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Los días avanzan y la fecha se acerca: en breve acudiremos a las urnas para elegir —o lo que de ello quede— a quienes tomarán en sus manos la impartición de la justicia de los mexicanos. Y mientras el calendario progresa, la organización de esta elección de juzgadores revela más grietas de las que algunos quisieran admitir.
Opinión07 de marzo de 2025 Miguel Allende FoulquesLos días avanzan y la fecha se acerca: en breve acudiremos a las urnas para elegir —o lo que de ello quede— a quienes tomarán en sus manos la impartición de la justicia de los mexicanos. Y mientras el calendario progresa, la organización de esta elección de juzgadores revela más grietas de las que algunos quisieran admitir. El pasado 26 de febrero, el Tribunal Electoral se sumergió en un debate que importaba y que, sin embargo, pasó de puntillas ante una ciudadanía distraída, y más aún en Guanajuato, donde los consejeros electorales, salvo contadas excepciones, apenas si pareció inmutarse.
El tema no era menor. La Sala Superior del Tribunal recibió diversas impugnaciones contra el acuerdo del INE que define el "modelo de casilla seccional". Un esquema que, en esencia, permite que los votos del 1 de junio no se cuenten en las casillas al cierre de la jornada, sino en las sedes distritales de la autoridad electoral. Las objeciones no tardaron en llegar: resulta difícil justificar que el escrutinio y cómputo no se haga ahí mismo, por los ciudadanos que fungen como funcionarios de casilla, como ha sido la tradición democrática en México desde la aparición del otrora Instituto Federal Electoral en la última década del pasado siglo. Y más difícil aún digerir la pintoresca idea de instalar una única urna para todas las boletas de todos los cargos en aras de agilizar el proceso.
La normativa electoral es clara. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece con precisión quién debe contar los votos y cómo. Pero algunos de los magistrados electorales defensores del nuevo modelo (Felipe Fuentes, Mónica Soto y Felipe De la Mata), esgrimieron razones pragmáticas, vacilando entre la legalidad y la conveniencia: según su relato, permitir que los ciudadanos realicen el conteo afectaría la rapidez del proceso que en los consejos distritales está previsto pueda dilatarse hasta por 12 días. En la misma mesa, los magistrados en desacuerdo (Jazmín Otalora y Reyes Rodríguez), apelaron al derecho y consideran un retroceso en la calidad de la democracia con este nuevo modelo de casilla, recordando que, hasta ahora, una de las piedras angulares de la certeza electoral ha sido que los votos los cuentan los propios ciudadanos.
Pero más allá del alegato técnico y jurídico, lo que está en juego es la confianza. La misma confianza que, paso a paso, los tres poderes han ido erosionando en este proceso que en teoría debería ser ciudadano y que en la práctica se ha convertido en un diálogo de sordos entre las élites políticas. Ya no hablamos de riesgos, hablamos de hechos.
La historia aún no ha escrito su último párrafo en este asunto. Y algunos magistrados del Tribunal Electoral parecen no darse cuenta (¿O si?), de que están sentando precedentes para la futura elección del 50% de juzgadores en 2027, que coincidirá con la renovación del Poder Legislativo. Desde una perspectiva procedimental y política, en esta elección judicial debería prevalecer lo que hemos ganado con un modelo constitucional que ha puesto su confianza en la ciudadanía, y que ha sido legitimado elección tras elección por los ciudadanos que fungen como funcionarios de casilla. Son ellos, y no otros, quienes conforman la base que ha sostenido los procesos democráticos confiables.
Por cierto, a unas semanas de la elección judicial la información para que los ciudadanos ejerzan su derecho a votar sigue siendo un espejismo. En este escenario, la consejera nacional del INE Dania Ravel aparece en un video de casi tres minutos, explicando con tono académico cómo son las boletas y la manera correcta de llenarlas, para irse familiarizando y que sea sencillo, propone. Un esfuerzo loable, sin duda, aunque dirigido a un público que difícilmente representa al grueso de los votantes. Confiemos en que las áreas responsables del INE tengan un plan complementario y eficiente para hacer llegar esta información a quienes realmente la requieren y están dispuestos a validar la elección resolviendo el galimatías, aún hay tiempo. De lo contrario, la jornada del 1 de junio podría derivar en un caos de votos nulos y una abstención que ni Obama.
Mientras tanto en Guanajuato… el delegado del INE sigue con su festival de declaraciones optimistas. No ve, no oye, o peor aún, no le importa la inseguridad que asfixia la entidad, ni la del personal que debiera coordinar. ¿Sabrá siquiera dónde quedan Acámbaro, Jerécuaro, los Apaseos? ¿Habrá recorrido la zona sur del estado? Mientras su “ejército” de capacitadores recorre las calles, él, desde la comodidad de su escritorio, solo parece interesado en engrosar estadísticas, en maquillar cifras que lo mantengan en el radar de Tadei y su corte. Y así, entre números y disimulos, nos encaminamos a una elección que promete más dudas que certezas.
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