En sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma al artículo 1 de la Constitución Política para Estado de Guanajuato, que tiene como objetivo establecer que el Estado garantizará apoyos económicos a las mujeres y a los grupos en situación de vulnerabilidad, en los términos que se establezca en la legislación.
Política05 de marzo de 2025 Redacción
En sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma al artículo 1 de la Constitución Política para Estado de Guanajuato, que tiene como objetivo establecer que el Estado garantizará apoyos económicos a las mujeres y a los grupos en situación de vulnerabilidad, en los términos que se establezca en la legislación.
La diputada María Eugenia García Oliveros comentó que, si bien estaba de acuerdo en lo general con la propuesta, consideró que era insuficiente porque no estableció la universalidad, dejándola en una ley secundaria, por lo que la modificación era oportuna, pero carece de consistencia, dijo.
En ese sentido, propuso una reserva para que se estableciera que el Estado garantizará apoyos económicos a las mujeres de 15 a 64 años, a los grupos en situación de vulnerabilidad, en los términos que establezca la legislación. El Estado determinará anualmente los recursos suficientes y oportunos conforme a los principios de progresividad. La reserva no fue aprobada.
Por su parte, el congresista Rodrigo González Zaragoza indicó que la redacción era ambigua y así lo había manifestado en la mesa de trabajo, pero la Constitución establece lineamientos generales y no se pueden fijar particularidades.
En su oportunidad, la legisladora Susana Bermúdez Cano se pronunció en contra de la reserva de su homóloga en cuanto a la universalidad y la progresividad. Indicó que debería de haber una diferenciación de a quiénes va destinado y que la Constitución señala generalidades por lo cual el texto debe quedarse como fue enviado por la gobernadora del Estado.
La diputada María Isabel Ortiz Mantilla argumentó que la Constitución local no va a tener la letra chiquita, para eso hay otros marcos legales e incluso reglas de operación; que lo que se tenía que ver es qué es lo que está buscando la reforma, que es apoyar a las mujeres y tener apoyos que promuevan la igualdad.
El dictamen fue avalado por mayoría.
De igual manera, se aprobó el dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección a la salud, que pretende garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, al sancionar toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos; así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas.
Mismo trámite tuvo el dictamen de los expedientes que contienen propuestas para ocupar una vacante en el Consejo Estatal Ciudadano en materia de búsqueda de personas del Estado de Guanajuato, en donde se señala que el ciudadano Rómulo Catalán Rosas reúne los requisitos para ocupar el citado cargo.
Como parte del orden del día se radicaron y aprobaron las metodologías de análisis de siete iniciativas de reforma. La primera, plantea reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato para incluir la evaluación de impacto de género.
Tres proponen modificaciones a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato para incluir la tutela del bienestar animal; fusionar la Secretaría de Seguridad y Paz y la Fiscalía General del Estado para crear la Secretaría de Justicia; y en materia de diversidad sexual y de identidad de género.
Otra, propone cambios tanto a la Constitución Política local como a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, con el objeto de clarificar el proceso de nombramiento de la persona titular de la Fiscalía del Estado de Guanajuato.
Las últimas dos plantean cambios a la Ley Orgánica del Poder Legislativo en materia de transparencia y rendición de cuentas durante los procesos de análisis del presupuesto anual y de la revisión del informe del estado que guarda la administración pública estatal; así como en materia de acceso a la Justicia, y ésta también contempla la creación de la Ley Orgánica de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Guanajuato.
Para su estudio se remitirán: la relativa a la evaluación del impacto de género y al informe de gobierno y presupuesto anual de egresos, al Instituto de Investigaciones Legislativas; la correspondiente a la protección y cuidado animal, a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente y al Instituto de Investigaciones Legislativas; la tocante a crear la Secretaría de Justicia y fortalecer la función del Ministerio Público, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad y Paz y la Fiscalía General.
La correspondiente al nombramiento de la persona titular de la Fiscalía, a la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General del Estado; la correspondiente a crear la Secretaría de Justicia, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad y Paz y a la Fiscalía General del Estado, además se pedirá a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas un estudio de carácter presupuestal; y la que habla sobre orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
Todas se enviarán a la Consejería Jurídica, a excepción de la relativa a la evaluación del impacto de género y del informe de gobierno y presupuesto anual de egresos; se habilitarán ligas en el portal de internet del Congreso del Estado, para consulta y participación ciudadana, y se llevarán a cabo mesas de trabajo.
Los entes consultados contarán con 20 días hábiles para remitir sus comentarios.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano, Rocío Cervantes Barba, María Isabel Ortiz Mantilla y María Eugenia García Oliveros; así como los diputados Juan Carlos Romero Hicks (presidente de la Comisión), Sergio Alejandro Contreras Guerrero y Rodrigo González Zaragoza.
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