Adán Augusto López Hernández, aparece vinculado en un reporte de Reforma con el cesionario del recinto fiscal 289 en Tampico, Tamaulipas, donde se registraron descargas de combustible de contrabando. Testigos colaborativos, como el identificado como “Santo”, mencionan que el empresario del muelle tenía una relación cercana con López Hernández, descrito como un aliado muy cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El recinto fiscal, también conocido como Terminal 11 o Muelle de metales, es operado por la compañía Tampico Terminal Marítima S.A. de C.V., propiedad de Saúl Vera Ochoa, empresario tabasqueño que mantiene lazos con el senador. Según el testimonio, un Almirante de la Secretaría de Marina advirtió al colaborador que tuviera precaución con el empresario debido a su relación con personas de la delincuencia organizada y su cercanía política.
El testigo “Santo” narró que el cesionario 289 contaba con un representante legal apodado “Capiterucho”, encargado de coordinar el arribo de barcos junto con la administración portuaria ASIPONA. El informe indica que se permitió el atraque de buques, incluido el OWL4, donde se descargó mezcla de hidrocarburo de manera irregular.
La declaración de “Santo” enfatiza que las operaciones se realizaron con conocimiento de las autoridades portuarias y con la influencia de nexos políticos, en los que Adán Augusto López Hernández aparece mencionado por su amistad con el empresario.
Perfil del empresario Saúl Vera Ochoa
Saúl Vera Ochoa es ingeniero civil y propietario de empresas en construcción y transporte. Desde 2019, su consorcio, Tampico Terminal Marítima S.A. de C.V., tiene la concesión de los muelles 10 y 11, además del recinto fiscal 289.
El consorcio está integrado por empresas tabasqueñas como ACUITAB, VOS Grupo Constructor, Constructora VEASA, Multiservicios RyC y Tramitadora del Pacífico. En 2024 se dio a conocer que la empresa debía 132 millones de pesos a la ASIPONA por cuotas no pagadas, lo que evidencia conflictos financieros y posibles irregularidades en la administración portuaria.
Contexto político y relación con Adán Augusto López
En la pasada contienda interna por la candidatura presidencial de Morena, Saúl Vera Ochoa expresó su apoyo abierto a Adán Augusto López Hernández. Este vínculo refuerza las sospechas sobre la mezcla de intereses políticos y empresariales en el recinto fiscal 289 y el contrabando de combustible en Tampico.
El testimonio de “Santo” y el reporte de inteligencia destacan que la operación de los muelles involucró coordinación entre “Capiterucho” y autoridades portuarias, así como supervisión indirecta de figuras cercanas a López Hernández, lo que genera un entramado de posibles irregularidades fiscales y corrupción.
Implicaciones legales y fiscales
La investigación judicializada por la Fiscalía General de la República (FGR) busca esclarecer las operaciones de contrabando de combustible, los adeudos con la administración portuaria y la posible influencia política en la concesión de los muelles. Las autoridades revisan los movimientos de la empresa, la coordinación de atraques y la participación de funcionarios en la supervisión del recinto fiscal 289.
Este caso refleja la intersección de poder político, negocios privados y control de recursos estratégicos, generando preocupación sobre la transparencia en los puertos y la fiscalización de hidrocarburos en México.
