Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso local aprobó reformas al Código Civil para el Estado de Guanajuato para establecer que para la asignación de los apellidos cuando el registrado se presente como hijo nacido dentro del matrimonio o comparezcan ambos padres a reconocerlo, estos decidirán libremente de común acuerdo el orden de los apellidos.
Se añade que, en caso de que los padres no se pongan de acuerdo en el orden de los apellidos, el oficial del Registro Civil lo determinará atendiendo al interés superior de la niñez y estabilidad familiar.
Como autora del dictamen, la diputada María Eugenia García Oliveros señaló que propiciar la no discriminación entre el hombre y la mujer al momento de dotar la filiación a una persona a través de sus apellidos, asegurando que no tengan un orden de prelación, aunado el derecho que suma de los menores para que puedan ser identificados por medio de sus nombre y apellidos, con ello es relevante para cualquier persona el ostentarse con un nombre.
Indicó que el dictamen reconoce que el derecho al nombre implica la prerrogativa de su modificación, misma que debe estar reglamentada en ley, y que la posibilidad de que los progenitores, libremente y de común acuerdo, determinen el orden de los apellidos de sus hijas e hijos, no solo reivindica la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, sino que también fortalece el derecho a la vida privada y familiar, al reconocer la autonomía de las familias en la conformación de su identidad.
Finalizó al precisar que esto no es únicamente una adecuación normativa, sino una medida de trascendencia social, jurídica y cultural, dando cumplimiento al mandato constitucional de igualdad y no discriminación, y que la aprobación marcaba la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Al hablar a favor, la congresista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia afirmó que el dictamen responde a un mandato constitucional claro: eliminar prácticas discriminatorias y garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Agregó que privilegiar el apellido del padre perpetúa estereotipos de género y vulnera el derecho al nombre como elemento esencial de identidad y vida familiar.
Argumentó que la reforma propuesta equilibra derechos: respeta la autonomía de los padres, corrige una práctica discriminatoria que privilegiaba al varón y al mismo tiempo protege a las niñas y niños garantizando estabilidad y seguridad jurídica cuando no hay consenso.
Finalmente comentó que aprobar este dictamen enviaba un mensaje claro, que en Guanajuato los derechos de las mujeres y la igualdad sustantiva no son negociables.
