CIA desarrolla planes contra cárteles de droga mexicanos, según el WP

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) en sesión ordinaria correspondiente al mes octubre, aprobó dar cumplimiento a la resolución INE/CG1897/2024, respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional, así como de su otrora candidato a la presidencia municipal de San Miguel de Allende, en el proceso electoral local 2023-2024 en el estado de Guanajuato, identificado con el número de expediente INE/Q- COF-UTF/1065/2024/GTO y su acumulado INE/Q-COF-UTF/2279/2024/GTO.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó desde Palacio Nacional que el Plan Hídrico para Guanajuato continúa, pese a la oposición del estado de Jalisco, señalando que no se deja sin agua a nadie, mientras que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo acudió a CONAGUA donde se revisaron avances del proyecto, donde la construcción del Acueducto será por parte de la Defensa. Afirmó la mandataria que se escuchará a quienes tiene tienen dudas o inconformidades en Acámbaro sobre el proyecto federal y se dará toda la información técnica junto con la CONAGUA.

En el proyecto, que fue aprobado por unanimidad, la ministra ponente, Yasmín Esquivel, planteó que debe privilegiar la seguridad social y las medidas de un sistema de ahorros que permita pensiones dignas, como lo establece la reforma aprobada en 2020, para proteger los recursos de los trabajadores.

La CURP biométrica, identificación oficial que entró en fase de implementación en México y almacenará huellas, iris y rostro de cada habitante, ha sido presentada por el gobierno como una herramienta para combatir la corrupción y buscar desaparecidos. Pero colectivos de derechos humanos, tecnólogos y defensores de migrantes alertan que, sin supervisión independiente ni controles robustos, esta base de datos podría convertirse en un sistema de vigilancia masiva o quedar expuesta a fallos de seguridad.

La asociación que agrupa al sector propone limitar las cantidades que se pueden enviar o recibir en efectivo y adoptar mejores prácticas para “cerrar la brecha” en la regulación de control de los dos países.