Además de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General la República (FGR) contra una red de huachicol dentro de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), también hay cuatro investigaciones internas abiertas por delitos como cohecho, peculado y administración fraudulenta, las cuales iniciaron en 2024 y se mantienen vigentes.
Las indagatorias ya derivaron en sanciones a dos marinos de alto rango que eran el director del Ejercicio Presupuestario de la Dirección General Adjunta de Administración (Digadmon), y el subdirector de Sistemas Presupuestarios de la Digadmon, cuyos nombres permanecen reservados por la supuesta secrecía de la investigación.
La Secretaría de Marina informó, através de una respuesta a una solicitud de información hecha por EL UNIVERSAL, que además de la investigación y sanción interna, en los cuatro casos “se presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República. Siendo esta la autoridad quien está atendiendo”.
Las investigaciones por cohecho, peculado y administración fraudulenta en la Secretaría de Marina se suman a las de huachicol fiscal, que ya derivaron en la vinculación a proceso y prisión preventiva justificada contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de la dependencia, José Rafael Ojeda Durán, así como de nueve personas por el probable delito de delincuencia organizada con fines de realizar delitos con hidrocarburos.
Las indagatorias incluyen actos de corrupción en al menos ocho de los puertos del país a cargo de la Semar, donde las redes de huachicoleros mantenían el control para permitir el contrabando de combustible.
Los puertos que se mencionan en los expedientes son Altamira, Tamaulipas; Veracruz, Veracruz; Ensenada, Baja California; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Guaymas, Sonora; La Paz, Baja California Sur; Cancún, Quintana Roo, y Mazatlán, Sinaloa.
El pasado 16 de septiembre, en el marco del desfile militar por el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, reconoció públicamente el involucramiento de altos mandos navales en una red de huachicol fiscal que operó desde 2018 hasta marzo de este año.
Afirmó que fue la propia dependencia la que decidió enfrentar el problema, señalando en aquella oportunidad que “hubiera sido imperdonable callarlo”.
“Dimos el golpe de timón y pusimos ante la ley actos reprobables, se trate de quien se trate”, afirmó el secretario de Marina e insistió en que se ha respondido en este caso de cara al pueblo y se trabaja para “erradicar males como la corrupción”.
“Así, el mal tuvo un fin determinante, en la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón”, recalcó el secretario.
De acuerdo con la investigación de la FGR, los funcionarios de la Semar acusados de cohecho, peculado y administración fraudulenta están adscritos a la Digadmon, dirección responsable de la gestión y control del presupuesto asignado a la Secretaría de Marina Armada de México.
Entre sus facultades, destaca la obtención, distribución y control de bienes, servicios y recursos materiales para todas las dependencias de la Armada; el control presupuestal de la dependencia; el mantenimiento y la administración de la infraestructura terrestre, naval y portuaria de la secretaría; el mantenimiento de vehículos militares, maquinaria, equipo y sistemas diversos, así como otras tareas administrativas.
La información obtenida por EL UNIVERSAL vía transparencia también revela que en el último año la Semar ha llevado a cabo 27 evaluaciones internas para identificar áreas susceptibles de “prácticas indebidas”, a través de las cuales se emitieron recomendaciones y planes de acción específicos para cada unidad revisada; sin embargo, los datos permanecen reservados por un periodo de cinco años, bajo el argumento de que “su publicación le daría herramientas a la delincuencia organizada para acceder a información sensible y detallada de la Armada [de México].
“La difusión de la información de las versiones íntegras de las evaluaciones internas que incluyen el riesgo, controles, descripción de la acción de control, justificación de la acción de control y resultados reportados representan un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, dado que se compromete la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”, indicó.
Dichas evaluaciones fueron aplicadas a las unidades de Protección Civil, Estado Mayor General de la Armada, Unidad Jurídica, Dirección General de Obras y Dragado, y la Dirección General de Recursos Humanos.
En los documentos testados se observa que aunque en varios de los casos se reportaron “riesgos de integridad y riesgos de corrupción”, así como acciones de control con algunos resultados positivos, “pero que no han logrado mitigar completamente el riesgo, existiendo áreas de mejora claras”, se indica.
Se insiste que los resultados de las evaluaciones contienen acciones y estrategias específicas relacionadas con áreas operativas y de inteligencia de la institución, “cuya difusión representa un riesgo para la seguridad y defensa nacional.
“La exposición de esta información permitiría que grupos de delincuencia organizada conozcan detalles sobre las operaciones institucionales, incluyendo nombres, cargos y adscripción del personal responsable de ejecutar o supervisar las estrategias de control. Esta situación podría facilitar la identificación del personal militar involucrado en dichas operaciones, poniendo en riesgo su vida, integridad física y la de sus familias”, argumenta.
Por lo anterior, la información permanece clasificada por un periodo de cinco años.
