Avalan reformas en favor de las personas con discapacidad; deberán contratar al 3 por ciento

Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado en las que se contemplan diversas acciones para promover el pleno desarrollo de las personas con discapacidad.

Con estas modificaciones se establece como atribución de las autoridades estatales y municipales la generación de condiciones que favorezcan la contratación de personas con discapacidad.

Se precisa que el Poder Ejecutivo estatal y los ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, generarán de manera progresiva condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades laborales para las personas con discapacidad y, para tal efecto, promoverán el derecho al trabajo digno, atendiendo a sus respectivas competencias laborales, garantizando por lo menos un tres por ciento de contratación en su plantilla laboral de forma progresiva.

De igual manera, se indica que son derechos de las personas con discapacidad el respeto de la integridad física, mental y de su dignidad inherente; el ser incluidos y participar plenamente en su familia y en la comunidad; a que se les garantice la máxima independencia posible; y a que se les consulte en los asuntos que les afecten.

También se agregan atribuciones al Ejecutivo del Estado y los municipios como el impulsar en los sectores público y social una cultura de inclusión que garantice la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad; garantizar la asistencia de intérpretes para las personas con discapacidad cuando deban acudir ante las autoridades administrativas, judiciales o de procuración de justicia del Estado; y a promover la capacitación y el aprendizaje que contribuyan al desarrollo integral de las personas con discapacidad.

Se fija que la Secretaría de Derechos Humanos tendrá como atribución integrar un padrón de las organizaciones e instituciones estatales dedicadas a la habilitación o rehabilitación de personas con discapacidad; mientras que la Secretaría de Educación deberá promover la utilización de la lengua de señas mexicana, el sistema de escritura braille, y otros modos, medios y formatos de comunicación.

En materia de deporte, recreación y cultura se precisa que se deben establecer estrategias para propiciar condiciones de inclusión para lograr la equidad en la promoción, disfrute y realización de servicios deportivos, artísticos y culturales; y fomentar la elaboración de materiales de lectura o didácticos; incluyendo el sistema de escritura braille u otros formatos accesibles.

En los artículos transitorios se establece que el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos presentarán un informe anual al Congreso del Estado en el mes de diciembre de cada año, acerca de la incorporación progresiva de personas con discapacidad en las nuevas designaciones, nombramientos o contrataciones que llevan a cabo.

Como autora del dictamen hizo uso de la voz la diputada Plásida Calzada Velázquez, quien indicó que en él señala la realización de un proceso legislativo teniendo en el centro la opinión de las personas con discapacidad, tras su participación a la convocatoria de consulta en la que manifestaron sus opiniones, observaciones y puntos de vista.

Agregó que las modificaciones contemplan el derecho fundamental a ser consultadas la población de personas con discapacidad, así como que se tenga el acceso pleno al empleo en igualdad de condiciones al establecer un porcentaje mínimo de contratación de este sector de la ciudadanía.

Finalmente, la congresista mencionó que el dictamen fue construido bajo el consenso de diferentes actores por lo que se antepone la justicia, el desarrollo y la prosperidad del estado, junto a que si se reconocen más derechos a las personas con discapacidad vamos a estar impactando de manera favorable y que dicha inclusión debe ir de acuerdo con sus capacidades y habilidades.

Para hablar a favor del dictamen hicieron uso de la tribuna la diputada Maribel Aguilar González y los diputados Carlos Abraham Ramos Sotomayor, Jesús Hernández Hernández y Sergio Alejandro Contreras Guerrero.

Aguilar González comentó que era urgente la inclusión laboral en el sector público y social de las personas con discapacidad, y eso conllevaba a una sociedad más justa y equitativa. Apuntó que ese sector en estado de vulnerabilidad enfrenta barreras sociales que los limitan y restringen su potencial.

La legisladora indicó que el abrir las puertas a los centros de trabajo les genera una poderosa herramienta para su desarrollo personal, generándoles una fuente de ingresos. Además, mencionó que integrarlas al mundo laboral les da oportunidad de ser personas autónomas, fortalecer su autoestima y ser activos en sociedad.

En su intervención, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor precisó que los cambios puestos a discusión buscan garantizar la inclusión efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad, al integrar cuatro iniciativas enfocadas a transformar distintos aspectos de la vida de las personas con discapacidad como lo es otorgar una certeza para que sean incluidas en puestos de trabajo en la administración pública estatal y municipal.

También, puntualizó que las reformas se centran en establecer una base mínima del 3% de bases laborales en el sector público, un cambio progresivo que ayudará a ir identificando áreas de oportunidad para utilizar herramientas que optimicen la implementación efectiva de políticas públicas a oportunidades que realmente estén al alcance de quien lo necesita.

Para concluir, mencionó que por mucho tiempo diversas acciones gubernamentales se han hecho sin involucrar a las personas con discapacidad en la toma de decisiones, por lo que los cambios representan el escuchar las necesidades de quien las vive día con día y la eliminación de barreras normativas.

El congresista Jesús Hernández Hernández indicó que el derecho al trabajo digno de las personas con discapacidad es un pilar fundamental para una sociedad inclusiva y justa, además de que el dictamen puesto a discusión está construido por las personas con discapacidad en el estado, a través de un proceso de consulta amplio, participativo y regional.

Agregó que la participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones es fundamental para identificar las realidades en las que viven y así cumplir con el objetivo de garantizar y proteger los derechos de las personas con discapacidad.

Terminó su intervención al señalar que la verdadera inclusión laboral se trata de garantizar oportunidades reales y sostenibles, siendo necesario para su logro el adoptar un enfoque integral, tanto en el sector público, como en el privado con el fortalecimiento de la capacitación y el desarrollo profesional desde una perspectiva de discapacidad.

Finalmente, el diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero manifestó que se dirigía a más del 4% de la población en Guanajuato que tiene discapacidad. Argumentó que es una propuesta de cuatro iniciativas que vienen de la anterior Legislatura y celebraba que no se había concluido en un archivo, sino que hubo voluntad para que de los disensos se construyera un dictamen.

Mencionó que las reformas van desde establecer derechos que parecerían básicos como el contar con espacios recreativos y deportivos acordes a sus necesidades hasta otras necesidades. El congresista destacó la participación de quienes colaboraron y dieron insumos para generar soluciones en el estudio de la propuesta.

Concluyó al referir que se debía tener un porcentaje de contratación laboral en la norma tanto por ley como por la demanda de las personas que fueron consultadas, y aplaudió la generación de este dictamen que, dijo, era una deuda histórica para este sector en estado de vulnerabilidad.