GPPRI pide dar oportunidad de demostrar utlidad social a reforma para regular motociclistas

El GPPRI no suscribió una iniciativa que se propuso en reunión de la Junta de Gobierno porque contiene un artículo transitorio que contempla abrogar un Decreto de reforma a la Ley de Movilidad que establece el uso de calcomanías en cascos protectores de conductores de motocicletas y que en su momento fue respaldado unánimemente por la Legislatura en funciones.

Precisó, por conducto de su coordinador, diputado Alejandro Arias, que se podría estar de acuerdo con las modificaciones que se plantean en la iniciativa presentada en Junta de Gobierno, pero no con el artículo transitorio que implica abrogar una reforma que “no ha nacido a la vida jurídica”.

Aunque en el proyecto se iniciativa, en un párrafo aislado, se toca el punto de la abrogación, como si se tratara de un aspecto no suficientemente relevante, el GPPRI no coincide “con las apretadas cuatro líneas de exposición de motivos que se incorporan en el documento”.

Con relación a la reforma que se pretende abrogar, establece, en lo sustancial, que “el casco debe tener adherida, en la parte posterior externa, calcomanía de material reflejante que contenga el número de placa vehicular de la motocicleta en la que se traslada la persona usuaria, la cual se expedirá por la autoridad fiscal competente”.

Informó que se trata de un Decreto Legislativo que no ha sido publicado, que no se le ha dado la oportunidad de que vía análisis expost, se pueda determinar si ha sido útil o no para la sociedad en su propósito de convertirse en una herramienta en el ámbito de seguridad pública, que permita realizar investigaciones para el esclarecimiento de delitos que se cometen haciendo uso de una motocicleta.

Para el GPPRI, precisamente una atribución de la Unidad de Seguimiento y Análisis del propio Congreso es la de “darle seguimiento a los Decretos, leyes y acuerdos emitidos por el Poder Legislativo para verificar sus resultados, efectividad y eficacia en su implementación, y del impacto que haya generado en la población”.

Advirtió que toda vez que la reforma no ha nacido a la vida jurídica, es necesario que se complete el proceso legislativo en su última etapa, que es su publicación, para que con el devenir del tiempo se pueda realizar el estudio ex post como lo mandata la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Después de exponer las razones de por qué no se suscribió una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad presentada en Junta de Gobierno que contenía un transitorio con el que se pretende abrogar un Decreto Legislativo previo, indicó además que, en lo político, se envía un mensaje equivocado:

“Que ha bastado un amago de manifestación para que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo metan reversa a un Decreto que, por lo demás, fue votado unánimemente” en su momento.

El GPPRI decidió no respaldar una iniciativa presentada en la reunión de la Junta de Gobierno debido a un artículo transitorio que propone abrogar un decreto de reforma a la Ley de Movilidad. Este decreto establece la obligatoriedad de incluir calcomanías en los cascos de los conductores de motocicletas y fue aprobado de manera unánime por la legislatura en funciones.

A través de su coordinador, el diputado Alejandro Arias, el GPPRI sostuvo que está de acuerdo con algunas modificaciones propuestas en la iniciativa, pero no con el artículo transitorio que busca derogar una reforma que aún "no ha entrado en vigor".

Aunque el documento toca la abrogación de manera muy breve en un párrafo, el GPPRI considera que estas "cuatro líneas de exposición de motivos" no son suficientes y carecen de relevancia.

En relación a la reforma que se pretende abrogar, esta establece que "los cascos deben llevar una calcomanía reflectante adherida en la parte posterior externa, que muestre el número de placa de la motocicleta" y que se emitirá por la autoridad fiscal competente.

El GPPRI aclaró que se trata de un decreto legislativo que aún no ha sido publicado, por lo que no se ha tenido la oportunidad de analizar su efectividad o utilidad en la seguridad pública, ni en su potencial para ayudar en investigaciones relacionadas con delitos cometidos con motocicletas.

Destacaron que una de las funciones de la Unidad de Seguimiento y Análisis del Congreso es monitorear los decretos, leyes y acuerdos del Poder Legislativo para evaluar su impacto y eficacia en la población.

Advirtieron que dado que la reforma aún no ha entrado en la vida jurídica, es fundamental completar el proceso legislativo, que incluye su publicación, antes de evaluar su efectividad en el futuro, como lo establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Finalmente, el GPPRI señaló que la decisión de no suscribir la iniciativa, que incluye un artículo que busca abrogar un decreto preexistente, envía un mensaje político negativo. Se da la impresión de que una mera amenaza de manifestaciones ha llevado al Poder Legislativo y al Ejecutivo a retractarse de un decreto que, en su momento, recibió un apoyo unánime.