Sheinbaum abre la puerta a un “análisis profundo” sobre la autonomía de las fiscalías

La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha afirmado que su Gobierno analizará a profundidad la pertinencia de que las fiscalías continúen siendo independientes respecto del Ejecutivo. En mayo, EL PAÍS adelantó que el Ejecutivo de Sheinbaum prepara una reforma de gran calado que en principio busca anular la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) y las de los 32 Estados del país. El cambio cualitativo permitiría al presidente y a los gobernadores nombrar directamente a sus fiscales o removerlos del cargo con toda libertad. Conforme al modelo vigente, en la designación de los fiscales participan el Ejecutivo y el Congreso, un mecanismo de contrapesos pensado para conjurar la vinculación de las fiscalías a la agenda del gobernante en turno.

Tras la publicación de este periódico hace un mes, la presidenta dijo que su Gobierno no tenía “por el momento” planes de pasar una reforma de ese tipo, pese a que el diario confirmó la existencia de un borrador de la iniciativa en posesión de los operadores de Morena en el Congreso. Este viernes, preguntada nuevamente por el tema en la conferencia Mañanera, Sheinbaum ha concedido que “es evidente que tiene que analizarse la autonomía de las fiscalías, cómo ha funcionado”. La presidenta insistió en que el proyecto de reforma “no es una propuesta del Gobierno”, pero no negó que la anulación de la autonomía estuviera en los planes de su partido. “Hay que analizarlo profundamente”, ha comentado Sheinbaum. “Hay fiscalías en algunos Estados que funcionan muy bien, hay otras que no funcionan tan bien. La FGR funciona bien y en otras cosas tiene que mejorar”, ha observado.

Hace una década, se modificó la Constitución para dotar a las fiscalías de independencia respecto del Ejecutivo. Parte de la reforma incluyó cambiar el proceso de designación de sus titulares, en el que el Senado adquirió un rol fundamental. Otra medida fue extender el periodo en el cargo de los fiscales para que fuesen transexenales, es decir, que durasen más allá del término del mandatario en turno y no estuviesen sujetos a los cambios políticos. Morena argumenta ahora que esa autonomía se ha convertido en un lastre para la procuración de justicia, pues algunos fiscales, muy ligados a mandatarios de oposición, juegan en contra de los nuevos gobiernos y frustran el combate a las redes de corrupción. Según el borrador al que tuvo acceso EL PAÍS, habrá un artículo transitorio que permitirá a los actuales fiscales concluir su periodo en el cargo, pero sus relevos serán nombrados, conforme a los nuevos términos, por los mandatarios. Esto significa que el titular de la FGR, Alejandro Gertz, podrá continuar en el cargo hasta 2028, el plazo para el que fue designado en su momento.

Sheinbaum ha señalado que, una vez concluida la implementación de la reforma judicial, con la pasada elección de jueces, México debe transitar a un debate para mejorar en general el desempeño de las fiscalías, al margen de su independencia. “La autonomía se planteó en la idea de que no hubiera un uso político de las fiscalías, ese era el fondo de la autonomía, que no dependiera del Ejecutivo si perseguía una persona o no, independientemente del delito que hubiera cometido”, ha repasado la presidenta. “También se pensó en la idea de que tuviera mucho más profesionalización para la persecución del delito, y hasta ahora todos debemos decir que todas las fiscalías requieren mejora. Entonces, en ese marco hay que analizar la función de las fiscalías y qué más debemos de hacer en nuestro país para mejorarla, más allá de la autonomía”, ha indicado.

La mandataria ha asegurado que, incluso aunque se termine el modelo de las fiscalías independientes, su Gobierno no tendrá influencia en las decisiones de la FGR. La declaración es una extensión de otro comentario que hizo esta semana, luego de que se le cuestionó cómo sería su relación con la nueva Suprema Corte, que surgió de las urnas en la pasada elección judicial y quedará conformada por togados afines al oficialismo. “No es ningún interés nuestro la intervención del Ejecutivo en el Poder Judicial. Tampoco es interés de la presidenta tener influencia en la Fiscalía [General] para poder controlar lo que hace. Pero el país necesita revisar la función de las fiscalías y si están cumpliendo todas con su función, o requieren todavía más herramientas y más instrumentos”, ha afirmado.