La Fiscalía abre una investigación por el pago de 100 millones de pesos de una empresa fachada del Cartel de Sinaloa a Vector

El Gobierno de México ha comenzado a mirar con lupa a las instituciones financieras sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos por presuntamente blanquear activos del narcotráfico. La Fiscalía General de la República (FGR) de México ha iniciado una investigación en torno a transferencias millonarias pagadas a Vector por parte de Prestadora de Servicios Murata, S.A. de C.V., una empresa fachada que encabeza una red de blanqueo de dinero al servicio del Cartel de Sinaloa. La firma, que ya fue inhabilitada por la Secretaría de Hacienda, depositó a Vector 97,6 millones de pesos (5,2 millones de dólares) mediante 53 transferencias efectuadas en 2017, de acuerdo con información fiscal obtenida por EL PAÍS y que forma parte de la indagatoria. La FGR a cargo de Alejandro Gertz ha turnado el expediente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Este diario ha contactado a un portavoz de Vector para solicitarle un posicionamiento a propósito de la nueva investigación de la Fiscalía; el vocero ha señalado que la casa de bolsa no comentará al respecto.

El Departamento del Tesoro de EE UU acusó la semana pasada a CI Banco, a Intercam y a Vector de desempeñar “un papel clave y prolongado” en el blanqueo de millones de dólares de los carteles de la droga mexicanos, y de fungir como vehículo de pago para la adquisición de precursores de fentanilo provenientes de China. El Gobierno estadounidense documentó que Vector presuntamente ha prestado sus servicios al Cartel de Sinaloa y al Cartel del Golfo. Según esas pesquisas, entre 2013 y 2021, un empleado del cartel de Joaquín El Chapo Guzmán lavó dos millones de dólares mediante envíos desde EE UU a México a través de Vector. La casa de bolsa también sirvió para que el cartel gestionara pagos por precursores de fentanilo, según la acusación. La organización de El Chapo es el principal productor de la droga sintética que ha inundado el mercado de EE UU, donde las muertes por sobredosis se cuentan por miles al año.

Vector es una firma de corretaje de valores en la que participa como accionista Alfonso Romo, que fue consejero empresarial del expresidente Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2020. Según el Departamento del Tesoro, la casa de bolsa gestiona 11.000 millones de dólares en activos. Tras el bombazo, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha exigido a sus contrapartes de Estados Unidos pruebas de las acusaciones de blanqueo de dinero del narco por parte de las instituciones financieras. La semana pasada, una organización civil presentó ante la Fiscalía una denuncia contra Vector y Murata por los presuntos delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal y lavado de dinero, y entregó pruebas de las decenas de facturas que confirman las operaciones entre la empresa y la casa de bolsa. Las transferencias se realizaron entre enero y julio de 2017. En ese periodo hubo depósitos tan pequeños como para no levantar sospechas, por ejemplo, uno de 187 pesos, y otros por enormes cantidades, como uno de 19,9 millones de pesos. En un solo día, el 12 de mayo de 2017, Murata hizo ocho transferencias a Vector que suman 27 millones de pesos.

En 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) clasificó como empresa fantasma definitiva a Murata, que fingía ser una firma dedicada a la industria militar. En otras palabras, para la autoridad hacendaria, se trataba de una compañía de papel que simulaba operaciones y emitía facturas con la finalidad de lavar recursos. Detrás de Murata hay una familia señalada por la propia Fiscalía como operadora financiera del Cartel de Sinaloa. La compañía fue constituida en 2014 por el hijo de Nino Ferrari Gleason, administrador de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, La Trilladora, que era a su vez operador financiero del cartel de El Chapo. Murata se conecta con más empresas factureras con las que comparte testaferros y se transfiere recursos, una práctica típica de blanqueo de dinero.

La FGR y la UIF, la agencia antilavado del Gobierno, señalan que La Trilladora, detenido en 2015, blanqueó más de 6.000 millones de pesos para el Cártel de Sinaloa haciéndose pasar por un próspero empresario. La Fiscalía General también le acusa de haber financiado la construcción del túnel por el que El Chapo Guzmán escapó del penal del Altiplano, Estado de México, en 2015, en la segunda fuga del capo de una cárcel mexicana. Aun estando en prisión, La Trilladora blanqueó al menos 901 millones de pesos gracias a Ferrari. Una indagatoria de la FGR, adelantada por Reforma el año pasado, señala que Ferrari utilizó como prestanombres a meseras de Sanborns y a su propia hija para constituir las empresas fantasma de La Trilladora. Según ese diario, Ferrari fue detenido en julio de 2024, acusado de lavado y delincuencia organizada. En tanto, La Trilladora fue sentenciado en febrero de este año a una condena mínima, luego de que el juez desestimó los principales cargos presentados por la Fiscalía en su contra.

Además del Cartel de Sinaloa, entre los principales clientes de Murata se encuentran instituciones y gobiernos encabezados por el PRI, que durante años le pagaron en contratos más de 301 millones de pesos, según la documentación fiscal a la que ha accedido este periódico. El Estado de Nuevo León fue su mina de oro. De todo el monto que le pagaron las instituciones priistas, al menos 279 millones de pesos —el 92% del total— provinieron de contrataciones en ese Estado. Varios de los contratos fueron suscritos directamente por Paolo Ferrari, el hijo del operador de La Trilladora que constituyó la empresa. Aunque presumía dedicarse al ramo militar, muchos de los negocios que le contrataron las instituciones oficiales eran radicalmente distantes; por ejemplo, la alcaldía de Monterrey, capital de Nuevo León, le encargó a Murata impartir talleres sobre accidentes viales, alcoholismo y sexualidad, a cambio de un pago de 10 millones de pesos. En ese entonces, el alcalde de Monterrey era el priista Adrián de la Garza, que ha retomado el cargo tras la elección de 2024.

Murata está vinculada a otras empresas que desviaron recursos millonarios en Chiapas durante la gestión de Manuel Velasco (del PVEM, durante años aliado del PRI y ahora de Morena); también se conecta con dos personajes involucrados en negocios ilícitos: Eduardo Felipe Moisés Salomón y Salvador Campillo Talavera. El primero participó en el fraude electoral de las tarjetas Monex en los comicios presidenciales de 2012, en los que fue electo el priista Enrique Peña Nieto. El segundo colaboró en la estafa piramidal de ads-broker con la que fueron embaucados más de 5.000 inversores, la mayoría españoles. Los ilícitos de Murata ya habían sido denunciados a nivel local en Nuevo León. Ya ahora, la presión de Estados Unidos ha sido la percha perfecta para poner en la mira de la justicia federal a esta poderosa red criminal de blanqueo.