Sesiona el Pleno del Congreso, aprueba modificación a integración de comisiones y diputada Eugenia García reclama ante su destitución en presidencia de Justicia

En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso local aprobó la modificación de la integración de las comisiones de Medio Ambiente, Turismo, Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, Asuntos Municipales y Justicia para quedar de la siguiente manera:

Comisión de Medio Ambiente se integra el diputado Antonio Chaurand Sorzano como vocal, en lugar del diputado Luis Ricardo Ferro Baeza.
Comisión de Turismo se integra la diputada Miriam Reyes Carmona como presidenta, en lugar del diputado Luis Ricardo Ferro Baeza.
Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables se integra el diputado David Martínez Mendizábal como vocal, en lugar de la diputada Miriam Reyes Carmona.
Comisión de Asuntos Municipales se integra la diputada Plásida Calzada Velázquez como vocal, en lugar del diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor.
Comisión de Justicia se integra el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor como presidente, en lugar de la diputada María Eugenia García Oliveros.

La diputada María Eugenia García Oliveros manifestó que la Asamblea es el máximo órgano legislativo porque así lo establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que también define que está integrada por 36 personas diputadas y que a su vez conforman el Pleno y que son necesarias al momento de la votación.

Indicó que la votación de un acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política está sujeta a aprobación del máximo órgano de decisión, por lo que no deben de aprobarse de manera automática sin discusión, y subrayó que la única manera de solicitar su remoción era si no perteneciera a su grupo parlamentario actual.

García Oliveros añadió que de aprobar en esos términos la propuesta de la Junta de Gobierno convalidaría de manera errónea una violencia política hacia su persona, para concluir al puntualizar que bajo la premisa de que todo lo que se vota es discutible, la propuesta actual también lo era, y planteó una reserva en lo relativo a la Comisión de Justicia para que se señale que no tiene cambios en su integración.

En su intervención, la legisladora Maribel Aguilar González señaló que no se está frente a una decisión paritaria que implica quitarle un espacio a una mujer para entregárselo a un hombre, situación que tiene un significado profundo por el hecho de que las mujeres han duplicado esfuerzos para demostrar capacidad.

Agregó que el hablar de igualdad sustantiva es entender que no basta con abrir la puerta una sola vez, sino que se construye cuando las mujeres pueden ejercer plenamente sus responsabilidades, cuando no se les desplaza sin causa, cuando se respeta su trabajo y lugar.

Finalmente, dijo no encontrar motivos para remover de la presidencia de la Comisión de Justicia a su compañera de bancada, junto a que no hay una explicación que se sostenga desde la ética y la congruencia con la lucha histórica de las mujeres.

La propuesta se aprobó por mayoría de votos.

Otros asuntos

Además, se aprobaron los dictámenes mediante los cuales se ordena el archivo de las siguientes propuestas: 

Iniciativas de Ley de Comunicación Social para el Estado y los Municipios de Guanajuato y de reforma a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado; de reforma a la Ley para Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado en temas como regular el uso de los recursos destinados a comunicación social y publicidad, reducir el porcentaje establecido para los traspasos presupuestales y reducir el monto de las remuneraciones por estímulos  a servidores públicos; y de Ley de Austeridad, Ahorro y Transparencia en el Ejercicio de Recursos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. 

Puntos de acuerdos para exhortar: al secretario de Finanzas estatal, a la directora general del Servicio de Administración Tributaria del Estado a efecto de que evalúen la reapertura de la Oficina de Servicio al Contribuyente en Santa Ana Pacueco; a la Cámara de Diputados, que en uso de sus facultades exclusivas en materia presupuestal, en el proceso de discusión y aprobación de la ley de egresos de la federación 2026, se realicen las modificaciones necesarias que permitan la extinción total de la deuda pública derivada de los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca; a la gobernadora del estado para que, a través de la Secretaría del Nuevo Comienzo, lleve a cabo las acciones necesarias para integrar partidas presupuestales en el proyecto de la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026. 

De igual manera, para que los municipios establezcan facilidades administrativas que incluyan y/o garanticen tarifas o descuentos especiales para personas con discapacidad de al menos un 50% sobre el pago del servicio de agua potable en este ejercicio; a la titular del Poder Ejecutivo del Estado para que instruya la comparecencia del titular de la Secretaría de Finanzas, ante este Congreso, para que rinda un informe financiero; a la titular del Poder Ejecutivo del Estado para que informe de manera detallada y justifique plenamente el motivo del retraso en la conclusión de los trabajos de rehabilitación del Macrocentro Deportivo 1 de Valenciana; a la titular del Poder Ejecutivo Estatal para que informara con precisión y detalle los acuerdos establecidos con las Organizaciones de la Sociedad Civil, particularmente aquellos que derivaron en los desistimientos de los amparos interpuestos contra el decreto de extinción del FIDESSEG, así como los compromisos asumidos por cada una de las partes y el marco jurídico operativo y presupuestal que regirá el nuevo esquema de colaboración anunciado bajo el programa Tocando Corazones. 

Finalmente, el que pretendía exhortar a la titular del Poder Ejecutivo estatal para que instruyera a la Coordinación General Jurídica a formular y presentar el juicio de lesividad en contra del acto administrativo por el que se concesionó por treinta años la autopista Guanajuato-Silao al consorcio VISE, S.A de C.V.-Construcciones Rubau, S.A., a través de la empresa Concesionaria Valle de la Independencia S.A. de C.V; así como otros cinco que buscaban auditorías integrales al programa MujerEs Grandez, a los contratos de la empresa Seguritech, a Guanjuato Puerto Interior, posible conflicto interés de bienes de la gobernadora del estado y a la compra del terrero de la Feria de Silao. 

Al hacer uso de la voz para hablar en contra del archivo de la propuesta para auditar la compra del terreno de la Feria de Silao, el diputado Ernesto Millán Soberanes indicó que el proceso de la compra del terreno para las nuevas instalaciones de la Feria de Silao es un acto de corrupción, toda vez que el Ayuntamiento de Silao presentó y aprobó la compra de un terreno de casi 5 millones de hectáreas con un costo de 80 millones de pesos, cuando el valor catastral durante todo el año del 2024 fue de $77 mil 937 pesos.

Agregó que los regidores pertenecientes al partido Morena realizaron un avalúo para verificar el costo de compra-venta y que el estudio arrojó que el terreno tiene un valor comercial de 41 millones 781 mil pesos, que deja ver una diferencia de más de 38 millones de pesos.

Finalmente, mencionó que la compra del terreno tiene muchas incógnitas e información que las autoridades no han querido entregar, junto a que no existe una explicación clara en el pago realizado, toda vez que ese dinero puede utilizarse para acciones de beneficio colectivo.

Por su parte, el diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero comentó que se les estaba enviando un dictamen en sentido negativo, lo que representaba una falta de transparencia a toda luz, ya que se pedía auditar y revisar porque se partía de una presunción de la compra de un terreno con un sinfín de irregularidades, por lo que negar la auditaría dejaba claro que algo se estaba tratando de ocultar en el municipio de Silao, por lo que pidió se regresara a la comisión dictaminadora.

Mismo trámite tuvieron las iniciativas de reforma a la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, en materia de refrendo vehicular; para modificar la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2025, a fin de que los pueblos y comunidades indígenas de México ejerzan su autonomía de manera más plena; y para reformar a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato con el objeto de que la auditoría Superior del Estado pueda practicar auditorías simultáneas. 

De igual manera, las propuestas de puntos de acuerdo dirigidos a la gobernadora del Estado para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las Secretarías del Estado incluya los recursos presupuestales necesarios para fortalecer las Unidades Especializadas en la Iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2025; así como para exhortar a los 46 municipios del Estado por medio de sus ayuntamientos y a través de sus auxiliares o delegados municipales realicen campañas de información al respecto de la existencia de las Unidades Especializadas y la forma de contactarlas. 

Segundo, para que, en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2026, asigne los recursos necesarios al programa presupuestario E012 Atención médica para que, se aplique como proyecto de inversión QC para impulsar el acceso a la opción terapéutica para la acondroplasia, para garantizar que las niñas, niños y adolescentes con esta condición puedan beneficiarse de este tratamiento. 

Asuntos generales

La diputada María Eugenia García Oliveros calificó como un acto de injusticia y de violencia su destitución como presidenta de la Comisión de Justicia al atentar contra una mujer que se atrevió a levantar la voz y sacar por delante reformas que por mucho tiempo fueron bloqueadas y exponer ante la ciudadanía de Guanajuato la incongruencia de aplaudir en el discurso la igualdad, pero que en los hechos persiguen e intentan silenciar a las mujeres combativas y con voces incómodas.

Por su parte, el congresista Alejandro Arias Ávila apuntó que lo que había acontecido este día era un hecho que se tenía que repudiar, lo anterior al referirse al atentado que sufrió el abogado   Francisco Trejo Ortiz. Afirmó que por el área donde sucedió se debe contar con la tecnología necesaria para que se le dé seguimiento al caso y se atrape a los responsables.

Finalmente, el legislador Ernesto Millán Soberanes refirió que la compra del terreno para las nuevas instalaciones de la Feria de Silao es un acto de corrupción por el pago de 80 millones de pesos cuando el avalúo real es de menos de 42 millones de pesos, en un asunto en el que siguen las incógnitas y la falta de una explicación lógica del por qué no se quiere hacer una auditoría al tema.

Asimismo, el congresista anunció la presentación de un punto de acuerdo para la siguiente sesión.