cambio, se hará una por parte de otros partidos, que, si irá sobre terreno firme para, ahora sí, armonizar lo local con lo federal. Y hasta más. La presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado, la priista Ruth Tiscareño, ha estado articulando propuestas y alianzas para lo que se viene en las próximas semanas. Eso sí, no se sabe, si en la malevolencia, los panistas tomarán la palabra a los morenistas y decidan darle la oportunidad a la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, de hacer campaña en defensa de su gobierno el próximo año si es que un alma caritativa pide revocación de mandato. Quién sabe que tenga en mente el coordinador panista, Jorge Espadas, que tiene la mirada clavada en León y no tanto en la mesa del billar político en Las Enredaderas.
