Ethos Político. El campo alimenta y el Estado lo olvida

El campo alimenta y el Estado lo olvida

Durante los últimos siete años, el papel del Estado mexicano en la atención al campo ha sido alarmantemente insuficiente. Los agricultores —esas mujeres y hombres que cultivan los alimentos que nos llegan cada día a la mesa— han sido relegados en su importancia estratégica, cuando precisamente son quienes sostienen la soberanía alimentaria de la nación.

Primero, el financiamiento público a la actividad primaria —esencial para el país— se ha reducido. Los presupuestos federales para programas de fomento al campo y apoyos a pequeños y medianos productores se han contraído, lo cual impacta de lleno a esquemas vitales de crédito, tecnificación y comercialización. Este recorte ha dejado a muchos productores sin recursos para afrontar ciclos productivos, innovar o resistir oscilaciones de precios internacionales.

De acuerdo con los datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) y del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), entre 2019 y 2025 el gasto ejercido a través del Ramo 08 “Agricultura y Desarrollo Rural”, que concentra la mayoría de los programas de apoyo directo a productores, ha representado apenas 0.84 % del gasto neto total anual y desde 2019 cada año fue a la baja.

Segundo, los productores de granos básicos —como el maíz blanco— se encuentran atrapados entre costos crecientes y precios de mercado que no cubren su trabajo. Además, están expuestos a la especulación en los mercados internacionales, como vía de ajuste vía la Chicago Board of Trade (Bolsa de Chicago) que funciona como referente global para granos. El resultado: los productores exigen 7 200 pesos por tonelada, mientras la Federación ofrece apenas 6 050 pesos para el maíz blanco, lo que revela un Estado que no está a la altura de la urgencia.

Aunado a ello, la oferta de la Federación, anunciada como su ya fuera solución, por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural federal, Julio Berdegué, ha debido complementarse con recursos estatales de la región del Bajío, lo que incluye a Guanajuato, subrayando que no sobra dinero en las arcas federales para atender al campo como se requiere.

Tercero, en un entorno agrario cargado de vulnerabilidad, el abandono estatal se agrava con la presión del crimen organizado: extorsiones, imposición de precios, amenazas y homicidios de agricultores limoneros y aguacateros que no se sometieron. En ese contexto, la movilización de campesinos, bloqueos de carreteras y exigencia de mejores condiciones —aunque legítima— es tratada como asunto secundario en la comunicación oficial, revelando una desconexión grave entre el aparato público y las necesidades del campo.

La presidenta Claudia Sheinbaum parece no estar siendo orientada adecuadamente sobre la magnitud del problema. Mientras tanto, en Guanajuato, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, sí han mostrado atención: han acompañado a los productores, monitoreado los bloqueos para evitar mayores conflictos y aportado recursos estatales al paquete de apoyo federal. Esa acción confirma que sí es posible atender el problema; la pregunta es por qué en el ámbito federal no hay prioridad real para el agro.

Si el Estado quiere cumplir su función: debe lanzar un programa de precio de garantía que cubra los costos reales de producción, generar líneas de financiamiento específicas para pequeños productores, garantizar seguridad en el campo y redistribuir recursos públicos de forma que la actividad agrícola recupere el lugar estratégico que siempre debió tener.

¿Quién mece la cuna de las protestas en Acámbaro?

En el sur de Guanajuato, los productores conocen bien el sentido del abandono del Estado a sus actividades, tal vez de ahí la desconfianza; pero, ahora que tienen ante sí un proyecto que les permitirá modernizar su producción con un mejor uso del agua, un bien de la Nación, ahora surgen grupos de interés que desea tirar todo por la borda y frenar el acueducto Presa Solís-León que dotará de agua a millones de guanajuatenses para las próximas décadas, una solución aprobada desde Palacio Nacional a la sed de quienes habitan el corredor industrial. El interés de pocos no puede estar por encima del interés de millones y mucho menos cuando no se les afectará realmente.

Ante esta inusitada movilización donde concurren actores políticos de diversos partidos políticos para frenar una obra que deberá estar lista hacia 2030, con una inversión de más de 15 mil millones de pesos, yendo contra la lógica política, pues se oponen, los panistas a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, y morenistas a la presidenta Claudia Sheinbaum, ambas artífices de la solución para el abasto del agua en Guanajuato, cabe entonces preguntarse; ¿quién está dando el impulso real a las protestas en el municipio de Acámbaro contra la obra del Acueducto Presa de Solís‑León?

El proyecto debe beneficiar a millones de guanajuatenses, tecnificar campos y asegurar agua para riego; pero ahora hay una movilización social basada en gran parte en desinformación, en la que una minoría se levanta contra una obra de impacto masivo. Si se atienden historias personales, tal vez podrían encontrarse hilos que muestren por donde caminan las cosas, desde acaparadores de agua (presitas particulares), terratenientes que detentan zonas de cultivo más allá de lo que deberían tener; intereses del crimen organizado, de peso en la actividad política de la región (los homicidios de personaes políticos en la zona llama la atención; y más elementos, permiten asumir que esto camina por senderos nada ortodoxos. Eso explicaría cómo es que la alcaldesa, primero perredista y luego alineada al PAN, Claudia Silva, se ha volteado totalmente contra la gobernadora García Muñoz Ledo, sin importarle hasta ese desvío de recursos que puede significar que su gobierno esté financiando tras mano la movilización y esté aliada hasta con morenistas. como José Luis Sánchez Mora, quien junto con otras personas ha recabado firmas en la plaza cívica Miguel Hidalgo contra el acueducto con la venia de Presidencia Municipal.

Los hechos advierten una alineación política que va más allá del reclamo legítimo de los campesinos: un militante de su propio partido —Morena— operando en contra del proyecto oficial. ¿Por qué, en un partido que respalda a la presidenta Sheinbaum y al plan hidráulico nacional, un morenista se opone activamente a una obra clave del Estado?

Queda claro que, la alcaldesa de Acámbaro, Claudia Silva Campos, tras reunirse con el secretario de Gobierno para tener en mano los detalles del proyecto y hasta externar apoyo al proyecto, al cambiar bandera y afirmar que nadie le ha dado información del Acueducto, cruzó el Rubicón, abandonando su carrera política (venida a menos, cierto) para alinearse a intereses locales donde percibe una oportunidad. Abre la presidenta municipal un flanco de confrontación que puede desembocar hasta en ingobernabilidad en su administración.

Se abre, por tanto, la sospecha —que exige escrutinio— de que detrás de la movilización se mueven intereses oscurosm desde los ya señalados, hasta los burdos intentos de canonjías económicas entre actores que desde sus orígenes en el perredismo, siempre sacaron tajada "negociando"... hasta carros chocolate de libre circulación y engomados. 

La movilización de muchos productores no necesariamente es ilegítima. Sus demandas pueden tener fundamento real. Pero cuando esa protesta se construye sin información transparente, sin consultas previas robustas, y es respaldada por actores políticos que parecen más orientados por réditos que por el bienestar colectivo, entonces la “cuna de la protesta” la mecen otros.

El Estado debe asegurar que la obra se ejecute con claridad, sin dejar en desventaja a los agricultores. Se acepta.  Pero, si el acueducto se frustra, no sólo pierden los productores de la región, una minoría, pierden también millones de guanajuatenses que requieren agua, alimentos y desarrollo digno.