Ethos Político. Guanajuato y el PAN: cuando el siglo XXI por fin toca a la puerta

Durante tres décadas, el Partido Acción Nacional gobernó Guanajuato con una disciplina ideológica férrea, casi monástica, sostenida por una doctrina que —aunque siempre se presentó como “humanista”— arrastraba en su estructura profunda la herencia doctrinal de la Iglesia católica y su visión medieval de la moral pública. Ese conservadurismo histórico fue la médula del panismo guanajuatense: un partido que presumía unidad de criterios y para el cual la diversidad sexual era un asunto que se resolvía con silencios, postergaciones y votos negados.

Pero el mundo cambió, y el PAN tuvo que verse al espejo. No por voluntad propia, sino por la presión simultánea de la sociedad, de la oposición y —quizá lo más significativo— de su propia militancia, esa que no encaja en el molde de la “familia tradicional” que por años el partido intentó vender como único referente moral. Militantes no heterosexuales, cuadros jóvenes y panistas que crecieron en un entorno social distinto comenzaron a exigir lo que su dirigencia evitaba discutir: respetar los derechos humanos sin ambigüedades. Vivir en el siglo XXI.

Ese choque entre el PAN histórico y el PAN real —diverso, presionado, crecientemente plural— estalló finalmente en la sesión legislativa del 4 de diciembre. Un día que reveló algo inevitable: Acción Nacional ya no tiene unidad doctrinal. Los votos divididos no fueron un accidente: fueron la evidencia pública de que el panismo guanajuatense dejó de ser monolítico y que la hegemonía del fundamentalismo religioso dentro de la bancada ya no es dominante.

El coordinador parlamentario, Jorge Arturo Espadas Galván, lo entendió antes que muchos. Su discurso, lejos de la rigidez doctrinaria que caracterizó al PAN durante años, fue más bien la admisión de una fractura interna. Pidió respeto para el voto de cada legislador porque sabía que ya no podía controlarlos bajo la vieja disciplina conservadora. Era también una forma de reconocer que el partido enfrenta una transformación inevitable: o se adapta a los derechos humanos o queda atrapado en la irrelevancia histórica. Tampoco puede negarse el papel, bajo muchas presiones, del diputado Aldo Iván Márquez Becerra, presidente del PAN guanajuatense y electo como diputado de minoría, precisamente la que presionaba por la reforma. Al final, ha podido asumir la defensa para la cual fue electo.

La señal, además, no vino solo del Congreso. También vino desde el Palacio de Gobierno. La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo entendió el cambio social antes que muchos de sus correligionarios. Bajo su administración, y desde su paso como secretaria de Gobierno, se han celebrado uniones entre personas del mismo sexo como actos de gobierno, incluso antes de que el Código Civil fuera reformado. Un gesto político que, sin proclamarlo abiertamente, anunciaba que el PAN ya no podía seguir negando lo evidente: la sociedad está por delante de su doctrina. Y que un gobierno moderno no puede seguir gobernando con lentes del siglo XI.

La oposición, por su parte, tuvo un papel decisivo. PRI, Morena, PT, Movimiento Ciudadano, y el PVEM empujaron este proceso año tras año, sesión tras sesión, en iniciativas repetidas que el mayoriteo panista bloqueaba por rutina. La insistencia, los argumentos, la presión mediática y el peso simbólico de la Suprema Corte fueron erosionando la muralla azul. Y esa muralla, alguna vez infranqueable, terminó por ceder.

La aprobación del matrimonio igualitario y la prohibición de las terapias de conversión en menores de edad no son producto de una súbita iluminación panista, sino del agotamiento político de tres décadas de hegemonía conservadora. Son también la prueba de que la sociedad guanajuatense dejó de aceptar dogmas impuestos y exige instituciones que respondan a su pluralidad real.

Pero esta transformación, aunque histórica, aún es incompleta. El rechazo —otra vez— a la despenalización del aborto evidencia que la resistencia conservadora sigue viva, enquistada en lo más profundo del aparato legislativo. Que el PAN se haya abierto en algunos temas no significa que haya abandonado del todo su visión moralizante del Estado. Y que los derechos reproductivos sigan vetados revela que el camino hacia la igualdad sustantiva aún está lejos de completarse.

Lo ocurrido este 4 de diciembre marca un antes y un después para Guanajuato. El PAN ya no es el mismo. El Estado tampoco. La política local entró finalmente a un nuevo tiempo donde las fuerzas progresistas, el empuje social y las nuevas generaciones dentro del panismo están reescribiendo las reglas de juego.

Y si algo queda claro, es esto: en Guanajuato, la modernidad ya no se puede detener.

La jornada del 4 de diciembre de 2025 quedará en la memoria de muchas personas en Guanajuato: el matrimonio igualitario ya no dependerá de amparos ni discrecionalidades. La penalización de las terapias de conversión marca un avance a favor de la protección de la dignidad y la identidad. Pero el rechazo al aborto revela que los derechos siguen siendo parciales, selectivos, sujetos a contingencias políticas. En el PAN ahí siguen bajo el velo, aunque, también hay que decirlo, pronto aprenderán que ya han dejado en el camino una pesada roca que cobra en las elecciones, sobre todo entre los jóvenes que no creen en santones, ahora puede usarla en su apoyo.

Para cientos de miles de personas de la diversidad sexual y de género, este día representa una victoria —una transformación real del marco legal. Pero para quienes reclaman autonomía reproductiva y derechos de las mujeres, el silencio legislativo vuelve a ser una deuda histórica.

IEEG cierra año

Este viernes el Consejo General del IEEG se reunirá con los representantes de los medios de comunicación para cerrar año. El próximo será de mucho trabajo, porque deberá articular lo que los legisladores locales determinen sobre la elección de magistrados y jueces del Poder Judicial del Estado, materia donde el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, ya ha comenzado a caminar con foros para dilucidar la ruta, y, sobre todo, iniciar los preparativos de la elección de legisladores locales y Ayuntamientos para 2027; no hay que olvidar que el año electoral inicia en el último tercio del 2026.

En esta ruta, también hay que traer a la memoria que este 2025 el IEEG cumplió 30 años, y ante la amenaza de que los organismos electorales locales puedan ser desaparecidos por Morena y su pretendida reforma electoral centralizadora (al menos en las expresiones de varios de sus "mentes brillantes" que repudian la condición federal de la República), su consejo general se ha abocado a fortalecer entre la juventud escolarizada y organizaciones de la sociedad civil, el ideario democrático, con tolerancia y pluralidad por delante. Siempre en espera de lo que se decida en las cúpulas políticas, pero sin olvidar la misión.

La consejera presidenta del IEEG, Brenda Canchola Elizarraraz, ha sobrellevado la curva de aprendizaje al frente del Instituto, ya con una elección a cuestas y la comprensión de que ciertas decisiones deben pasar por la mesura y comprensión de la realidad política local, tiene en sus manos la administración, con apoyo de sus compañeros consejeros, de un proceso que será dificil, que requiere de recursos y atingencia, para que no haya las polémicas y fallos del proceso federal que dio cuenta del nuevo poder judicial federal, pero, necesita también de la buena voluntad y decisiones sensatas del Congreso del Estado, que va lento en cuanto a lo electoral se refiere, siempre en espera de qué suceda con las reformas federales que se avecinan. Decisiones que tienen que dejarle los criterios y herramientas para el desempeño idóneo ante el acto ciudadano de elegir.

El problema es que cuando se legisla al cuarto para las doce, la implementación se vuelve riesgosa por la brevedad del tiempo de operación y, sobre todo, por estar a la espera de que si hay judicialización por lo legislado, esto se derima de última hora y haya que improvisar a como se pueda.