Se multará a las televisiones y radios que transmitan propaganda de gobiernos o entes extranjeros con hasta el 5% de sus ingresos

En el futuro inmediato, si Televisa o cualquier otro concesionario de radio y televisión transmite la polémica campaña antiinmigrante de Donald Trump, lo pagará muy caro. Literalmente. El Ejecutivo de Claudia Sheinbaum impulsa una reforma a la ley en la que se establecen multas de entre el 2% y el 5% de los ingresos totales del concesionario que emita propaganda de gobiernos extranjeros. Tomando en cuenta a los principales concesionarios de radiodifusión mexicanos, Televisa y TV Azteca, que están en manos de dos de los hombres más ricos del país, las multas alcanzarían cifras estratosféricas. Fuentes del Gobierno federal han señalado a EL PAÍS que los empresarios de la radio y la TV han condenado la propuesta porque no se les tomó en cuenta y consideran muy elevadas las penalizaciones. La iniciativa de ley será aprobada la próxima semana en el Senado y enviada inmediatamente para su ratificación a la Cámara de Diputados.

La propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que las sanciones estarán a cargo de la Secretaría de Gobernación, a la que se le restituyen atribuciones en la vigilancia de los concesionarios. “Se sancionará con multa por el equivalente de 2% hasta el 5% de los ingresos del concesionario, autorizado, programador, o plataforma digital por […] incumplir la prohibición de publicidad establecida en el artículo 210 de la ley”, indica la iniciativa. Dicho artículo establece: “Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística o cultural. Tampoco se permitirá que gobiernos extranjeros utilicen los medios de comunicación nacionales para influir en los asuntos internos del país”.

Ese mismo artículo extiende la misma prohibición —y la posibilidad de las mismas multas— a las plataformas digitales, desde las de redes sociales como X hasta las de servicios de streaming como YouTube. “Las plataformas digitales, cuyos contenidos estén disponibles en el territorio nacional, no podrán comercializar espacios publicitarios para la difusión de publicidad, propaganda o cualquier información de gobiernos extranjeros distinta de aquella que tenga fines culturales o turísticos”, indica la iniciativa.

La agresiva campaña contra los migrantes patrocinada por Washington ha acaparado esta semana los titulares, y ha tocado fibras nacionalistas entre las autoridades mexicanas. El primer spot de la campaña muestra a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, lanzando una advertencia a las personas que ingresen a su país ilegalmente de que serán “cazadas” y deportadas. Hasta ahora, el anuncio, en inglés y con subtítulos, se ha transmitido a través de los canales y programas de mayor audiencia de Televisa, aunque el Gobierno ya ha identificado también la difusión del spot en radios locales de los Estados (en ese caso se emite con doblaje en español).

De acuerdo con información pública, Televisa, propiedad de Emilio Azcárraga Jean, obtuvo en 2024 ingresos por 62.261 millones de pesos (3.171 millones de dólares). Por su parte, TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, tuvo ingresos de 15.100 millones de pesos (769 millones de dólares) en 2022, el último año consultable (la televisora dejó de cotizar en la Bolsa). Si la ley aplicase de inmediato a la cadena de Azcárraga Jean, la multa a la que se haría acreedora oscilaría entre 1.245 y 3.113 millones de pesos.

El proyecto señala que la administración del espectro radioeléctrico estará en manos de la poderosa Agencia de Transformación Digital (ATD), encabezada por Pepe Merino, uno de los colaboradores más cercanos de la presidenta Sheinbaum. La ley indica que la gestión del espectro es una prioridad pública, ya que “su adecuada administración garantizará la disponibilidad de este recurso para atender la creciente demanda de comunicación inalámbrica”. Afirma que es necesario garantizar el acceso equitativo al espectro, la innovación tecnológica y la optimización de uso de manera eficiente y sostenible. “Con una planificación estratégica, se puede cerrar la brecha digital, mejorar la competitividad del país y garantizar que más personas se beneficien de las oportunidades que ofrece la digitalización”, asienta.

La iniciativa establece que la administración del espectro radioeléctrico estará en manos de la poderosa Agencia de Transformación Digital (ATD), encabezada por Pepe Merino, uno de los colaboradores más cercanos de la presidenta Sheinbaum. La ley indica que la gestión del espectro es una prioridad pública, ya que “su adecuada administración garantizará la disponibilidad de este recurso para atender la creciente demanda de comunicación inalámbrica”. Afirma que es necesario garantizar el acceso equitativo al espectro, la innovación tecnológica y la optimización de uso de manera eficiente y sostenible. “Con una planificación estratégica, se puede cerrar la brecha digital, mejorar la competitividad del país y garantizar que más personas se beneficien de las oportunidades que ofrece la digitalización”, asienta.

En los hechos, la ATD tomará el rol que tuvo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), desaparecido por la Administración de Sheinbaum junto a un cúmulo de instituciones gubernamentales autónomas. La Agencia tendrá a su cargo la elaboración y aprobación de planes y programas de uso del espectro; el establecimiento de condiciones para la atribución de bandas de frecuencia; el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y constancias de registro; la supervisión de las emisiones radioeléctricas y la aplicación del régimen de sanciones. En resumen, el Ejecutivo volverá a tener el control absoluto sobre las concesiones del espectro.

La iniciativa indica que, si bien el Gobierno supervisará que los contenidos respeten los derechos humanos y de las audiencias, los concesionarios tendrán “plena libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial”, y se asegura que no habrá “censura previa sobre sus contenidos”. La ley señala que las audiencias y los usuarios “son el componente más importante en el ecosistema de las telecomunicaciones, son por ellos y para ellos los servicios que ofrecen los concesionarios”, por lo que se diseña un andamiaje robusto para garantizar sus derechos a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).