Diputados de Morena pedirán Alerta de Género por permanencia de la penalización del aborto en Guanajuato

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Guanajuato realizó una rueda de prensa para expresar su rechazo a la decisión del Congreso local de no despenalizar el aborto. El evento fue liderado por David Martínez Mendizábal, coordinador del grupo, y contó con la presencia de varias diputadas y diputados.

Martínez Mendizábal denunció un ambiente de presión generado por intereses religiosos y políticos. Calificó la situación como un "golpe parlamentario", caracterizado por amenazas y campañas de desinformación que impiden el debate sobre el tema. Aseguró que lo sucedido no es una derrota, sino un paso más en la lucha por el derecho de las mujeres a decidir.

Como parte de su estrategia, Morena planea interponer un recurso por agravio comparado, un amparo indirecto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y solicitar una Alerta de Violencia de Género. Este amparo se basa en la omisión legislativa del Congreso, que mantuvo en vigor normas consideradas inconstitucionales que vulneran el derecho al aborto.

El grupo parlamentario argumentó que el artículo 1º de la Constitución obliga a todas las autoridades a garantizar los derechos humanos. A pesar de la cláusula que protege la vida desde la concepción en la Constitución local, la Suprema Corte ha establecido que esta no puede usarse para restringir derechos fundamentales.

Además, Morena buscará una Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, dado que el Código Penal de Guanajuato penaliza totalmente la interrupción del embarazo, lo que coloca a las mujeres en desventaja legal respecto a otros estados donde el aborto ha sido despenalizado. Esta solicitud se enviará a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado.

Las diputadas expresaron su compromiso con la causa, reafirmando que se trata de un derecho, no de imponer conductas. Lamentaron la falta de avances en la despenalización, a pesar de la existencia de mujeres en posiciones de poder, y advirtieron sobre la violencia institucional que perpetúa la negativa a este derecho.

David Martínez Mendizábal concluyó enfatizando que el Congreso de Guanajuato debe asumir su responsabilidad y que el derecho a decidir no es una concesión, sino una obligación jurídica.