Estrictamente Personal. Campañas selectivas

La forma como se ha hecho la campaña contra los factureros pierde credibilidad cuando se hace de manera selectiva, donde a unos se castiga y a otros se premia al no voltearlos a ver.
Opinión12 de diciembre de 2025 Raymundo Riva Palacio
Raymundo Riva Palacio
Raymundo Riva Palacio

En el gobierno de Claudia Sheinbaum se han detectado al menos 184 empresas identificadas como “factureras” y alrededor de 530 contribuyentes que pueden entrar en la misma clasificación. La cruzada contra esas empresas es importante, porque generan pérdidas al fisco por unos mil 400 millones de pesos. Sirve también como herramienta de la propaganda, como es el caso de Víctor Manuel Álvarez Puga, uno de los dos símbolos del factoraje evasor, que iba a servir para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mostrara su disposición para acabar con los delincuentes de cuello blanco del viejo régimen. Pero, no hizo nada de fondo.

Haberlo hecho hubiera involucrado a funcionarios muy cercanos a él, que lo habían financiado cuando no tenía dinero, que habían hecho negocios con Álvarez Puga. Pero ahora, con la necesidad de conseguir recursos de donde sea, Sheinbaum quiere que lo extraditen y repare lo obtenido. Álvarez Puga, sin embargo, es el chivo expiatorio de los factureros, viejos y nuevos. Hay una red de factureros que se tejió alrededor del senador Adán Augusto López, que está inmune a investigaciones sobre ese mecanismo evasor. Tampoco se ha tocado la operación de factoraje que se maneja desde el SAT –como también lo hizo en su tiempo la finada hermana del senador López–, y que tiene vinculaciones fuertes con la familia del expresidente.

Pero el caso madre de los ataques selectivos contra los factureros lo da Raúl Beyruti, llamado “el rey facturero”, a quien investiga la Fiscalía General de la República desde 2021, por haber dispersado más de mil 300 millones de pesos a través de su empresa GINGroup. La Secretaría de Hacienda interpuso denuncias penales contra Beyruti y la Unidad de Inteligencia Financiera detectó desde 2021 recursos no reportados de GINGroup, que generaron las órdenes de aprehensión. En total, se abrieron seis carpetas de investigación en la UIF, cuando la encabezaba Santiago Nieto, en el SAT cuando estaba Raquel Buenrostro, y en el IMSS, bajo el mando de Zoé Robledo.

Álvarez Puga, cuando no pudieron ayudarlo sus amigos en el gobierno de López Obrador, se fue de México. Beyruti no. Pese a todas las órdenes de aprehensión, nunca salió del país. Lo que hizo, de acuerdo con personas que conocieron de sus movimientos, fue repartir más de 45 bienes inmuebles entre sus cinco exesposas y una docena de hijos, que le ayudaron a ocultarlas para evitar su aseguramiento.

“Siempre ha operado en el filo de la navaja simulando operaciones a través de más de 800 empresas con estrategias fiscales agresivas”, dijo una persona que lo conoce bien. “Además de estas, triangula recursos a través de restaurantes de su propiedad como el Texas Ribs, Garum, Corazón de Alcachofa, así como mediante franquicias de Carl’s Jr. y Wendy’s, y centros deportivos y clínicas que aprovechaba para ofrecer servicios de esparcimiento y de salud a los empleados que administraba”.

Beyruti invirtió en medios de comunicación –todos lo acusaron de incumplimiento de sus compromisos en el campo de inversión y publicidad–, a través de los cuales pensaba originalmente promoverse. Las acusaciones no han tenido mayor merma en él. Actualmente, dijeron las personas que lo conocen, se sigue dedicando al mismo negocio, utilizando varias marcas y una consultoría, que las manejan sus hijas, su hijo y su yerno.

“El rey facturero” no parece tener miedo a que lo detengan. Como antes, sigue alardeando su fortuna y se pasea regularmente por los mejores restaurantes de Polanco y en los grandes centros comerciales del poniente de la Ciudad de México, particularmente en Interlomas y Santa Fe. Sigue en el negocio inmobiliario, adquiriendo propiedades mediante contratos privados de compra-venta que los usa para rentar. Una de esas propiedades, en Lomas Verdes, donde se encuentra su corporativo, es emblemático. El edificio se lo compró a una multinacional farmacéutica a la que no le terminó de pagar, por lo que sus empleados tienen que batallar con cortes de agua y otros servicios. Actualmente existe un alto número de exempleados que lo han demandado por diversas causas que van desde lo laboral hasta el fraude.

Adicionalmente, existe un grupo formado por decenas de trabajadores y socios a los que, a pesar de jactarse del dinero que tiene, les debe grandes sumas de dinero. Desde hace tiempo la intención de este grupo es solicitar una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum para que interceda por ellos a través de la Secretaría del Trabajo y la Fiscalía General para que les pague. Hace unos días le preguntaron a la presidenta sobre Álvarez Puga y los factureros, y dijo que eran asuntos que llevaba la fiscalía.

La lucha contra los factureros, como lo demuestra el trato diferenciado entre Álvarez Puga y Beyruti, es desigual, por razones que se desconocen. El primero, en el centro de la arena pública es tratado como una persona de una fortuna incalculable, aunque en la actualidad, de acuerdo con personas que lo conocen, no tiene el dinero que le adjudican, ha tenido que recurrir a préstamos para mantener los gastos de su familia. El segundo no tiene esos problemas. Al contrario. Sigue en sus negocios operando en la zona metropolitana de la Ciudad de México, sin que nadie lo moleste.

Las acciones contra Álvarez Puga, sin embargo, no son ilegales ni ilegítimas. Sí fue un facturero importante del poder y hubo evasión de impuestos. La presidenta sí quiere que regrese a México, pero extraditado desde Miami, donde se encuentra recluido en un centro migratorio, para que sea detenido a su llegada y comience la negociación para que repare el daño. Las acciones contra Beyruti tampoco son ilegales ni ilegítimas, pero parece haber salido del radar de las autoridades, colocándolo en un lugar cercano a los factureros del régimen, sobre los cuales no hay denuncias, ni investigaciones, ni órdenes de aprehensión.

La forma como se ha hecho la campaña contra los factureros pierde credibilidad cuando se hace de manera selectiva, donde a unos se castiga y a otros se premia al no voltearlos a ver. Es la forma como se ha tratado la justicia, no sólo de la cuatroté, sino del PRI y el PAN en el pasado, que parece que no importa qué, no va a cambiar.

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