Cuatro candidatos vinculados con la iglesia Luz del Mundo sí estarán en las boletas de la elección judicial. El bloque mayoritario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que no puede modificar el veredicto “soberano” de los comités de evaluación, además de que las demandas fueron interpuestas cuando la selección de candidaturas se había consumado.
Política05 de abril de 2025 Redacción
Cuatro candidatos vinculados con la iglesia Luz del Mundo sí estarán en las boletas de la elección judicial.
El bloque mayoritario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que no puede modificar el veredicto “soberano” de los comités de evaluación, además de que las demandas fueron interpuestas cuando la selección de candidaturas se había consumado.
“A la fecha, esta Sala Superior no podría revisar la validez de las etapas de valoración de elegibilidad de los aspirantes, ya que el Poder Ejecutivo y Legislativo aprobaron las candidaturas que postularán para los diferentes cargos del Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de una atribución soberana y discrecional prevista en el artículo 96, fracción II, inciso C de la Constitución general”.
Lo anterior se establece en la sentencia emitida a partir del proyecto presentado por el magistrado Felipe Fuentes, mismo que contó con los votos de Mónica Soto y Felipe de la Mata. En contra se pronunció Reyes Rodríguez, mientras que Janine Otálora no estuvo en la sesión, realizada en modalidad privada.
El mes pasado, Sochil Arell Martín, junto con otras personas, denunció a Job Daniel Wong Ibarra y Cinthia Teniente Mendoza, candidatos a magistrados de circuito; Madián Sinahí Menchaca Sierra y Betzabeth Almazán Morales, candidatas a juezas de distrito, al señalar que no cumplen con los requisitos de elegibilidad.
El argumento central es que las personas no gozan de buena reputación al vincularse con líderes religiosos de la Luz del Mundo”; de manera particular, se aseguró que Wong Ibarra es ministro de culto, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución.
En tanto, se afirmó que Teniente Mendoza es presidenta municipal de Villagrán, Guanajuato, situación no admitida en la Carta Magna.
En principio, en la sentencia se hace un recuento del desarrollo de esta elección judicial, en particular del procedimiento para elegir a los candidatos y de todas las etapas y filtros incluidos.
De manera particular se impugnó la candidatura de Wong, tanto en el INE como en el TEPJF; sin embargo, esta máxima instancia de decisión señaló que más allá de que la demanda fue interpuesta fuera de tiempo, ésta se desechó “ante la inviabilidad de los efectos jurídicos pretendidos”.
Es decir, “los listados controvertidos se generaron a partir de información derivada de etapas ya concluidas de las que no es posible retrotraer sus efectos”.
Según este veredicto, es imposible retirar a las personas aludidas de las listas porque los Comités de Evaluación ya concluyeron sus funciones y, además, los Poderes de la Unión ya aprobaron las listas y el Senado las envió al INE desde el 12 febrero.
O sea, “el procedimiento se encuentra cerrado”, a partir del diseño constitucional para esta elección, cuyo procedimiento de selección de candidatos fue un acto “de estricta competencia” de los tres Poderes de la Unión.
Así, “las decisiones adoptadas en este marco ya no son revisables”, lo cual “garantiza certeza y estabilidad en el proceso, evitando bloqueos o litigios que puedan retrasar la renovación de los órganos jurisdiccionales y asegurar que el mecanismo de designación cumpla con su propósito de equilibrio y cooperación institucional”.
En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
El Grupo Parlamentario de Morena se pronunció en defensa de los derechos de la ciudadanía durante la sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación, oponiéndose a los aumentos que considera desproporcionados en impuestos y derechos estatales que lastiman el ingreso familiar. Los morenistas aseguraron que se consumó una decisión que da la espalda a la realidad económica de miles de guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
Este viernes, en sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron los dictámenes de las iniciativas de decreto suscritas por la gobernadora del estado a efecto de que se le autorice al Poder Ejecutivo la contratación de financiamientos. El primero por 4 mil millones de pesos para financiar el proyecto denominado Acueducto Solís-León; el segundo, por la misma cantidad para financiar proyectos estatales de inversión pública productiva. El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.
Cada año, decenas de perritos son abandonados por peregrinos en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Los abandonan a propósito o los pierden, luego de hacerlos acompañar en sus peregrinaciones. El rostro oculto de algunos guadalupanos.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
El Grupo Parlamentario de Morena se pronunció en defensa de los derechos de la ciudadanía durante la sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación, oponiéndose a los aumentos que considera desproporcionados en impuestos y derechos estatales que lastiman el ingreso familiar. Los morenistas aseguraron que se consumó una decisión que da la espalda a la realidad económica de miles de guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
A la fecha, se han alcanzado ya las 1 mil 166 intervenciones integrales y 4 mil 050 apoyos en gestiones.