Las sanciones de EE UU al Marro apuntan a la facilidad con que el crimen opera en las cárceles de México

El Departamento del Tesoro de EE UU ha lanzado un dardo este miércoles contra el sistema penitenciario mexicano, escondido en un anuncio de sanciones a un líder criminal, uno de tantos de los que informa cada año. El Tesoro ha explicado que ha decidido sancionar a José Antonio Yépez Ortiz, alias Marro, cabecilla del Cartel de Santa Rosa de Lima (CSRL), por su operación de robo de combustibles “a escala industrial”, en el Estado de Guanajuato, en el centro del país. Detenido en agosto de 2020, encarcelado desde entonces, el Gobierno estadounidense denuncia que El Marro continúa manejando el grupo criminal desde prisión.

El comentario aparece en uno de los párrafos finales del comunicado, como si fuera un detalle cualquiera. “El Marro continúa siendo un miembro activo del CSRL desde la cárcel, enviando instrucciones y órdenes a sus colaboradores a través de sus abogados y familiares”, lee el texto. Yépez, de 45 años, vive preso en la cárcel federal de Durango, en el norte del país desde 2024, cuando fue trasladado desde la del Altiplano, en el Estado de México, junto a la capital, movimiento sobre el que el Gobierno, entonces en manos de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), guardó silencio.

El dardo del Tesoro subraya la incapacidad del Estado mexicano para controlar sus cárceles, incluso las federales, teóricamente las más seguras y vigiladas. Y apuntala una teoría comúnmente aceptada, que trasciende a las fronteras de México y atañe a América Latina en general: la idea de que las prisiones, más que centros de readaptación social, son universidades del crimen y espacios para establecer redes con otros delincuentes. En México, además, muchas de las prisiones funcionan como verdaderos centros de extorsión telefónica, exponiendo el infructuoso intento del Estado de contener el uso de celulares en su interior.

El comunicado del Tesoro estadounidense señala también que El Marro fraguó desde prisión la alianza del CSRL con el Cartel del Golfo para pelear regiones de Guanajuato al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se expandió al Estado del Bajío desde Michoacán y Jalisco. La batalla del CSRL con el CJNG inició hace más de siete años, colocando el acceso a los ductos de la petrolera paraestatal Pemex en el centro de sus objetivos. Criminales asociados a uno y otro grupo conocen perfectamente los puntos menos vigilados de las tuberías de Pemex y la lucha por el paso exclusivo ha sido descarnada en este tiempo.

La detención del Marro en agosto de 2020 y las de varios de sus colaboradores y familiares en los años siguientes parecían decantar la batalla del lado del CJNG. El declive del CSRL se antojaba inevitable. La esperanza era, además, que la decadencia del grupo del Marro redundara en un descenso de los delitos violentos en Guanajuato, entidad golpeada como pocas por la ola criminal que ha atenazado a México estos años. Pero la salida de prisión del hijo del Marro, Luis Antonio Yépez, en agosto de 2024, después de un breve periodo en la cárcel, y la alianza del CSRL con el Cartel del Golfo han cambiado el destino del grupo y de la región.

Las dudas apuntan ahora a la libertad de movimiento de los jefes criminales encarcelados. Desde su llegada al Gobierno en octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum y el vocero del Gabinete de Seguridad, Omar García Harfuch, han informado habitualmente de la cantidad acumulada de personas detenidas, que ronda ya las 40.000. Harfuch siempre actualiza esa cifra cada dos semanas, en las conferencias de prensa matutinas de la mandataria. Es uno de los criterios en que sostienen su defendido éxito en la estrategia de seguridad. Pero el caso del Marro, y otros antes que el suyo, muestran que la reclusión de líderes criminales no reduce la actividad criminal en el país, necesariamente. Tampoco la violencia.

El traslado en febrero y agosto de más de medio centenar de criminales y presuntos criminales, de cárceles de México a EE UU, alimentaba esta misma discusión. Algunos de los perfiles la centraban. El caso de Abigael González Valencia, alias Cuini, era uno de los más destacados. Enviado al norte de la frontera en agosto, El Cuini, líder de una de las patas del CJNG, llegó a construir en reclusión una importante ascendencia sobre el colectivo de presos del caso Ayotzinapa, particularmente con Gildardo López Astudillo, alias Gil, con quien coincidió entre rejas de 2015 a 2019. Así lo informó incluso el presidente López Obrador antes de dejar el cargo. El Gil accedió de hecho a colaborar con las pesquisas del caso Ayotzinapa a cambio de que el Gobierno no extraditara a El Cuini.

La jugada al final le salió mal a González Valencia. El Gil dejó de colaborar y el Gobierno de Sheinbaum envió a su viejo colega al país vecino para que enfrente allí a la justicia. Pero la idea de que una sola persona fuera capaz de determinar el curso de la investigación de uno de los casos más relevantes de la historia reciente de México habla por sí sola. Hay más casos, algunos que afectaban a regiones enteras, como la frontera chica. En febrero, el Gobierno envió a EE UU a los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, antiguos líderes de Los Zetas, grupo criminal que subyugó el noreste mexicano a principios de la década de 2010.

Desde su detención, ya hace años, se decía que los hermanos seguían controlando al grupo sucesor, el Cartel del Noreste, con base en Nuevo Laredo, desde prisión. Parece que la situación que, cierta o no, acabó este año. En el último informe del Instituto Nacional de Estadística, de septiembre, sobre percepción de inseguridad, Nuevo Laredo entró al listado de las 10 ciudades donde la población se siente más segura, aumentado más de siete puntos porcentuales desde el mismo mes del año anterior. Entonces, los Treviño Morales seguían en una cárcel mexicana.