Las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado parecen caminar a un ritmo distinto al que la coyuntura exige. El reloj corre y las reformas a la legislación electoral estatal, así como a la integración del Poder Judicial local, siguen sin abordarse con la urgencia que demandan los tiempos.
Opinión12 de junio de 2025
Héctor Andrade Chacón
La reciente elección judicial federal ha dejado más preguntas que certezas. Con un nivel de abstencionismo que raya en lo alarmante, una organización deficiente del Instituto Nacional Electoral (INE) y un proceso plagado de irregularidades y carencias, resulta inevitable reflexionar sobre el mensaje que la ciudadanía ha enviado: una deslegitimación preocupante hacia el modelo de transformación del Poder Judicial Federal que se intenta imponer. Y en este panorama de incertidumbre, el estado de Guanajuato se ve reflejado.
Las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado parecen caminar a un ritmo distinto al que la coyuntura exige. El reloj corre y las reformas a la legislación electoral estatal, así como a la integración del Poder Judicial local, siguen sin abordarse con la urgencia que demandan los tiempos. La elección judicial estatal deberá celebrarse en junio de 2027, pero el proceso electoral iniciará formalmente ya en 2026. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) necesita contar desde el próximo año con un presupuesto adecuado para preparar un proceso creíble, legítimo y funcional.
Mientras tanto, los consejeros del IEEG, encabezados por Brenda Canchola Elizarraraz, se encuentran en una situación de presión e incertidumbre. El retraso en las reformas por parte del Congreso del Estado deja a este órgano sin las herramientas necesarias para anticiparse y planificar adecuadamente. Y aunque los legisladores no pueden argumentar falta de precedentes, dado que en la 65 Legislatura la reforma electoral se hizo a destiempo y bajo la presión de los tribunales, hoy pareciera que no se ha aprendido la lección.
En lugar de avanzar con los ajustes legales que garanticen una elección judicial ordenada y legítima, algunas bancadas parecen más ocupadas en pugnas políticas. Tal es el caso del Partido Acción Nacional (PAN), cuya bancada, encabezada por Jorge Espadas, ha enfocado sus baterías en cuestionar a figuras de Morena como la alcaldesa de Villagrán, Cinthia Teniente. Esta semana, los panistas impulsarán una iniciativa para que la Auditoría Superior del Estado (ASEG) revise a fondo el gasto en Comunicación Social de su administración, señalando un posible uso desmedido de recursos públicos con fines de promocionarse como candidata a magistrada, cargo que finalmente no obtuvo.
El Grupo Parlamentario de Morena, que coordina David Martínez, por su parte, tras perder la semana pasada la votación por la despenalización del aborto por lo cual busca una Alerta de Género ante lo que considera violencia institucional en Guanajuato contra las mujeres, ahora busca presionar a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, con la presentación de un punto de acuerdo para exhortarla a que separe del cargo al doctor Gabriel Alfredo Cortés Alcalá, actual Secretario de Salud, "en tanto se esclarezcan las denuncias presentadas en su contra por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión al frente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado".
Si bien la fiscalización, en todos los casos, es indispensable, también lo es que el Congreso no pierda de vista las reformas estructurales que deben priorizarse.
Entre los pocos destellos de avance legislativo destaca la iniciativa presentada por la diputada priista Ruth Tiscareño Agoitia. Su propuesta busca estandarizar los criterios para la operación de establecimientos mercantiles en los 46 municipios del estado. Actualmente, las reglas son distintas en cada localidad, lo que genera un entorno incierto para los comerciantes y emprendedores. Esta Ley de Establecimientos Mercantiles para el Estado de Guanajuato y sus Municipios pretende crear un marco legal uniforme que armonice requisitos, funcionamiento, sanciones y medidas de seguridad para todos por igual, brindando certeza jurídica a quienes generan actividad económica.
Sin embargo, por importante que sea esta propuesta, no debe distraer de la urgente tarea de reformar la legislación electoral estatal y la integración del Poder Judicial local. Guanajuato tiene ante sí la posibilidad de evitar repetir los errores del ámbito federal. La ciudadanía está atenta y cada vez más crítica. No actuar a tiempo solo abonará al desencanto, al abstencionismo y a una creciente desconfianza institucional que, como hemos visto, puede poner en entredicho cualquier intento de transformación.
La historia está en marcha. Está en manos del Congreso del Estado escribir una página digna o repetir los vicios que tanto han costado en otros ámbitos.
La gentrificación es el nuevo rostro del despojo urbano, donde las grandes ciudades han convertido barrios populares en zonas de moda, con el desplazamiento silencioso de quienes los habitan.
La instrumentación de la Ley Espía en el país dentro de los próximos meses, no solamente pretende el control totalitario de la masa social de aproximadamente 130 millones de habitantes; a todos nos será impuesta mediante la CURP biométrica y no será posible eludir la realización de cualquier tipo de trámite administrativo, público y privado donde no sea un requisito sine qua non.
Es sobresaliente la preocupación focalizada de la presidencia por lo que pudiera decir Ovidio Guzmán, dejando entrever que sabe mucho más de lo que nos imaginamos, o que se imagina las mismas cosas que muchos mexicanos.
He abierto este texto a propósito de unas declaraciones públicas -poco reflexivas y menos democráticas- ofrecidas por Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo del INE en el estado, en estas afirma 3 de los grandes mitos de la no participación ciudadana en los procesos electorales.
Salvador Camarena cuestiona cómo creer al gobierno que datos en su poder no serán utilizados (again) contra adversarios políticos o activistas, y qué prometen a cambio del fin de la privacidad.
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El nuevo decomiso sigue al operativo de hace una semana contra una de las mayores redes de robo de combustible del centro del país, y las redadas en puertos contra el huachicol fiscal.
El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, confirmó que fue el propio gobierno estatal quien denunció el hallazgo ante la FGR. “En cuanto se tuvo conocimiento, se dio parte a la autoridad federal, que es competente en estos casos”, declaró. Añadió que aún se investiga cuánto tiempo llevaba operando la toma clandestina. El director del parque, Paulo Bañuelos Rosales, acudió al Ministerio Público Federal el 26 de junio para presentar la documentación que acredita la propiedad estatal del predio, con el fin de deslindar responsabilidades.
Con el objetivo común de construir un Irapuato seguro, autoridades del Gobierno de Irapuato participaron en una mesa de diálogo en materia de seguridad con líderes empresariales de la ciudad.
Los diputados mencionaron la concesión de la autopista Silao-Guanajuato, la dilación en la ampliación de la carretera Dolores Hidalgo-San Miguel de Allende debido a deudas pendientes, contratos con SEGURITECH, el FIDESSEG y la creación de Gto Leasing Services como puntos críticos que requieren investigación.
