Ethos Político. El primer gran desafío de la nueva Procuradora: frenar los abusos policiacos en León

La llegada de Karla Gabriela Alcaraz Olvera como nueva Procuradora de los Derechos Humanos de Guanajuato marca el inicio de una etapa crucial para la defensa de las garantías individuales en el estado. Sin embargo, su primera gran prueba no ha tardado en aparecer: la investigación sobre la participación de elementos de la Policía Municipal de León en un incidente ocurrido en la colonia Los Ángeles, donde una mujer de 60 años, perdió la vida por un disparo presuntamente hecho por agentes policiacos.

Este caso, que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado, pone sobre la mesa un problema persistente dentro de la corporación de seguridad leonesa: el abuso en el uso de la fuerza pública. A pesar de los esfuerzos de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez por profesionalizar a los cuerpos policiales, las denuncias por agresiones y violaciones a los derechos humanos continúan acumulándose en las colonias populares de la ciudad.

Es cierto que los niveles de violencia y delincuencia en varias partes de la ciudad obligan a las fuerzas del orden a actuar en respuesta, sin embargo, eso no les permite a hacerlo por encima de lo que la ley les permite y menos vulnerando los derechos humanos de los ciudadanos, sobre todo de terceros. 

El problema, en realidad, radica en una filosofía de represión, más que de prevención, que sigue imperando dentro de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León. Una filosofía impuesta desde hace casi treinta años, cuando se asentaron en la corporación prácticas más allá de lo que marcaban las normas. El fantama del famoso "Robocop", Gerardo Hernández Aranda y sus "Comandos" a los que dio manga ancha Carlos Medina Plascencia, cuando fue alcalde de la ciudad,  aún flotan en la corporación.

El deficiente adiestramiento de los elementos policiales y la falta de un enfoque basado en la protección de la ciudadanía han generado un ambiente donde el exceso de fuerza sigue siendo una práctica recurrente. Las constantes quejas de abuso reflejan un patrón que, lejos de ser casos aislados, parece estar arraigado en la cultura institucional. Curiosamente es en las colonias populares donde la praxis se incrementa. Concebir, preparar y ejecutar no parece ser la lógica seguida a cabalidad en la corporación.

En este contexto, la actuación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato resulta clave para revertir esta tendencia. La apertura de una queja de oficio por el caso de la colonia Los Ángeles es un primer paso, pero la verdadera prueba radicará en la capacidad de la procuradora Alcaraz Olvera para garantizar justicia y frenar la impunidad en casos de abuso policiaco. La exigencia de respuestas claras por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la transparencia en las investigaciones serán fundamentales para demostrar que los derechos humanos en Guanajuato no son negociables.

La ciudadanía espera cambios, y la nueva procuradora tiene en sus manos la oportunidad de marcar una diferencia significativa en la relación entre las fuerzas del orden y la población. Frenar los abusos no solo es una cuestión de justicia, sino también de recuperar la confianza perdida en quienes, en teoría, deben velar por la seguridad de todos. Para llevar a buen puerto su investigación, Karla Alcaraz debe lograr la mayor cooperación de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez y esta, a su vez, poner más luz sobre lo que pasa en la policía. Su promesa cuando tomó el poder en la Presidencia Municipal hace casi 4 años, fue hacer de la policía leonesa un modelo de derechos humanos y ese es un tema pendiente.

Claro que el problema no se circunscribe nada más en León, sin embargo, es una caja de resonancia que alcanza el orden nacional, donde la nota del incidente se reprodujo. De ahí también lo que implicará el resultado del trabajo de la titular de PRODHEG.

Karla Gabriela Alcaraz, quien tendrá en estos días estar trabajando de la mano de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, que por cierto tendrá mesa de trabajo para atender legislación en materia de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, deberá mostrar de qué está hecha. Su informe de labores presentado hace día, atiende lo hecho en el último año, mucho de lo cual no le correspondió ejecutar, sin embargo, sus primeros actos definirán con qué carácter llega y qué se puede esperar de ella, lejos de la sombra de Vicente Esqueda, el anterior titular de PRODHEG.